TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, reconoció recién el trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, especialmente durante la crisis por la pandemia de Covid-19, previa a la nueva realidad que ya viven pues han dejado de recibir demandas y sólo funcionarán para terminar con el rezago existente, por lo que la funcionaria llamó a realizar un trabajo que finalice el atraso en juicios con apego a la justicia y el derecho. Es comprensible que su operatividad durará mucho tiempo pues tienen expedientes hasta por más de diez años de antigüedad.
A 95 años de vida esta institución, expuso, estamos viviendo tiempos inéditos para el mundo del trabajo, donde “se pone en el centro a los trabajadores” y esto debe ser un hecho en la nueva etapa para la Junta, que es atender todo el rezago que se presenta alrededor del país”.
De seguro, “los ojos estarán puestos en lo nuevo, aunque lo nuevo es la esperanza, es la posibilidad de que la justicia laboral sea mucho más expedita, pero también los ojos estarán depositados en lo anterior, en lo que persiste todavía, que es la actuación de los tribunales y de las juntas federales”.
Esas Juntas especiales y las correspondientes en los estados, se constituyeron en una judicatura imparcial, conciliadora, justa y en factor eficaz del equilibrio entre capital y el trabajo, entre los empleadores y trabajadores, entre sindicatos y empresas, entre organismos de seguridad social y asegurados, lo que los llevó a elegirse como “un baluarte de prestigio de la paz social de nuestro país”.
Las Juntas de conciliación en el país cumplieron pues su cometido, ni duda cabe, pero dejaron de lado la justicia en forma pronta y expedita. Durante muchos años, en ellas mandaron los patrones y los expedientes se acumularon, pero al paso del tiempo los trabajadores fueron ganando terreno a pesar de que los sindicatos traicionaban los movimientos a cambio de migajas de los empleadores. Y cuando aquellos demandaron justicia, se toparon con procesos tardíos y sentencias sospechosamente desfavorables.
Como experiencias que dan vergüenza están la quiebra de Mexicana de Aviación, cuyos miles de trabajadores resultaron burlados: los patrones contaron con el cobijo del gobierno federal de turno y jamás los defraudadores pisaron la cárcel. Luego el caso de Interjet, donde sus dueños, los Alemán, quedaron a deber salarios de los trabajadores y aún les birlaron sus ahorros en forma por demás cruel y descarada.
Pero reformas a las leyes, la creación de instituciones nuevas y la presión de sus socios comerciales han ido transformando la realidad laboral, aunque persisten cacicazgos sindicales como el de Pemex, aunque ahora los nuevos organismos laborales promueven la conciliación entre las partes en conflicto antes que los juicios largos y tediosos y echan mano de funcionarios más capacitados en la materia. Esto es parte sustancial porque se constata que, en efecto, hay una vocación de las instituciones que han surgido del clamor de justicia de los trabajadores, nada es fruto de la casualidad, hay una toma de conciencia de que el capital es importante pero que también debe protegerse el derecho humano al trabajo y a recibir por él un pago remunerativo acorde a las labores cumplidas.
México debe humanizar la relación entre capitalistas y trabajadores, dotar de justicia a sus decisiones, pensar en la personas antes que en sus intereses, intervenir a través de estructuras jurídicas cuando haya corrupción entre empresarios y líderes sindicales a fin de proteger fuentes de empleo, la viabilidad productiva y los derechos humanos.
Debe acabarse también, para siempre, en la esfera de las instituciones públicas, la impunidad en decisiones laborales que afectan a los trabajadores. Por ejemplo, no es posible que los gobiernos arrebaten los derechos de los trabajadores de confianza y les nieguen lo que por ley les corresponde luego de laborar muchos años. No puede permitirse que el propio gobierno sea el máximo violador de derechos.
Tiene que aparecer el humanismo en cualquier momento en el ambiente jurídico respecto a lo laboral. Que la letra constitucional sea ley verdadera y se cumpla. Antes que todo, los trabajadores son personas y sujetas de derecho, esto no debe olvidarse nunca.