Matrimonios igualitarios… triunfo de Indira…

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

La fecha el 25 de mayo de 2016, deberá quedar inscrita en la historia de los colimenses ya que ese día el Congreso del Estado, máxima tribuna del pueblo, aprobó modificar el Código Civil para el Estado de Colima y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para dar paso a la figura de los matrimonios igualitarios.

El paso que se dio no es menor y máxime si analizamos que la Quincuagésimo Octava Legislatura del Estado, mayoritariamente es integrada por el Partido Acción Nacional, instituto político de derecha, de corte conservador, que bien pudo haberse llevado los tres años nadando de “muertito”, y dejar que fuera otra legislatura quizá conformada por mayoría de otras ideologías la que cargara con el paquete.

Es cierto que el Congreso local no tenía mucho margen de acción, luego de que el 8 de julio del 2014, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió otra vez, corregirle la plana al Congreso del Estado, y emitió una tesis aislada, que si bien por el hecho de ser tesis no tiene una observancia general, toca cuestiones fundamentales que en su oportunidad se plantearon ante el Congreso local del por qué con la creación de los enlaces conyugales, eran notoriamente violatorios a las garantías de igualdad y sobre todo el derecho a la dignidad de las personas entabladas en la figura de enlace conyugal.

Esta fue una lucha de mucho tiempo, donde los colectivos de la diversidad sexual estuvieron ejerciendo presión, exigiendo el cabal respeto y reconocimiento a sus garantías individuales, demandando se les otorgara el derecho a poder contraer matrimonio entre personas de un mismo sexo, sin ninguna restricción salvo las que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicano establece.

En el año 2011 el Congreso de la Unión aprobó la reforma más importante en materia de derechos humanos, donde en el mismo artículo 1° de la Constitución, se afirma que en los Estados Unidos Mexicanos, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estados Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Hay que mencionar que si bien este miércoles se dio un paso gigantesco para reconocer los derechos humanos de los colectivos de la diversidad sexual, por parte de los legisladores colimenses, no se debe perder de vista que para llegar a este reconocimiento de las garantías a la comunidad lésbico gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, el primer paso firme en apoyo de este sector lo dio la hoy Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Indira Vizcaíno Silva, que en 2013 como presidenta municipal de Cuauhtémoc, realizó la primera unión entre personas de un mismo sexo, amparadas por el vínculo del matrimonio.

Sí, en esta aprobación que se hace de los matrimonios igualitarios reconocidos ahora por la ley, debe otorgarse el mérito a quien lo tiene y debemos decir que éste le corresponde a Indira Vizcaíno Silva, quien al realizar la primera unión entre personas de un mismo sexo, bajo el régimen del matrimonio, siempre afirmó que lo hacía tomando como base lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ordenaba.

En la Carta Magna que juró cumplir y hacer cumplir, estaba escrito que en todo el territorio nacional “…queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…”

Esos derechos los entendió muy bien Indira Vizcaíno, como presidenta municipal emanada del Partido de la Revolución Democrática, en el municipio de Cuauhtémoc, y por eso instruyó a la Oficial del Registro Civil, Martha María Zepeda del Toro, para que “casara” a todas aquellas parejas que desearan hacerlo, aún si fueren del mismo sexo, reconociendo esa unión bajo la figura del matrimonio.

Inclusive la alcaldesa no se detuvo en la realización de los matrimonios entre parejas de un mismo sexo, sino que el 8 de marzo de 2013, aprobó por unanimidad del Cabildo del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, la propuesta para pedir al Congreso la ampliación del concepto de matrimonio con el fin de que se extendiera hacia las relaciones conformadas por parejas del mismo sexo, con la finalidad de brindar certeza y seguridad jurídica respecto a los derechos y obligaciones que obtendrían en caso de acceder a dicha institución jurídica denominada matrimonio.

Así en marzo de 2013 Indira Vizcaíno, en representación del cabildo del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, hizo llegar al Congreso del Estado, la propuesta para reformar el Artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para que se reconocieran como matrimonios los enlaces efectuados entre personas de un mismo género, promoviendo además la modificación de los artículos 102, 148, 168, 172, 173, 177, 216, 217, 218, y 383 del Código Civil para el Estado de Colima.

La iniciativa no obtuvo el seguimiento adecuado por no haber sido propuesta de algún grupo parlamentario del régimen al poder en turno, y a pesar de que la iniciativa estaba debidamente fundada y respaldada tanto por los grupos sociales convergentes en Colima, así como los principios fundamentales de protección a los derechos humanos inherentes a las personas, no prosperó.

Le echaron la caballería a Indira…

La iniciativa de la entonces alcaldesa perredista de Cuauhtémoc, estaba debidamente elaborada, pero no tuvo el respaldo suficiente de sus diputados en el Congreso del Estado, Francisco Rodríguez y Rafael Mendoza Godínez, hoy flamantes panistas, uno síndico del Ayuntamiento de Colima, el otro edil de Cuauhtémoc, que no supieron, o no quisieron cabildear, y la propuesta de Indira fue “bateada”.

Aquella ocasión los diputados del PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Acción Nacional, decidieron darle “palo” a la propuesta de Indira Vizcaíno a quien no le perdonaban la osadía de haber tomado la iniciativa de unir bajo la figura jurídica del matrimonio a parejas de un mismo sexo.

Los grupos mayoritarios de diputados en el Congreso del Estado, al observar que las simpatías de los colectivos de la diversidad sexual, estaban uniéndose en torno  a la alcaldesa de Cuauhtémoc, empezaron a cabildear, socavaron las estructuras de los movimientos de la diversidad sexual a fin de que se le voltearan a Indira y bajo quién sabe qué argumentos, los convencieron de que aceptaran para unirse como parejas, una figura “patito” denominada “Enlaces Conyugales”.

Con la creación de los “Enlaces conyugales” los diputados del PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Acción Nacional, por un lado quisieron escamotearles sus derechos a las personas de un mismo sexo y por el otro, trataban de quedar bien con la Iglesia Católica y todos sus grupos, que ya habían pegado el grito en el cielo y amenazaban con llevarlos a la hoguera si aprobaban las uniones entre personas de un mismo sexo que fueran reconocidas como matrimonios.

Así el 3 de agosto de 2013, el Congreso del Estado emite el decreto 142, mediante el cual se reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual previo a la reforma establecía que “el matrimonio era la unión de un hombre y de una mujer” resultando evidentemente y por tanto discriminatoria en cuanto atiende a una razón de diferenciación sexo-genérica entre los contrayentes como uno de los requisitos básicos para el acceso al mismo.

En ese decreto, se creó tanto un concepto nuevo que adoptase con facilidad la incorporación del matrimonio, así como de la figura jurídica totalmente nueva y diferenciada de la antes primera, cambiando en si las relaciones maritales, ampliando el concepto con las denominadas “relaciones conyugales”, no obstante que tuviera los mismos alcances, derechos y obligaciones para las partes respecto a la primera figura (matrimonio) ya preestablecida quedando de la siguiente manera en evidente estado de diferenciación, notoriamente discriminatoria y por tanto violatoria de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Local como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso el 8 de julio de 2014, la Suprema Corte de Justicia, emitió una tesis aislada, que si bien por el hecho de ser tesis no tiene una observancia general y por tanto vinculante, toca cuestiones fundamentales que en su oportunidad, se plantearon ante éste órgano legislativo del por qué con la creación de los enlaces conyugales, eran notoriamente violatorios a las garantías de igualdad.

El hecho de crear una figura, alterna al matrimonio en lugar de ampliar dicho concepto de tal institución para que abarcara a las relaciones comprendidas por personas del mismo sexo, no solo era discriminatorio, sino denigrante en cuanto su calidad y dignidad humana que como personas merecen y se encuentran por tanto amparadas bajo el cobijo de la constitución Federal y Local.

La fracción postulante de mayoría que aprobó el decreto de reforma número 142 y 155, los cuales regulaban la creación y la correcta aplicación de la figura denominada “enlaces conyugales”, fue omisa y por tanto negligente en querer resarcir las violaciones contenidas en los artículos reformados por los decretos antes mencionados pese a que ya había un posicionamiento previo en tribuna emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negándose con ello a procurar la regularización de los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, así como en el Código Civil para el Estado de Colima, a fin de adecuarlos a una realidad necesaria.

No hay mal que dure 100 años…

Afortunadamente, como sabiamente lo señala un dicho mexicano “no hay mal que dure 100 años… ni gente que los aguante”,ayer los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, enmendaron el error, presentaron el dictamen que modifica, adiciona y deroga un centenar de artículos del Código Civil para el Estado de Colima y casi una veintena de artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para dar paso a los matrimonios igualitarios.

Les temblaron las corvas para despenalizar el aborto…

En la misma sesión de este miércoles los diputados sometieron a la discusión del pleno el dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima que comprende el Sistema Inquisitivo, como el sistema acusatorio, todas ellas encaminadas a garantizar a las mujeres una vida sin discriminación y violencia.

Según se explicó durante la presentación del dictamen, “…Derivado de la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, que el 22 de diciembre de 2014 presentaron ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la Fundación Ius Género, el 24 de abril de 2015, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) notificó al Gobierno del Estado de Colima, el informe del Grupo de Trabajo que se conformó ex profeso para atender dicha solicitud de investigación, en el cual emitió 10 propuestas de acción, mismas que fueron aceptadas por el titular del Poder Ejecutivo del estado, mismas que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General, el Gobierno del Estado dispone de seis meses para atenderlas.”

En la décima conclusión, el grupo de trabajo reconoció los avances legislativos en la entidad para proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, identificó que persisten figuras jurídicas que discriminan y vulneran sus derechos humanos, por lo que planteo la necesidad de revisar y reformar algunos preceptos jurídicos del Código Penal para el Estado de Colima, para que sea compatible con la garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres.

“De manera particular se señaló la necesidad de: I) revisar y discutir si los delitos relacionados con violencia sexual contra las mujeres por su alto impacto, deben ser perseguidos de oficio; II) revisar y discutir la regulación del delito de estupro salvaguardando en todo momento los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; y III) analizar el artículo 107, mediante el que se interrumpe el plazo para la prescripción de sanciones privativas de la libertad.” 

Además, se recogen las recomendaciones que en materia de armonización legislativa ha formulado al estado el Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de órgano rector de la política de igualdad en México, entre las que se destacan, en relación con la legislación penal: I) tipificar como delito el acoso sexual; II) tipificar como delito la violación entre cónyuges; III) eliminar el supuesto para la  prescripción de la pena si el reo contrae matrimonio con la raptada; IV) establecer que todos los delitos sexuales y de violencia familiar, se persigan de oficio, y V) aumentar la penalidad para el abuso y el hostigamiento sexual.”

Luz y sombra… les salió lo “mocho”…

Una petición reiterada de los grupos feministas, incluso señaladas en los foros de consulta ciudadana, realizados por esta Legislatura, fue en el sentido de que se permitiera a las mujeres tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, esto es, que se les otorgara la libertad de que si deseaban abortar, se les permitiera sin ser criminalizadas.

Ayer en la sesión la diputada priista Juanita Andrés subió a tribuna a señalar que había quedado pendiente esa solicitud de las mujeres y se pronunciaba a favor de que se les otorgara la libertad de decidir sobre la despenalización del aborto, sin embargo al momento de emitir su voto, les temblaron las corvas a los 22 diputados que aún estaban en el pleno y a pesar de lo dicho al final votaron todos por el derecho a la vida.

Se acordaron que en el Congreso había más de 12 mil 200 firmas de grupos relacionados con la iglesia católica, muchos de ellos prominentes militantes del Partido Acción Nacional, que se habían pronunciado por la no despenalización del aborto.

Así en una sesión donde por un lado pasan a la historia al legitimar los matrimonios igualitarios, por el otro, se van al otro extremo, a la oscuridad, y determinan que no se deje en libertad a las mujeres para que sean ellas las que bajo su responsabilidad decidan qué hacer con su cuerpo… qué tal que si por andar aprobando eso caen en pecado mortal y en un chico rato hasta el chamuco se los anda jalando al averno… no, Dios guarde la hora.

Para cerrar… Hoy les lloverá a los diputados…

**Bueno pues los diputados no salen de una cuando ya andan en otras, y les adelanto que hoy jueves a las 11:00 horas, las juventudes de izquierda del Partido de la Revolución Democrática, encabezadas por su comisionada nacional, la ex candidata a la gubernatura Martha María Zepeda del Toro, acudirán al Juzgado Segundo de Distrito a ingresar un amparo indirecto ante la negativa de los diputados a hacer pública su declaración patrimonial.

Los y las integrantes de la Juventudes de Izquierda del PRD, consideran una burla la versión pública de las declaraciones patrimoniales dadas a conocer por los legisladores del Partido Acción Nacional, por lo que a través de este amparo indirecto están solicitando a la justicia federal que se exija a los legisladores entreguen y hagan públicas las copias de las declaraciones patrimoniales completas, como se presentaron ante la Contraloría General del Estado.

Los perredistas se sienten enrrachados ya que consideran que fue gracias a ellos que este miércoles se aprobaron los matrimonios igualitarios, y le apuestan a que la justicia federal les dará la razón y se obligará a que los legisladores les entreguen y hagan públicas sus declaraciones patrimoniales completas… ya les platicaré como termina ese asunto.

**Por otra parte le informo que este jueves a las 18:00 horas, en las instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, la Fundación “Jorge Humberto Silva Ochoa, A.C.”, está invitando a un panel denominado “El legado de un educador”, en donde los amigos del ex rector de la Universidad de Colima, estarán recordando pasajes de la vida del licenciado Silva Ochoa, que el pasado sábado 21 de mayo cumplió dos años de fallecido. La entrada es libre y la invitación es abierta.

**Finalmente solo le comento que en la próxima entrega le estaré dando a conocer como una agrupación que estuvo haciendo esfuerzos hasta lo imposible porque dentro del presupuesto 2016 del estado, se le asignaran recursos por diez millones de pesos para su funcionamiento, bueno pues parece que está muy bien parado ante algunos funcionarios de la administración estatal a grado tal que lograron que el Ejecutivo Estatal enviara una iniciativa al Congreso para que se le transfieran recursos de un impuesto.

Lo que le puedo anticipar es que en un primer análisis, de aprobarse esa petición, esa asociación se llevaría muchos millones de pesos que debieran destinarse para fines muy distintos a los que se pretende, pero de eso le estaré ampliando la información en breve “Desde la Curul 26”.