Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Se les hizo bolas el engrudo…

La serie de ilegalidades cometidas en el Congreso del Estado, en la pasada sesión del jueves 5 de mayo, donde se violó –otra vez–, la Constitución Política del Estado, ha llevado aparejada otras irregularidades, donde para tapar un hoyo destapan otro y todo porque no hay la humildad de aceptar que “se les fueron las cuatro”, y en lugar de corregir y reponer el procedimiento, siguen acumulando pifias.

Luego de que en la anterior entrega “Desde la Curul 26”, les  di a conocer que las reformas constitucionales aprobadas por unanimidad de 25 votos, para armonizar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, eran ilegales, porque no tomó en cuenta a los diez ayuntamientos, trataron de corregir, enviándoles el dictamen aprobado, como Minuta Proyecto de Decreto, para su aprobación o no, es decir optaron por lo más fácil, aunque no lo correcto.

Es entendible hasta cierto punto, ya que reponer el procedimiento los hubiera llevada hasta este día y a partir de mañana enviar la minuta a los diez ayuntamientos, por eso es que habilitaron el dictamen, aunque no sea lo correcto y lo mandaron a los diez cabildos como minuta.

La Dirección de Procesos Legislativos, que hay que decirlo está bailando con la más fea, porque alguien tiene que hacerlo, en la realidad solo recibió órdenes de los diputados, y luego de la pifia legislativa, volvió a recibir la instrucción para que elaborara los oficios y mandaran este lunes 9, –porque el viernes 6 descansó todo el personal del Poder Legislativo–, a los diez ayuntamientos el dictamen aprobado y sin ninguna corrección, a pesar de que pedían los diputados al aprobar el dictamen, en el primero de los artículos transitorios afirmaba que “El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

Esto es, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que es la que llevó al baile a todos los diputados, ordenaba enviar el documento al Ejecutivo Estatal para su publicación, cuando lo que debió ser es que se instruyera a los secretarios de la mesa directiva, para que se turnara a los cabildos de los diez ayuntamientos.

No sé si es por desconocimiento, pero después del primer error de no haber aceptado que era una Minuta Proyecto de Decreto, por ser reforma constitucional, y debía turnarse a los ayuntamientos, como parte de Constituyente Permanente, ordenaron al Director de Procesos Legislativos del Congreso, pasarse por el arco del triunfo lo aprobado por los 25 diputados y en lugar de corregir el procedimiento y reponerlo, optaron por el envío a los cabildos.

Bueno con errores de procedimiento y toda la cosa, ya el dictamen, que no Minuta Proyecto de Decreto, porque nunca se aprobó como tal, está en los municipios, donde de acuerdo al Artículo 130 Constitucional, disponen de hasta 30 días para regresar el documento aprobado o desaprobado, para que el Congreso del Estado, posterior a ese plazo haga la declaratoria de modificación o no de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

“Ley” de Transparencia “patito”…

Al no estar en vigor las reformas constitucionales, consecuentemente la nueva “Ley” de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, es “patito”, no tiene ninguna validez, porque todas las modificaciones que pretenden realizar a ese ordenamiento, no tienen la base legal para que queden firmes y aunque haya diputados y diputadas que se empeñen en decir que no es inconstitucional esa “Ley”, no tiene ningún sustento, porque no se ha hecho la declaratoria de validez de las modificaciones a la Constitución.

El problema que tienen los y las diputadas del Congreso es que llevaron mucha gente al Congreso, como asesores jurídicos, y lo que está pasando es que hasta se hacen “mosca” y algunos no saben ni en donde están parados, –o paradas–, porque por ejemplo les han dicho a los integrantes de la Legislatura que esa “Ley” está firme y que en todo caso solo es necesario incluir un artículo Transitorio para señalar que entrará en vigor cuando queden firmes las reformas constitucionales… ¡por favor!, ¿a quién se le ocurre?, ah! Pues a los asesores jurídicos que están metiendo en broncas a los y las diputadas.

¿En qué cabeza cabe que un Artículo Transitorio está por encima de una Ley y de la propia norma suprema como es la Constitución?, deberían regresarlos o regresarlas, a la escuela de Derecho.

Yo no sé si es parte de la grilla que han emprendido en contra de la Oficial Mayor Yarahzet Villalpando, para que aparezca que es ella la que está cometiendo esas pifias garrafales, o de plano hay tal ignorancia que de veras creen que es el paso a seguir, pero alguien debe poner orden.

Todo esto se lo narro, y le adelanto, en la sesión de la próxima semana, pretenden “subir” al pleno, las reformas al Código Civil del Estado de Colima, para modificar toda la serie de artículos, –que por cierto son bastantes–, relacionados con los matrimonios igualitarios, y que en  2013 se reformaron, luego de que la Quincuagésimo Séptima Legislatura había aprobado mediante Decreto número 142 publicado en fecha 03 de Agosto del 2013 el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, se reformó el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual previo a la reforma establecía que “el matrimonio era la unión de un hombre y de una mujer” resultando evidentemente y por tanto discriminatoria en cuanto atiende a una razón de diferenciación sexo-genérica entre los contrayentes como uno de los requisitos básicos para el acceso al mismo y creaba los enlaces conyugales, figura distinta al matrimonio.

De hacerlo los diputados van a incurrir en otro error, porque el Código Civil, no se puede reformar, en tanto no se haga la declaratoria de validez de las modificaciones a la Constitución, aprobadas el 5 de mayo, donde por cierto metieron de“cachirul”, la derogación del artículo 147, relacionados a los “Enlaces Conyugales”, cuando se supone que lo que estaban aprobando era el articulado relacionado con la homologación en materia de transparencia.

¿De quién es la Ley “patito” de Transparencia?… De nosotros No: PAN

Bueno “haiga sido como haiga sido”, parafraseando al último ex presidente de la República del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, 24 de los 25 los diputados de la actual Legislatura, –se salió de la sesión sin votar el panista Alejandro García Rivera, aprobaron una “Ley”, que todos el jueves 5 de mayo, la “cacarearon” como el máximo trofeo de una batalla.

Sin embargo no bien acababan de aprobarla cuando los reporteros empezamos a señalarles una serie de erratas que ponen en entredicho el trabajo realizado y a escasa una semana de su aprobación, todos los involucrados se desdicen y reniegan de la aprobación de dicho documento.

En un análisis muy rápido del contenido de la citada “ley”, que aún no es tal, se puede deducir que el autor intelectual y material de cómo quedó finalmente este bodrio, es el titular de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, sobre todo quien decidió“por sus pistolas”, modificar el artículo 29, fracción IX, donde incluyó que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, dejaban de ser obligatorias, que se publicaran y solo con la anuencia del servidor público podían darse a conocer.

Ese fue un madruguete para tratar de cobrárselas todas a los diputados de su ex partido, que tanto lo han atacado, los legisladores del PAN, que ahora son la fuerza mayoritaria en el Congreso del Estado, por eso a como diera lugar se las quiso cobrar, si ya en más de tres ocasiones ha llevado al baile al mismo gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y lo ha orillado a que se exhiba, ahora, al parecer, su tirada era exhibir al Poder Legislativo.

Diputados del Partido Acción Nacional, entre ellos la ex coordinadora del grupo parlamentario del blanquiazul, Martha Leticia Sosa Govea, ya pintaron su raya y lo dijo con todas sus letras “…esa modificación de ese artículo no es del Partido Acción Nacional, en ninguna de las tres propuestas de reformas a la Ley de Transparencia, en ningún momento solicitamos su modificación”.

Incluso Martha Sosa, dijo que por eso no le prestaron mayor atención en la lectura del dictamen “porque nadie lo había propuesto, no era algo que estuviera en la mesa de discusión”.

La anterior entrega le comenté que la última revisión al documento, se la dio Andrés Gerardo García Noriega, en consecuencia es quien modificó a su antojo la ley, la cual está plagada de errores.

A pesar de que, ya nomás por no dejar, le pasaron el documento al abogado constitucionalista José Gilberto García Nava, éste solo le dio prioridad al aspecto constitucional, que dicho sea de paso, el titular de la Consejería Jurídica, insistía en que no debía tener el carácter de Constitucional, aunque la armonización así lo estuviera exigiendo.

García Nava a eso se centró a que se modificará que era un documento donde se hacía urgente y trascendente armonizar el marco normativo estatal en materia de transparencia con lo dispuesto en la reforma al artículo 6° de la Constitución federal y lo mandatado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La “Ley Patito” García Noriega…

Hasta ahí fue su participación, no lo dejaron meterse más allá, por eso, los panistas insisten, a esa iniciativa de ley “alguien le metió la mano” y claro que los panistas saben quién fue, pero les tiemblan las corvitas decirlo, el propio coordinador de la bancada del PAN, Humberto Ladino Ochoa, se reunió con el titular de la Consejería Jurídica, Andrés Gerardo García Noriega, para que “palomeara” el dictamen que se leería el jueves 5 de mayo en el Congreso.

Esta “ley” trae tantos errores, que ya se está pensando en lugar de meter una fe de erratas, mejor volver a presentar el documento, aprovechando la pifia de que no se ha hecho de declaratoria de las modificaciones en materia constitucional, en consecuencia es una “Ley patito”.

Los que saben de esto se están preguntando, ¿por qué se presentó una nueva ley, si las cuatro iniciativas que se presentaron en el pleno, tres del PAN y una del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, sólo eran reformas de diversos artículos y no a todo el articulado?

Si bien había que adecuarla para que estuviera homologada a la Ley General de Transparencia, no se debió perder de vista que la Ley que aún está vigente en nuestro estado, estaba considerada como de las más avanzadas en toda la República, esto dicho por el propio INAI.

En la manera en que quedó redactada se cae en un retroceso y mete en serias broncas al propio Ejecutivo estatal, porque por ejemplo no se está tomando en consideración a todo el personal que aún labora en el INFOCOL, para que ocupe cargos de dirección, dejando de lado el servicio civil de carrera.

En el bodrio aprobado, en el artículo 54, se hace mención a que se crean las figuras de “comisionados”, a quienes se les da la facultad de proponer a los candidatos a titulares de las secretarías y unidades del organismo estatal, ¿y los actuales empleados que muchos están ahí desde que se creó el Instituto de Transparencia? ¿Estará enterado de esto el Gobernador del Estado?, yo tengo mis dudas.

Otra bronca que se les avecina…

Por otra parte es grave que de todos los abogados que intervinieron en la elaboración de este documento, no se hayan atrevido a ponerle un alto al titular de la Consejería Jurídica del Estado, y corregirle sus desbarres, por su actitud va a meter en serios predicamentos al gobierno estatal. Por ejemplo le comento que en el Título IV, artículo 75, se menciona que los 3 comisionados que serán electos durarán en su encargo 6 años y no podrán ser reelectos.

Luego el Artículo 77 señala que para la integración de las propuestas de quienes conformarán el Instituto, el Ejecutivo instaurará el procedimiento a que habrán de sujetarse y es ahí donde se le avecina un problema que bien o mal va a terminar en los tribunales. Yo no sé en dónde estaban los diputados que dejaron pasar eso, o qué negociaron a cambio, bueno si sé que negociaron, pero vamos por partes.

El artículo noveno transitorio, haciendo mención al artículo 77, destaca que “los participantes en el proceso de designación de comisionados que se sujetaron a la convocatoria emitida el día 11 de febrero de 2016 por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, CONTINUARÁN PARTICIPANDO EN EL PROCESO, atendiendo a las disposiciones previstas en la ley contenida en el presente decreto”.

Por qué digo que se avecina una bronca, sencillo, ninguna ley tiene carácter retroactivo y si existe una convocatoria emitida desde el 11 de febrero, en la misma se afirma que se está convocando para elegir a tres comisionados del Instituto de Transparencia QUE DURARÁN EN SU ENCARGO SIETE AÑOS, no los seis que pretende duren luego de que se apruebe esta ley.

Entonces aunque en esta Ley “patito” se diga que en esta ocasión se elegirá a un comisionado por dos años, a otro por cuatro y a un tercero por seis años, están violando su propia convocatoria y la misma no fue anulada, al contrario, se confirma que queda vigente.

¿Y qué va a ocurrir?, sencillo, todos los participantes que se inscribieron y que cumplieron con los requisitos y que ya fueron entrevistados por la comisión creado exprofeso, todos pueden recurrir al amparo de la justicia federal ¿y sabe qué? ¡Acertó!, van a ganar y van a ser comisionados por siete años, porque ninguna ley es retroactiva, aunque así lo quieran los diputados, o el titular de la Consejería Política, al menos que salgan con una leguleyada… Dios mío, ¿no tendrán asesores los diputados?

Se vulnera la autonomía del Instituto…

Y luego viene el artículo 97, que se refiere al Consejo Consultivo, el cual estará integrado por tres consejeros designados por el Congreso, (que le anticipo, parte de la negociación es que lo va a presidir un panista, esa fue la moneda de cambio por aprobar este bodrio, junto con un comisionado que será el de seis años, ¡ah! Y ya tengo hasta el nombre del panista que será ungido eh!, luego se lo platico).

Bueno el cargo será honorífico y lo ejercerán POR SEIS AÑOS, contraviniendo lo establecido por  la Constitución Federal, que maneja que durarán solo un año, pero bueno, aquí el que hizo este documento estaba de buenas con sus cuates blanquiazules.

Y por si fuera poco afirma que será el Secretario de Acuerdos del INFOCOL o como se vaya a llamar este organismo, quien fungirá como Secretario Técnico, es decir, el mismo funcionario que contempla el artículo 75, que es quien auxiliará para la realización de las convocatorias y el trabajo de los comisionados, bueno le dan doble chamba ya que también será Secretario Técnico, es decir, vienen dos en uno, cuando debiera ser un ciudadano independiente al Instituto.

Con este doble nombramiento de Secretario de Acuerdos y Secretario Técnico, se está vulnerando la autonomía del INFOCOL, porque serán la misma persona, situación que podría afectar el debido actuar del consejo consultivo.

El jalón de orejas de Ximena…

Hasta aquí le dijo un ligero análisis de la Ley “patito” de Transparencia, y solo para acabar con el mismo, señalarle que la titular del INAI, la colimense Ximena Puente de la Mora, les jaló las orejas tanto a los diputados, como a los funcionarios de la administración estatal, y les tuvo que hablar fuerte para que se aplicaran, ya que les dijo que no era posible que ya vencido el plazo para aprobar la armonización, la entidad de donde es oriunda la titular del máximo organismo de transparencia en el país, no hubiera cumplido con dicha armonización.

Por eso fue la urgencia de sacar aún con todos los errores y pifias, una supuesta armonización y así se lo notificaron vía correo electrónico y vía telefónica a la presidenta del INAI, lo que nunca le dijeron a Ximena Puente, es que dizque para cumplir con la cacareada armonización, violaron la Constitución Política del Estado, y hayan elaborado una ley “patito”, ¿estará enterada de lo que hicieron los legisladores de Colima en colusión con la Consejería Jurídica de Gobierno el Estado? Vaya usted a saber,

Para acabar….

**Le informo que este jueves estará cargadito de actividad en el Congreso… a las 9:00 horas, habrá rueda de prensa con el diputado Joel Padilla Peña, presidente de la Comisión de Educación, para dar a conocer la convocatoria para el premio estatal de periodismo.

Enseguida a las 10:00 horas la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, ofrecerá una rueda de prensa, quien sabe si irá a contestar el regaño público que le dio su “jefe” estatal en MC, Leoncio Morán Sánchez, quien la desconoció como su representante por la manera “cobarde”, –así le llamó–, en que votaron por la opacidad en la Ley de Transparencia.

Y a las 11:00 está convocada la sesión ordinaria del Congreso, quién sabe con qué sorpresita nos vayan a salir, lo que sí le adelanto es que será kilométrica, porque como en la anterior sesión no hubo asuntos generales, este jueves se van a desquitar y se dice que participarán al menos una decena de legisladores.

**Comentarle que también este jueves, a las 10:00 horas en el Auditorio “Carlos de la Madrid Béjar”, el Poder Judicial, la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedescol), está invitando al Panel “Prácticas y Discursos que excluyen. Desde la Fe a la Ciencia”, es abierto a todo público.

**Y en este mismo auditorio, pero a las 20:00 horas, se llevará a cabo la elección de la mesa directiva de la Barra de Abogados “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”, donde estarán participando dos planillas, una de ellas encabezada por Abraham Méndez Palomares. En este evento se espera la participación de más de un centenar de abogados que son parte de esta agrupación.

**Aún me quedó mucho material pero ya luego le platico “Desde la Curul 26”.