TAREA POLÍTICA

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RECULONES

Por: José Luís Santana Ochoa

Los que tuvieron que dar el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno; el Secretario General de Gobierno, abogado patito Rafael Gutiérrez Villalobos; y el Procurador General de Justicia, Marcos Santana Montes, al liberar a 33 de los 34  ejidatarios de Ayotitlán, Jalisco, que habían sido detenidos por la supuesta comisión de los delitos  de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada, en contra del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada. “Esas personas pueden alcanzar una penalidad de hasta 40 años de prisión y no tienen derecho a fianza. Vamos a proceder con toda energía puesto que en Colima el estado de Derecho tiene que respetarse, cuando una persona comete un delito tiene que responder por las consecuencias legales que el mismo le implicó”, había declarado el férreo Santana Montes, para luego ponerse flojito y cooperando ante el apretón de huesos que a él, a Rafael y a Mario, les dio Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco.

Tan cargados del lado de la empresa se vieron Gutiérrez Villalobos y Santana Montes, que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula De La mora, tuvo que jalarles las orejas declarando que las autoridades deben cuidar siempre las formas y ser neutrales, imparciales e independientes. “Las autoridades debemos actuar, de manera neutral, imparcial, independiente y sustentados en la Constitución y las leyes reglamentarias, y de esa manera hay credibilidad social y confianza ciudadana, que es a lo que aspiramos”, les recetó con claridad y contundencia, fiel a su estilo personal de entrarle en forma directa y al grano a los temas que le incumben.

Fueron Eusebio Jacobo Ciprián y Prudencio Mancilla, comuneros y representes del Fideicomiso del Ejido de Ayotitlán, quienes pidieron clemencia para sus compañeros que, “si bien cometieron algunos ilícitos,  no sabían el alcance de los acontecimientos, toda vez que fueron engañados. Ellos reconocen que fueron engañados  por algunas otras personas que son los verdaderos responsables de la situación y deben pagar por lo que hicieron, pero que nuestros compañeros sean absueltos, porque ellos desconocen los acuerdos que se tomaron”. Así es que como inocentemente pecaron, el magnánimo gobernador los perdonó al mismo tiempo que sus investigadores “ya están haciendo las averiguaciones para encontrar a la persona que originó el conflicto”.

Aunque el representante de Peña Colorada, Arturo Tronco Guadiana, había rechazado que la empresa fuera a otorgar el perdón a los ejidatarios que provocaron daños a equipo y vehículos, el todavía mandatario estatal Mario Anguiano Moreno lo hizo y acordó con su homólogo jalisciense Aristóteles Sandoval Díaz establecer una mesa de diálogo entre el Consorcio Minero Peña Colorada, los ejidatarios de Ayotitlán y representantes de ambos gobiernos para dar solucionar la problemática de los ayotitlenses “por la vía del diálogo y  los acuerdos para resolver las diferencias”, sin represión como la que ejercieron Mario, Rafael y Marcos

A las armas de la PGJ y de la Policía estatal preventiva que se habían cubierto de gloria en la recuperación de las instalaciones de Peña Colorada en Minatitlán, les salieron los tiros por la culata. Los responsables del gran ridículo son Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Marcos Santana Montes. El general Raúl Pinedo Ávila es el menos de culpar, pues sólo recibe órdenes del trio.

EL ACABO

  • Los líderes empresariales del estado, con una que otra honrosa excepción como la del Presidente de COPARMEX Colima, Guillermo Brun Solórzano, se la pasaron todo el sexenio 2009-2015 aplaudiendo a rabiar al incompetente y nefasto todavía gobernador Mario Anguiano Moreno, yendo incluso en contra de los legítimos intereses de sus agremiados, mudos testigos de una administración mala paga que llevó a la quiebra a constructores y proveedores ajenos al cartel anguianista, al mismo tiempo que dispuso a placer de fondos destinados a la promoción económica como el de las aportaciones del 2% de la nómina y el impuesto al hospedaje, abusos y desviaciones que no deben quedar impunes. ¿O sí, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca  Isabel Ávalos Fernández? Es pregunta, no se enojen.