De acuerdo con el documento enviado por el consejero legal del Departamento de Estado, Harold Hongju Koh, a la corte de distrito de Connecticut, en el que sugiere la inmunidad, el gobierno de Estados Unidos tiene interés en el juicio contra Zedillo ya que plantea un litigio contra un ex presidente y jefe de Estado de México.
La petición recuerda que la Constitución de ese país otorga atribuciones al presidente de Estados Unidos de presentar solicitudes de inmunidad de ex funcionarios extranjeros e insiste en que el ex presidente de México goza de inmunidad de jurisdicción en virtud del derecho internacional y la conducción de las relaciones internacionales de ese país.
El documento, fechado el pasado 7 de septiembre, que también certifica la sugerencia de inmunidad que ya había enviado electrónicamente el presidente Obama, también aclara que la sugerencia de inmunidad no se manifiesta sobre el fondo de los reclamos de los demandantes, sino que ejerce la facultad del Ejecutivo para pedir la inmunidad.
Haciendo una relación de casos similares que sustentan la inmunidad soberana extranjera del Ejecutivo de varios países, el Departamento de Estado también sostiene que no corresponde a los tribunales denegar una petición de inmunidad al gobierno.
El documento en el cual se argumentan —a lo largo de 11 cuartillas— las razones que llevaron al gobierno de Obama a conceder inmunidad a Zedillo refiere que cuando un gobierno extranjero solicita otorgar inmunidad a los actos de un ex funcionario, se considera que los actos denunciados por demandantes anónimos fueron supuestamente ejercidos en su carácter de funcionario público. Establece que en el caso de los ex jefes de Estado tienen amplias responsabilidades y que las acciones de Zedillo fueron tomadas, en su caso, con carácter oficial. Incluso ejemplifica que los negocios financieros no se consideran actos realizados en función de su labor oficial.
También establece que Zedillo ejerció sus facultades como presidente de México y que el Departamento de Estado no encontró una razón suficiente para cuestionar la evaluación preliminar respecto de la inmunidad, a pesar de que en sus alegatos los demandantes sostienen que el ex presidente debería ser responsable del comportamiento de menor nivel.
Fuente: MILENIO