Pidió en el programa “En la Mira”, de ABC Radio, que se aclaren todas las dudas que existen sobre el convenio de venta entre el Gobierno estatal y la empresa privada Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el que destaca “el pago de mil millones de pesos con anterioridad”, sin precisar a quién ni cuándo se hizo, como el presunto precio de diez dólares por metro cuadrado, ya que han negado todo acceso a esa información.
La gravedad del problema es que de continuar con el proyecto no existe un estudio de impacto ambiental confiable que garantice el respeto al ambiente, lo que derivará, sin lugar a dudas, en la contaminación de la playa de ese lugar y la Laguna de Juluapan; además no existe la garantía de que se respetará la vida comercial de los habitantes de la zona.
Entrevistada por Federico La Mont, la diputada por Colima aclaró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no está en contra del desarrollo turístico de la zona, sino de los actos de corrupción que opacan cualquier convenio de esta naturaleza, en el que “son los malos manejos que se realizaron”, por lo que este partido dio todo su respaldo al punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para que intervenga y mande llamar a cuentas al exgobernador Silverio Cavazos y a Mario Anguiano.
La hija de Arnoldo Vizcaíno, precursor del PRD en el estado de Colima, advirtió claramente la necesidad de transparentar este caso de corrupción, lo que se haría a través del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental.
Tienen que dar a conocer a la opinión pública todos los detalles de la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, que realizaron el Gobierno del estado de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo.
El conflicto que enfrenta el Gobierno del estado sigue en sus manos, por lo que tienen que dar respuesta clara a los cuestionamientos públicos sobre esa operación de compra-venta. Ayer, también ramaderos de la zona de La Boquita partieron en caravana del puerto de Manzanillo al jardín Libertad de la capital del estado, en protesta por la venta de los terrenos.
Vizcaíno Silva y el diputado federal Leoncio Morán Sánchez pidieron en San Lázaro el avalúo con el valor de mercado del terreno, convocatoria de licitación, criterios de evaluación y resultado de cada una de las ofertas de compra, y en caso de haber existido una licitación, mecanismos o criterios para determinar la adjudicación del terreno, entre lo más importante de aclarar.
Fue en octubre pasado cuando el Gobierno del estado de Colima, aún encabezado por Silverio Cavazos Ceballos, anunció el megaproyecto turístico en la zona de La Boquita, en los márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo. Esto en un terreno que inicialmente fue propiedad del Gobierno federal, pero que en el año de 1991 donó al Estado de Colima “para fines turísticos”.
Dos años después, en 1993, el Congreso del Estado de Colima autorizó al Ejecutivo del estado vender el terreno, con la condición de que los recursos que se obtuvieran fueran utilizados para realizar obras de beneficio social en el puerto de Manzanillo.
Los problemas, explicó Vizcaíno Silva, empezaron cuando el comprador incumplió con las condiciones de pago, por lo que la propiedad y posesión volvió al Gobierno del estado de Colima.
Y en octubre pasado el aún gobernador Silverio Cavazos Ceballos anunció que la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se encargaría del megaproyecto turístico, al adquirir mediante un convenio de compra-venta el terreno, propiedad del Gobierno de Colima.
Nunca se dieron a conocer los detalles del convenio, como el destino del “pago de mil millones de pesos con anterioridad”, por lo que es notable la opacidad con que se realizó esta operación, que a la fecha no se ha transparentado.
En perspectiva de la diputada Vizcaíno Silva, el gobernador Mariano Anguiano tiene la oportunidad histórica de transparentar este problema que marcará su administración. Pidió que abra la información al público, porque es la fecha que no pueden tener acceso ni los diputados.
Todos quieren saber la cantidad de dinero recibida a la fecha por el Gobierno del estado de Colima, institución bancaria, número de cuenta y titular de la cuenta a la que fue destinado; nombres de los integrantes del Consejo Directivo de Administración de Puerto Santiago, dictamen de cambio de uso de suelo, plan parcial de desarrollo urbano.
Así como si existe la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la realización del proyecto del desarrollo turístico y las obras de mantenimiento y conservación del manglar, así como la manifestación de impacto ambiental.
NOTA PUBLICADA EN EL SOL DE MÉXICO
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1418532.htm