SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL
Por: Florencio Llamas Acosta.
Independiente del nivel de gobierno del que se trate, en el ejercicio del poder político existe una relación muy estrecha entre la gobernabilidad y legitimidad. Para explicarla retomamos a Antonio Camou que afirma que “la gobernabilidad debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”; y la legitimidad la podemos entender desde dos enfoques el de Weber como “es la creencia de la población sujeta a un orden político en la validez de dicho orden” o como la define Habermas, “la creencia de la población de que el orden político que les gobierna es merecedor de reconocimiento”. De forma sencilla definimos la gobernabilidad como generar orden y rumbo a una colectividad y la legitimidad es la aceptación y aprobación por parte del pueblo del rumbo tomado y de las decisiones y acciones emprendidas desde el poder.
En este sentido a dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto es relevante analizar forma breve la legitimidad y gobernabilidad en este periodo de ejercicio del poder público. “Mover a México” ha sido no solo slogan, sino la pretensión del proyecto de gobierno de Peña Nieto, en este propósito a utilizado el poder presidencial para impulsar reformas estructurales que a juicio del mandatario son las necesarias para generar el desarrollo que el país requiere, utilizando como estrategia el Pacto por México, mesa de negociación en la que las principales fuerzas políticas del país han acordado los cambios legales, destacando Peña Nieto que con las reformas estructurales se realizaron 58 modificaciones a la Constitución así como 21 ordenamientos jurídicos.
Sin embargo, el nivel de aceptación a la conducción de este gobierno ha sido bajo, por lo que el costo político de las decisiones tomadas ha sido muy alto, pues de acuerdo a los resultados de las encuestas se observa una desaprobación del desempeño del gobierno Peñista pues existe un descenso en la aprobación desde febrero de 2014 el mayor el porcentaje de mexicanos que dijeron desaprobar al gobierno en turno considerándose que la promulgación de diferentes reformas, entre ellas algunas poco populares, como la hacendaria.
A partir de marzo de este año, los porcentajes de aprobación empezaron a incrementarse y los ciudadanos dijeron aprobar la administración de Peña oscilaron entre 47 % y 52 %. Y la reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, señala que el 46 % de los ciudadanos dijo aprobar mucho o algo la forma en la que el presidente realiza su trabajo, en tanto que 49 % opinó lo contrario.
Como se puede observar la aprobación del desempeño de Peña Nieto es baja, pues no obstante generar orden y rumbo al país, los mexicanos no lograr sentir los beneficios de estas decisiones por lo tanto, no lo consideran digno de un reconocimiento y tiene niveles bajos de legitimidad.
Veremos si en el 2015, las reformas emprendidas como la educativa, energética, en telecomunicaciones, hacendaria logran dar respuesta favorables a las demandas societales de los mexicanos de forma legítima y eficaz para que logre revertir esta valoración ciudadana que en este momento es negativa para el gobierno federal. ¿O usted como lo piensa?
*Maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.
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