Análisis Político
Por: Abel González Sánchez.
Uno de los más grandes y graves problemas que existen en Colima, después de las preocupantes violencia y la pandemia es sin duda el grave desorden de la Subsecretaría de Movilidad que continúa afectando a la sociedad colimense debido al desorden estatal del servicio público del transporte, pero además son cientos y cientos las personas que se quejan del gran burocratismo para autorizar las bajas y altas en las compraventas de vehículos entorpeciendo y negando su autorización y obligándolos así a que se trasladen a los municipios cercanos de los estados vecinos de Jalisco y Michoacán para realizar dichas compraventas.
Es un verdadero calvario sacar placas en Colima en comparación a los demás estados debido a que las citas son esporádicas logradas mediante internet, hay un término de 20 días y ya que llegas al momento de la revisión ya sea en forma personal o a través de un gestor, los dictaminadores te mandan a volar por cualquier detalle del papeleo, aun cuando el vehículo no sea robado y tiene todo pagado, y que haya pasado la verificación del número de serie del chasis o físico de la unidad, argumentan mil cosas de los documentos de las facturas para negarte la autorización, hasta si la firma del endoso trae una rayita o colita de más cuando casi nadie firmamos igual, y piden que vaya personalmente el vendedor aún que viva en otro estado.
Los nuevos funcionarios que llegaron a Movilidad incluyendo a la Subsecretaria, ni enterados están de lo que pasa realmente en la operación administrativa de la dependencia, ya que están metidos en sus oficinas y los que operan son los mismos peritos de siempre y les vale un comino si reciben o no recursos para el estado en las compraventas, y si acaso algún ciudadano se le ocurre quejarse con los nuevos funcionarios de la actual administración estatal de Morena, lo primero que hacen es amenazar a los funcionarios para que les firmen de autorizado supuestamente para que sean ellos los responsables de los posibles delitos penales de esa autorización en particular y los nuevos funcionarios por desconocimiento se asustan y doblan las manos y ellos son los que deciden.
La semana pasada acompañé a una maestra que ha ido cuatro veces intentando sacar placas de Colima, me enteré el problema de fondo porque tuve que acudir directamente con los tramitadores, me dijeron que todo estaba bien, que pasó el registro vehicular, que traía los pagos de los hologramas hasta el 2021 y que la refactura que trae es buena porque es de la misma agencia de origen, pero que la primera factura de origen aunque trae los datos ante el registro del SAE, su cadena digital o folio y requisitos fiscales, no tenía un logotipo de la empresa arriba de la hoja, se les pidió que hablaran a esa agencia para que verificaran la autenticidad.
Señalaron que eso no lo hacen, que fueran las personas interesadas a ese estado o hablaran a dicha agencia, pero ante la violencia en los estados ¿Creen que atenderán por teléfono a un ciudadano común?, no es más fácil hacer una llamada oficial, más sin embargo se logró ese documento con logotipo y se les llevó de nuevo, pero ahora resulta que nuevamente lo rechazaron ahora argumentando que le falta una firmita (que nunca pidieron), además tiene todos los requisitos fiscales, ¿entonces porque las actas de nacimiento que se expiden en los quioscos tampoco están firmadas?, pues allí llevan la cadena digital, ¿Cuántas facturas no llevan firmas?, la mayoría pues porque traen la cadena digital. Pero ellos pueden ingresar al registro del SAT y verificar dichas facturas, ¿Qué nos pasa? Si ese vehículo ya tiene tres años emplacado y no tiene ningún problema legal, además que su factura cumple con los requisitos fiscales ¿Por qué generarles conflictos a los contribuyentes?
Ahora bien si tienen dudas del origen de un vehículo como es el caso y de cientos de otros más, ¿Por qué no cobran el servicio de certificación telefónica de otros estados y realizar la operación, es más fácil una llamada telefónica y certificar su autenticidad mediante una llamada de una dependencia del gobierno estatal que hacerla de un particular que recibió la documentación y no sabe cómo resolver su problema, el contribuyente paga si falta algún documento como lo hacen con las copias del pago de los hologramas. No importa que cobren el servicio de sus llamadas y que manden oficialmente el documento requerido, pero que ya no manden a volar a cientos de personas como ahora lo están haciendo.
DESORDEN EN EXPEDICIÓN DE PERMISOS
Por razones de seguridad pública en Colima es fundamental que Movilidad nuevamente implemente las placas provisionales generadas por dicha dependencia, las mandaron a elaborar de un material resistente tipo placa para colocarlas precisamente donde se colocan, así se extendían permisos provisionales hasta por tres meses, aumentaron costos pero se pagaban, así lo hizo el Ex Director de esa dependencia Armando González Manzo en forma inteligente para captar ingresos y poder identificar desde lejos la matrícula provisional de un carro sin placas, el trámite era ágil y no tan engorroso y absurdo como hoy.
Porque ahora pretenden obligar a endosar la factura del vehículo a una persona para poder extenderte un permiso para circular sin placas, esto es absurdo, risible, ningún estado lo obliga, pues si das de baja para venderlo y darlo de alta en otro estado como lo vas endosar sin saber el nombre de quien lo compra ¿quién será el nuevo propietario? y tienes que llevar el vehículo y revisarlo etc, cuando si son de Colima en el padrón tienen el control administrativo y quien saca un permiso se identifica plenamente y es responsable legal del uso de dicha unidad ¿Para qué tanto burocratismo? Ya necesitan designar a un responsable de Movilidad que tenga experiencia, los últimos titulares dejaron crecer los problemas por desconocimiento.
Los permisos para circular sin placas que son cientos y los traen de otros estados se deben precisamente por esa cerrazón y burocratismo de Movilidad en Colima, cuando Movilidad debería de abrir un módulo especial para agilizar la expedición de permisos si es que quieren recuperar cerca de 2 millones de pesos que se les van mensualmente, y los municipios hacen bien en no responsabilizarse cuando las oficinas de transporte estatal no hacen bien su trabajo y solo alegan que los permisos de otros estados no valen, sin resolver el problema ellos.
Por último para pagar el cambio de propietario de una unidad de servicio público cobran como 36 mil pesos, cuando en otros estados cobran en promedio 5 mil pesos, según los concesionarios, por ello cientos de concesionarios de camiones urbanos y taxistas nunca han cambiado de nombre, muchos de ellos ya fallecieron y prefieren seguir en forma irregular y basta un ejemplo, -pues aunque quisieran no pueden-, pues el suscrito vendí un camión urbano de servicio público hace más de 15 años y a la fecha está a mi nombre porque me llegan cobros de hologramas, ya acudí a Movilidad como tres ocasiones en diferentes administraciones, hasta con escritos para que lo dieran de baja administrativamente porque ya no es mío, pero me dijeron el problema es que no ha salido la firma del gobernador para la transmisión de la concesión, y ya van dos sexenios, ¿Que nos pasa? Acaso no pueden detener el vehículo y hasta que regularicen su pago de cambio de concesión dejarlo trabajar o bien ir a tocarle la puerta del gobernador en turno y sacarle la firma, ninguno tuvo tiempo. ¿Hasta cuándo llegará ese cambio esperado, si estamos igual o peor?