Por: Ángel Durán Pérez.
La notificación de acuerdos y resoluciones en juicios se encuentra en un estado obsoleto y necesita una transformación.
Hoy, la tecnología ofrece la oportunidad de lograr notificaciones rápidas en los procesos judiciales, lo que no solo beneficiaría a las partes involucradas, sino que también supondría un ahorro significativo en el presupuesto del poder judicial.
Además, esta modernización contribuiría a la consecución del verdadero propósito de un sistema de justicia eficiente y expedito, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución.
A pesar de la exigencia constitucional de que los juicios sean ágiles, lamentablemente, en la actualidad esto no se cumple.
Los códigos promulgados por la legislatura han establecido un método de notificación a las partes que sigue un sistema anticuado y anacrónico. En lugar de agilizar el proceso, estas prácticas tradicionales ralentizan el sistema judicial.
Cada resolución que se dicta en el expediente se notifica de forma personal en el domicilio designado en la demanda o contestación. Esta modalidad va en contra del objetivo fundamental de garantizar la celeridad en concordancia con la Constitución.
En el pasado, cuando no existían las comunicaciones electrónicas como correos electrónicos o WhatsApp, la ley requería que cada determinación judicial se comunicara personalmente a los litigantes en sus domicilios. Además la notificación se colocaban en los estrados del tribunal o las partes tenían que revisar el expediente en persona.
Estas prácticas obsoletas han resultado en retrasos considerables en el progreso de los procesos judiciales.
Es imperativo que las leyes evolucionen en consonancia con los avances tecnológicos.
Los congresos locales tienen la responsabilidad de actualizar los códigos legales para que estén al día con los desarrollos tecnológicos.
Los jueces, por su parte, deben abandonar las prácticas de notificación anticuadas y adoptar métodos que aprovechen las oportunidades que brinda la tecnología y esto lo pueden hacer a través de la interpretación. Los juzgadores podrían comenzar por comprender el nuevo sistema constitucional en vigor.
Según el artículo primero de la Carta Magna federal, todas las autoridades están obligadas a garantizar la protección de los derechos humanos.
En este sentido, la rapidez en los juicios se contempla como una garantía para los litigantes. Los jueces podrían considerar el uso de la tecnología como una herramienta interpretativa para agilizar los procesos judiciales.
Una manera de implementar este cambio es que los litigantes incluyan en sus demandas o contestaciones una solicitud explícita de que todas las notificaciones se realicen a través de medios electrónicos, como correos electrónicos o WhatsApp.
Esta práctica es común en el sistema de justicia federal, donde las partes pueden mantenerse informadas sobre el progreso de los juicios a través de un expediente electrónico.
Aunque esta herramienta aún no está disponible a nivel estatal, los jueces podrían interpretar las normas existentes de manera flexible para permitir notificaciones electrónicas a solicitud de las partes. El objetivo es asegurar que las determinaciones judiciales lleguen a las partes de manera rápida pero segura.
Otra vía para modernizar el sistema judicial, es que los congresos locales implementen reformas legislativas. Estas reformas deben otorgar a los jueces la facultad de utilizar notificaciones electrónicas.
Además, es crucial asignar el presupuesto necesario para que el poder judicial local pueda migrar al uso de expedientes electrónicos, siguiendo el ejemplo del sistema de justicia federal. Esta transición agilizaría el trámite de los expedientes y contribuiría a cumplir con la obligación constitucional de garantizar una justicia más rápida.
Sin embargo, este cambio no puede llevarse a cabo únicamente por parte del poder judicial y las autoridades legislativas. La comunidad “litigante” también debe esforzarse por respaldar estas propuestas y apoyar la incorporación de la tecnología en la administración de justicia. Esta colaboración es esencial para lograr que los litigios se resuelvan de manera más expedita.
Al mismo tiempo, es importante resaltar los beneficios económicos de esta transformación. Tanto el poder judicial como el sistema de justicia en su conjunto podrían reducir gastos sustanciales. Por ejemplo, se evitarían los costos relacionados con el traslado de los actuarios para notificar a las partes en sus domicilios. Además, se ahorraría tiempo y recursos al eliminar la necesidad de utilizar vehículos y recursos personales para llevar a cabo estas notificaciones.
En última instancia, es esencial abandonar las prácticas de notificación anticuadas y adoptar métodos más eficientes y modernos.
Aunque se requiere una reforma legislativa para establecer estos cambios de manera formal, los jueces pueden contribuir a este proceso adoptando prácticas más ágiles en la medida de lo posible. La adopción de notificaciones electrónicas, en línea con el desarrollo tecnológico, es un paso crucial para garantizar una justicia más rápida y eficiente en México.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.