Firmada por el prestigiado periodista Pedro Zamora Briseño, corresponsal también de la revista “Proceso”, la familia de Carlos Eduardo López Aguirre, el comandante de la Policía de Procuración de Justicia asesinado hace unos días por sus propios compañeros durante un operativo antisecuestro en Tecomán, exige que se investiguen a fondo las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pues no le convence la versión oficial de que se trató de una confusión.
“No creo que haya sido un error; conozco el servicio y pienso que a él le pusieron un cuatro, eso debe investigarse más… yo no estoy conforme porque creo que fue intencional”, señala en entrevista el padre de la víctima, Carlos López León, un hombre que durante casi 25 años prestó sus servicios primero como soldado del Ejército y posteriormente como agente de la Policía Judicial y de la Policía Preventiva.
Sobre el ejercicio de la acción penal, por homicidio culposo, contra tres elementos de la corporación, entre ellos el subdirector operativo de la PPJE, Jesús Ávalos Altamirano, López León dice que ellos “tendrán que defenderse con sus abogados, decir cómo fueron las órdenes que recibieron, a ver qué resulta”.
Sin embargo, considera que la consignación por parte de la Procuraduría de los presuntos responsables, quienes seguirán el juicio fuera de la prisión tras pagar una fianza de 56 mil pesos cada uno, sólo fue para “taparle el ojo al macho”, pues “tenga la plena seguridad de que todo está preparado para que queden libres”.
De acuerdo con la versión del procurador, Arturo Díaz Rivera, el 11 de septiembre fue secuestrada una mujer en Manzanillo, por la que sus captores pidieron 250 mil pesos que deberían ser entregados la madrugada del sábado 13 en el kilómetro 251+100 de la carretera Tecomán-Cerro de Ortega, a un costado de la comunidad de Cofradía de Morelos.
El funcionario indicó que se preparó un operativo para detener a la persona que iría a recoger el dinero, pero que debido a una confusión derivada de que no todos los agentes conocían al señuelo, trataron de detenerlo y al abandonar su escondite el comandante López Aguirre para tratar de aclarar las cosas se inició el fuego cruzado.
Además del fallecimiento de Carlos Eduardo López, resultó herido en el abdomen el agente José Ramón Aguilar González y recibió el impacto de una esquirla su compañero Jorge Alcántar Arcega.
Horas después del enfrentamiento entre policías en Tecomán, la mujer que había sido secuestrada fue puesta en libertad por sus plagiarios en la carretera Manzanillo-Cihuatlán, a la altura de El Naranjo, sin cobrar el rescate exigido.
De inmediato, el suceso despertó dudas y cuestionamientos en diversos sectores de la opinión pública.
El periodista Armando Martínez de la Rosa, en su columna Despacho político del Diario de Colima planteó el martes 16, entre otros, una serie de “elementos cruciales” que no habían sido esclarecidos por las autoridades:
“¿Por qué estaban precisamente en ese lugar apostados los agentes tiradores? ¿Por qué la patrulla donde iban los agentes muertos y heridos circulaba por Tecomán, si su destacamento corresponde a Manzanillo? ¿Quién los envió? ¿Por qué necesitaban un ‘señuelo’, como afirmó Díaz Rivera que era el papel de los policías acribillados? ¿Para qué sirve un ‘señuelo’ en esa clase de operativos, si se trata de tener la mayor discreción posible en casos como ése?
Y si de verdad era tal su función, ¿por qué no se avisó al coordinador del operativo? ¿Eran los apostados y los de la patrulla parte de un mismo operativo? ¿Se encontraban los tiradores a ambos lados de la carretera, con el riesgo de disparar unos contra otros?”
La historia
La mañana del viernes 12 de septiembre, uno de sus días francos, el comandante Carlos Eduardo López, de 36 años de edad, llegó a visitar a su esposa y a sus tres hijos en la ciudad de Colima, pero poco tiempo después recibió una llamada para que se reintegrara a su centro de trabajo para participar en un operativo, por lo que de inmediato tuvo que retornar a Manzanillo.
Antes del mediodía, el padre del jefe policiaco, Carlos López León, habló con la esposa de éste y le preguntó si había venido su hijo. La mujer le informó lo sucedido y el hombre tuvo un presentimiento.
“A mí me picó muy mal eso, pues cómo no, me extrañó que lo hubieran llamado en su día franco, a poco el segundo comandante que tienen allá no podía ir al operativo”, contó el hombre.
Ese día, Carlos López le pidió a su hija menor que lo comunicara por teléfono con su hijo a la comandancia de la PPJE en Manzanillo, para preguntarle los motivos de su regreso al puerto, pero después de múltiples intentos no fue posible, pues al parecer el aparato se encontraba descolgado.
Casi al anochecer, sin poder controlar la creciente inquietud, el hombre de 71 años de edad tuvo la idea de irse en ese momento a Manzanillo a ver a su hijo, pero desistió cuando se dio cuenta de que su viejo Volkswagen no tenía gasolina suficiente y él no contaba con dinero para abastecerlo.
El sábado 13 a las diez y media de la mañana, sonó el teléfono en la casa paterna del comandante. A través de la bocina, la madre del comandante, Imelda Aguirre, escuchó la noticia:
—Su hijo está muerto.
“Mi esposa estaba sola, es diabética y está mal del corazón y de los pulmones, imagínese la impresión; llamaron de Tecomán, decía que era el procurador, pero yo creo que no era él, porque según eso andaba en Guadalajara”, comenta López León.
López Aguirre fue sepultado en el cementerio de Villa de Álvarez, con la asistencia de sus familiares, amigos y decenas de elementos de la PGJE, especialmente de los agentes bajo su mando, quienes frente al ataúd realizaron su último pase de lista.
El padre del comandante dice que hasta el momento ninguna autoridad de la Procuraduría de Justicia o del gobierno estatal ha ido a informarles lo qué pasó con su hijo ni a explicarles cómo fue el operativo en el que murió. “Por los periódicos nos hemos ido enterando de la forma como dicen que pasaron los hechos”.
Y en efecto, la información que ha proporcionado la procuraduría hasta ahora ha fluido a cuentagotas, por lo que poco se sabe sobre las condiciones en que se planeó y se desarrolló el operativo, así como de las causas que motivaron la “confusión” que menciona la procuraduría.
En declaraciones al diario Milenio Colima, el procurador Arturo Díaz expuso:
“Falló la comunicación entre los elementos judiciales que estaban posicionados en un lugar con los que transitaban por carretera… y cuando éstos se le acercaron al señuelo (el exnovio de la secuestrada, persona que supuestamente entregaría el rescate), no lo conocían, el error comienza ahí, que todos los policías del operativo no lo conocían… así es que al momento que quieren subir (a la patrulla) al señuelo, sale Carlos (el comandante acribillado) con la pistola en la mano diciendo: ‘hey, esperen’, salió de los matorrales armado y aluzándolos, era de noche, no lo identificaron y comenzaron a disparar”.
Carlos Eduardo López Aguirre ingresó en 1996 a la PPJE, donde tuvo una carrera ascendente. Primero estuvo comisionado como agente en las partidas de Colima, Ixtlahuacán y Armería, donde con el paso del tiempo fue nombrado comandante. Su participación en el rescate exitoso de un secuestrado en este último municipio en 2007, hizo que lo trasladaran a la partida de Tecomán, donde permaneció unos meses y después fue enviado a Manzanillo, donde se encuentra la segunda partida en importancia en el estado.
Años antes, sus investigaciones lo llevaron a descubrir un camión cargado con casi dos toneladas de mariguana en el municipio de Villa de Álvarez.
Sin embargo, de acuerdo con su padre, López Aguirre ya había planeado dejar su carrera de policía. Mediante el sistema de educación abierta, se encontraba estudiando la carrera de abogado en una universidad privada de esta capital, donde sólo le faltaba un año para concluir. Precisamente, había conseguido un permiso del procurador para cursar su carrera los viernes y los sábados.
“Por eso, a mí se me hizo raro que se lo llevaran el viernes que estaba franco, si el procurador le había dado permiso de estudiar”, dice su padre.
“Tuvo mucho logros en su carrera; era una persona muy trabajadora, estaba contento con su trabajo, pero decía que estaba duro y por eso estaba superándose. Es más duro ahí que en el ejército. Yo he estado en las tres partes y ahí en la Judicial no interesa la hora que sea, si está lloviendo, si traes calentura, ni modo, hay que trabajar”, añade.
López León dice que desde un principio rechazó la versión de que el comandante murió por un error. “Las palabras del procurador no me convencen… yo pienso la muerte de mi hijo que pudo ser por envidia de alguien”.
“Algo oculto”
Por su parte, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Álvarez, Carlos Guido Maldonado Rodríguez, quien es amigo de la familia del fallecido desde hace más de veinte años, expresa también su incredulidad de la versión oficial.
“Hay muchas cuestiones que se deben investigar a fondo, porque eso de que se diga que lo mataron sus propios compañeros por error en fuego cruzado no se da en este tiempo, estamos hablando de un operativo, entonces que se nos esté diciendo que fue porque no hubo coordinación, nos quieren ver la cara de tontos prácticamente”.
—¿No cree usted en la tesis de la confusión?
—En lo personal yo pienso que hay algo oculto, como que había problemas internos entre los agentes, puede ser que haya sido premeditado. Hay mucha confusión sobre este asunto.
Maldonado Rodríguez recuerda que el principal acusado de homicidio culposo en este caso, Jesús Ávalos Altamirano, hace unos meses había sido acusado de abusos por parte de agentes de la Policía Estatal Preventiva —cuando estuvo en esa corporación— y hace apenas unas semanas sufrió un atentando a balazos en su camioneta en el municipio de Villa de Álvarez, en un caso que no ha sido aclarado públicamente.
Según el dirigente municipal del PVEM, este asunto exhibe las fallas que existen al interior del gobierno del estado y estima que la consignación de los tres elementos tiene como único fin buscar una salida al caso, para no quedar mal desde el gobierno.
Para el presidente del Comité de Derechos Humanos de Colima no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, el operativo en el que murió el comandante López Aguirre “deja ver lagunas de incapacidad hacia el interior de las corporaciones policiacas, que ponen en riesgo no sólo a los propios agentes, sino a los detenidos y a la sociedad”.
Expone: “Se supone que tienen un reglamento interno, se supone que se ponen de acuerdo para echar a andar un operativo, máxime si se trata de operativos conjuntos, coordinados entre grupos distintos de la misma corporación; si era el grupo de Manzanillo y de Colima que apoyaban al grupo de Tecomán, si no estaban organizados, creo que se debe revisar a fondo”.
Respecto de las dudas generadas en algunos sectores en el sentido de que puso tratarse de un hecho premeditado, Naranjo señala que sin afirmar lo anterior, “para mí sería mucho muy lamentable que eso pudiera haber sido, estaríamos hablando entonces de que también en Colima las policías estarían involucradas con la delincuencia, como en otros estados, y obviamente que eso sería sumamente grave para conservar la seguridad, la vida, la tranquilidad, la armonía a la que tiene derecho la sociedad”.
Añade: “Si se trata de un error como dijeron las autoridades desde un principio, a mí me parece un craso y grave error que se puede cometer: privar de la vida a alguien, y las autoridades no pueden darse el lujo de continuar con esos procedimientos que dieron motivo a esa situación, no pueden seguir con esas mismas prácticas, reglamentos internos, estrategias y tácticas que produzcan ese tipo de resultados”.
Señala que es momento para evaluar y corregir cosas, y si hay cosas que quitar, se tienen que quitar, así sean reglamentos obsoletos que concluyan en mayor inseguridad, obviamente que hay que desecharlos y eso le corresponde hacerlo al interior de las propias fuerzas policiacas”.
En tanto, el diputado perredista Adolfo Núñez recuerda que hace dos meses hizo un exhorto a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado para que convocara a una reunión de trabajo a los tres niveles de policías de la entidad, pues había inquietud de agentes de la Policía Estatal Preventiva en el sentido de que no hay coordinación entre la corporaciones y que en cualquier momento podría registrarse un enfrentamiento, aunque “yo nunca pensé que se fuera a dar un enfrentamiento al interior de una misma corporación”.
Dice que a raíz de este incidente que ya costó una vida, es urgente que los legisladores sostengan una reunión con los directores de las diversas corporaciones policiacas del estado, incluido el procurador de Justicia.
“La idea nos es ver quién le pega más, a ver quién de la oposición logra ridiculizarlo o hacerlo sentir mal, no, ya se dio este hecho, es lamentable y lo que nosotros pretendemos es que no se vuelva a dar, por lo tanto yo sí estaría por retomar la propuesta para que el procurador nos explique cuáles han sido los resultados de la investigación, qué es lo que falló y de qué manera podemos contribuir desde este poder para que las cosas no se repitan”.
Núñez refiere que si se habla de falta de equipo el Congreso puede contribuir a través del aumento del presupuesto para equipamiento de equipos modernos de comunicación. “Estamos en tiempo, ojalá podamos tener una comunicación de manera directa con él antes de la aprobación del presupuesto”.
Desde su primera aparición ante los medios para informar sobre el operativo fallido, el procurador Arturo Díaz declaró que si a causa de este suceso el gobernador Silverio Cavazos le pide su renuncia al cargo, “con todo gusto” lo hará, pero se mostró satisfecho con el trabajo que han realizado sus compañeros desde el 5 de mayo de 2005 en que arribó al puesto.
El lunes 15, el gobernador afirmó que Díaz Rivera seguirá en su puesto, pues consideró que no fue el responsable del error que costó la vida al comandante. Argumentó que por las condiciones y la hora en que se realizó el operativo, cualquier policía del mundo se habría confundido, “incluida gente del FBI o de la KGB”.
En otra conferencia de prensa, el miércoles 17, el procurador dijo que, si el gobernador se lo ordena, está dispuesto a comparecer ante el Congreso del Estado para explicar los detalles del operativo.
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