Extraoficial: Renunció al PAN la Diputada Yadira Lara
La diputada porteña dijo a los conductores del noticiero radiofónico Ángel Guardián: “A mí me gustaría que la gente (…) de todo nuestro Estado, sepa que el Partido Acción Nacional en todo su camino, en todo su recorrido, siempre ha pedido cuentas claras, siempre ha pedido administraciones honestas y en este momento, como panista que soy, de sangre azul por el panismo que llevo dentro, creo que no habría por qué no exigir, pedir cuentas claras de una administración que emana del PAN”, mencionó.
“Creo que es hora de demostrar que realmente no somos solapadores, como siempre lo han sido los de enfrente. Hoy yo, Yadira Lara, reafirma su compromiso con la ciudadanía de cuentas claras, de administraciones claras para la ciudadanía, con esta actitud. Si me lo quiere entender mi partido, qué bueno. Si me lo quiere entender la ciudadanía, qué bueno. Pero al final de cuentas, la tranquilidad interna de Yadira Lara queda saldada”, agregó.
Y es que aun y cuando la propia Yadira Lara reconoce que en otros casos la Contaduría Mayor de Hacienda ha funcionado como brazo ejecutor del PRI, en este asunto en particular, es necesario que el ayuntamiento de Manzanillo y el alcalde Virgilio Mendoza, den la cara y respondan a las observaciones que les están haciendo.
Inicialmente, Lara Arteaga dijo a Ramón Santana que no tiene nada en contra del alcalde Virgilio Mendoza o que no confíe en sus cuentas, sino que simplemente le pareció válida la observación que se hizo en su momento respecto al proceso de construcción del palenque; “y por lo mismo decidí permanecer ahí y votar a favor de que la cuenta quedara abierta”.
La legisladora aseguró que hasta ayer por la mañana no había recibido ninguna llamada de atención por parte de los dirigentes del PAN en el Estado, ni de el coordinador del grupo parlamentario, el diputado Enrique Michel Ruiz, aunque reconoció que éste último sí se acercó en su momento para conocer los motivos de su postura, los cuales le explicaron.
“Hemos expuesto algunos puntos de vista, hemos diferenciado también, más sin embargo, prevalece el diálogo, prevalece el entendimiento a final de cuentas entre nosotros”, mencionó.
Sin embargo, reconoció que mientras en el PAN sí hay algunos compañeros de bancada que están molestos con su actitud, los legisladores del PRI se han acercado con ella para reconocerle la postura que adoptó en torno al caso; “hay algunos que inclusive sí he sabido que se han quejado, que cómo es posible que no atendimos al llamado de la fracción y que por qué nos quedamos”.
Agregó: “no hicimos nada que estuviera fuera de los principios de mi partido, no hicimos nada que estuviera atentando o pisoteando el código de ética para funcionarios públicos emanados de Acción Nacional. Creo que la actitud de Yadira Lara (…) siempre he procurado guiarme por esos principios, por la doctrina de mi partido, por el código de ética que muchos, absolutamente muchos desconocen que existe”.
La diputada negó que su postura se deba a que no es la favorita de Virgilio Mendoza para ser candidata a la presidencia municipal de Manzanillo, pues aseguró que para la postulación no necesita el aval del alcalde; “no se ocupan avales aquí, se ocupa trabajo, se ocupa responsabilidad y se ocupa precisamente trabajar
conforme los principios”.
En ese tenor y a pregunta expresa, Lara Arteaga dijo no es el momento para hablar de posibles candidaturas, pues está empeñada en terminar el trabajo legislativo que le corresponde como diputada local. “Yo creo que para Yadira Lara ahorita, decidir por una candidatura o no, no es el momento”.
“Bios Iguiana” Exige que Abran Averiguación Contra SCC
El 4 de junio de 2007, Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos, directivos de Bios Iguana, presentaron una querella penal contra Cavazos Ceballos y algunos de sus colaboradores, entre ellos el secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Gutiérrez Navarrete, y los alcaldes de Armería y Manzanillo, Juan Manuel Covarrubias Leyva y Virgilio Mendoza Amezcua, respectivamente.
En la denuncia, los responsabilizó de haber cometido irregularidades durante el proceso de reforma del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán.
Las modificaciones realizadas a ese documento abrieron la puerta para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobara la construcción de una planta regasificadora en las márgenes de la laguna, situación que según los ambientalistas destruirá el entorno ecológico de la región.
En su demanda de amparo, Esperanza Salazar y Gabriel Martínez señalaron como autoridades responsables al agente del Ministerio Público titular de la mesa tercera, Sector Central, adscrito a la PGJ, a quien acusan de omisión por no haber iniciado la integración de la averiguación previa ni haber citado a declarar a los funcionarios públicos que fueron denunciados.
También responsabilizaron al procurador general de Justicia del estado por “su marcada intervención para que su subordinado no inicie, ni instruya en tiempo y forma, y a través de la legislación penal aplicable, la indagatoria respecto de los delitos denunciados”.
Gabriel Martínez denunció que desde la presentación de la denuncia han enfrentado una serie de obstáculos para que se realicen los trámites legales correspondientes, pues a pesar de que la querella fue iniciada el 4 de junio de 2007, el Ministerio Público aceptó la ratificación hasta casi un mes después, día 3 de julio, y se abrió el expediente 36/2007.
Posteriormente, después de varias solicitudes para que el Ministerio Público entregara a los denunciantes copia certificada de la ratificación de la denuncia, el titular de la mesa tercera siempre les comentó que la procedencia de obtenerla tenía que resolverse a través de un “Consejo”, pero a casi un año no se les ha entregado el documento.
A juicio de Salazar y Martínez, la actitud del Ministerio Público viola del contenido del artículo 21, en relación con el 8, ambos de la Constitución Política de México.
Expusieron: “La actitud de abandono desplegada por dicha autoridad responsable y ordenada por el procurador general de Justicia del estado hace nugatoria nuestra garantía individual de seguridad jurídica tocante a que realmente sea el Ministerio Público el competente para la investigación y persecución de los delitos y que, por ende, recaiga en éste por conducto del titular de la mesa tercera, la obligación de integrar forzosa y necesariamente la averiguación previa respecto de la denuncia planteada por los quejosos.”
Los denunciantes añadieron que “es obvio que del mes de junio de 2007 al mes de junio de 2008, el incumplimiento constitucional y la violación a nuestra seguridad jurídica ha ido en aumento por parte del Ministerio Público, lo que ha incidido para que desconozcamos la situación jurídica en que se encuentra glosada la pesquisa”.
De paso, agregaron, ha sido vulnerado el artículo 8 constitucional porque no ha sido emitido acuerdo alguno respecto de la denuncia interpuesta; y menos les ha sido notificada la determinación relativa a la indagatoria para estar en condiciones de defenderse respecto de los acuerdos que el Ministerio Público hubiese emitido.
Consideraron que el titular de la PGJ y el responsable de la mesa tercera del Ministerio Público pasan por alto que ante la existencia de una obligación constitucional de investigar y perseguir los delitos cometidos, deben sujetar su actuación a parámetros temporales que no deben exceder de un año después de recibida la denuncia.
Esta actuación, puntualizaron Salazar y Martínez, viola además el artículo 20, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del estado de Colima, que exige del Ministerio Público impedir la consumación del delito y, en el caso de la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial se corre el riesgo de consumación de un delito ambiental luego de que los funcionarios denunciados autorizaron un cambio de uso de suelo por vía de coalición de servidores públicos.
Esclarecen 10 Robos con la Captura de “El Zamora”
De esta manera los agentes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión No. 1793, librada por la juez de lo penal de Villa de Alvarez, en contra de las personas y delitos arriba señalados.
Con esta detención se logró el esclarecimiento de las siguientes averiguaciones previas; 169/08, 204/08, 162/08 y 163/08, mismas que se encuentran radicadas en la mesa 2°; 163/08, 119/08, 097/08, 144/08 y 145/08, de la mesa 1°; y la 090/08, de la mesa 4°.
Conforme a las investigaciones las colonias donde los probables responsables cometieron los robos a casa habitación son, Centenario, Jardines de la Villa, La Joya, Villa de las Flores, Real Centenario, entre muchas otras más.
Francisco Zamora Chávez, cuenta con la edad de 27 años, vive en unión libre con su amasia Talía Osíris Aguilar Ramírez, tienen su domicilio en la colonia Juan José Ríos II, lugar donde guardan los diversos aparatos eléctricos que se han robado, de las colonias ya señaladas.
De las indagatorias se desprenden que “El Zamora”, siempre es acompañado por su amasia, ya que la función de ellas es echarle aguas una vez que el se mete a robar y para ello siempre lo hace por la parte posterior de lasa viviendas.
El probable responsable quita los cristales y luego palanquea las protecciones para abrirlas y poder ingresar para buscar cosas de valor como son aparatos electrónicos, joyas, modulares, televisiones, alhajas, computadoras portátil y dinero en efectivo.
Una vez que logra su objetivo se dirige a la esquina próxima de donde cometió el robo, lugar donde es esperado por Thalía, para luego darse a la fuga abordando un taxi con destino a su casa, lugar donde selecciona lo robado para irlo a empeñar en las diversas casas comerciales que se dedican a ello y el dinero lo invierte en alcohol y drogas.
De igual forma se pudo establecer que una vez que empeña las cosas, el probable responsable destruye las boletas ya que no le interesa recuperarlas, además no quiere dejar evidencia alguna a la autoridad.
En la colonia Real Centenario, “El Zamora”, se robó de una vivienda una importante cantidad de dinero, misma que le permitió comprar un vehículo en 35 mil pesos, una motocicleta del año en 15 mil pesos, una estufa, un colchón inflable, un teatro en casa, esto último con valor de 20 mil pesos.
Cabe señalar que tanto el vehículo como la motocicleta, fueron asegurados y puestos a disposición del ministerio público
Una vez que se cumplió con los trámites administrativos correspondientes, se puso a disposición de la juez de lo penal en turno, a los probables responsables, dejándolos internados en el Cereso de esta ciudad capital.
Análisis Político
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ya en días pasados en lo general la Nueva Ley del ISSSTE al considerar que no afecta derechos concedidos con anterioridad a su vigencia, como lo propuso en la sesión del lunes el ministro-presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue otra estrategia muy vista que sólo uno de los nueve ministros presentes en el Pleno (Juan Silva Meza) respaldó el planteamiento de Ortiz, quien insistió en que el nuevo régimen perjudicaba de manera retroactiva a los trabajadores del gobierno y quien terminó la sesión con visibles rastros de desconcierto.
Con esta decisión, la SCJN desechó uno de los principales argumentos esgrimidos por los burócratas en las 223 mil 810 demandas de amparo presentadas. Y ahora se concentrará en el análisis específico de algunas modalidades -aducidas en la ley- bajo las cuales pueden pensionarse los trabajadores en activo al momento de la entrada en vigor de la norma, a fin de definir si se ajustan o no a la Constitución por ello, más de dos millones de quejosos se encuentran en esta condición y según lo estipuló recientemente el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, y dijo que tienen como plazo hasta el 14 de noviembre para aceptar el sistema de cuentas individuales del Pensionissste o permanecer en el régimen anterior con aumento en años de cotización, edad para el retiro y cuotas.
El argumento de la crisis no es nuevo. El ex director del ISSSTE, Benjamín González Roaro, dio a conocer en junio de 1994, el déficit en las arcas del ISSSTE era de 25 mil millones de dólares, por lo que era necesaria una reforma a la ley del instituto desde ese tiempo Para el Presidente Felipe Calderón era ya impostergable esta decisión, y sabia también de las repercusiones políticas por ello conformo un comité de las dependencias incluyendo al SNTE, para aprobar la nueva Ley del ISSSTE, lo que ayudaría recuperar el buen funcionamiento de ese instituto.
Una comisión de abogados especialistas en derecho laboral de la propia Cámara de Diputados Federales, advirtió hace poco que el artículo décimo transitorio de la nueva Ley, donde se establecen las bases y condiciones para que los empleados que no opten por el bono de pensión tengan acceso a la jubilación, no contempla los principales derechos que sí incluía la legislación abrogada, pues el nuevo ordenamiento no hace explícito el derecho al aguinaldo de los jubilados y pensionados, no respeta el promedio del último año de cotización y, por el contrario, aumenta a tres años el periodo del que se obtiene dicho promedio.
Tampoco considera el derecho de los familiares a la pensión en caso de muerte del trabajador antes de los 55 años; no menciona la prestación relativa a gastos de funeral en caso de fallecimiento del empleado retirado; omite lo relativo a la devolución de los fondos del trabajador depositados en el Sistema de Ahorro para el Retiro y no señala que los parientes tienen derecho a esos recursos en caso de fallecimiento del titular.
La actual ley tampoco establece un procedimiento claro para la actualización de las pensiones, mientras la norma abrogada refería que “la cuantía” de éstas “se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice nacional de precios al consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año”.
El derecho al aguinaldo, consignado en el artículo 57 de la pasada legislación, no se explicita en la nueva, que señala:”Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de pensión. Esta gratificación deberá pagarse en 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la junta directiva (del instituto).
Asimismo, tendrán derecho en su proporción a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados” Tampoco se especifica lo relativo a las pensiones por viudez, concubinato, ascendencia y orfandad ni se contempla la extensión de esta última en caso de discapacidad del descendiente.
La anterior legislación sí incluía dichas prerrogativas:
“La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al instituto por más de 15 años, o bien acaecida cuando haya cumplido 60 o más años de edad y un mínimo de 10 años de cotización, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta ley.”La nueva norma no menciona la prestación relativa a los gastos de funeral en caso de muerte de los pensionados, como sí lo incluía el anterior artículo 81 de la ley abrogada, el cual señalaba:
“Cuando fallezca un pensionista, el instituto o la pagaduría que viniese cubriendo la pensión entregará a sus deudos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación el importe de 120 días de pensión por concepto de gastos de funerales, sin más trámites que la presentación del certificado de defunción y la constancia de los gastos de sepelio.”En el caso de los recursos del trabajador depositados en los fondos de pensión o del Sistema de Ahorro para el Retiro, la nueva ley omite lo relativo a la devolución de los mismos, mientras sí se contemplaba en la ley abrogada, que ordenaba:
“El trabajador que cumpla 65 años de edad o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50 por ciento o más en los términos de esta ley o de algún plan de pensiones establecido por la dependencia o entidad de que se trate, tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera autorizada que lleve su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro le entregue por cuenta del instituto (ISSSTE) los fondos de la misma, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien, entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición”.Además, contrario a la norma anterior, la actual tampoco señala que los familiares del trabajador titular de los fondos de ahorro para el retiro tienen derecho a esos recursos en el caso de muerte o fallecimiento del titular.
Es necesario reconocer sin embargo que el crecimiento poblacional y la transición epidemiológica han sido las causas a nivel mundial para que se replantee, analice y reflexione sobre la temática de la seguridad social y sus reformas a los sistemas de los distintos países; en México, sin duda, el IMSS es el precursor estos planteamientos ya que en la década de los 90s llevó a cabo reformas al respecto, destacando el subir la edad de retiro a 60 años y establecer la cuenta individual como base para el fondo de retiro de los trabajadores. En el IMSS la financiación de estas cuentas de origen ha sido tripartita, con la cuota del trabajador, aportación del Patrón (empresario) y la cuota
social que corre a cargo del Estado-Nación.
El ISSSTE fue concebido como un sistema de reparto o beneficio definido, en el cual el total de ingresos financia el total de egresos dentro de un ejercicio dado, el cual es financieramente sostenible mientras exista una mayor cantidad de trabajadores cotizantes que jubilados, de ahí que desde su inicio el 1 de enero de 1960 y hasta los años 80’s dicha relación fue variable pero se mantuvo alrededor de 17 a 20 trabajadores que cotizaban por cada jubilado (el jubilado o pensionado no cotiza es decir no realiza aportaciones, los únicos que aportan son lo trabajadores activos), en contraste hoy en día hay entre 3.5 y 4 cotizantes por cada jubilado y el recurso no alcanza para cubrir el monto de las pensiones, ni el gasto del fondo médico bajo este esquema de reparto. De ahí la necesidad de cambiar, de reformar al ISSSTE, planteando un esquema actuarial y financiero viable o sustentable que asegure la propia sobreviviencia de la Institución y con ello asegure a los derechohabiente la protección integral que les brinda el Instituto-.
Hay inconformad por tanta desinformación oficial, pero el ISSSTE que es la dependencia responsable para orientar a la SEP, SNTE y al resto de dependencias federales no lo hace con profesionalismo, no asume esta responsabilidad creando así más confusiones, inclusive con un formato que remitió a los estados a las dependencias federales como la SEP, sin la información adecuada para su objetivo ya que hay marcada desconfianza.
La sección VI del SNTE, con Alfredo Hernández, asumió una postura imparcial con amparados e inconformes, les manifestó que respetaba su decisión y derechos personales, en otras secciones presionaron mucho a los maestros inconformes porque se ha considerado un mal necesario para sobrevivir y mantener las pensiones y jubilaciones. Pero es necesario que en Colima la Delegación del ISSSTE asuma su responsabilidad y convoque conjuntamente con La SEP, estatal y federal, así como el SNTE, sección VI, a reuniones, pues esta sección sindical tiene ocho mil seiscientos trabajadores y urge se les informe profesionalmente en que consisten los nuevos formatos que piden llenen, y que tanta inconformidad han desatado, por falta de información adecuada de las dos modalidades de pensión.
Eran de Tecomán, 2 de los 3 Muertos en la Frontera
Las víctimas, que fueron localizadas el miércoles, son Alejandro Vargas Patiño y Francisco Ortiz Duarte, de 17 y 18 años de edad, oriundos de Tecomán, Colima, así como Jesús Panduro Rodríguez, de 23 años, originario de Michoacán. La investigación señala que estas muertes están relacionadas con la agresión que sufrieron el 14 de junio 15 migrantes que buscaban cruzar a Estados Unidos.
