Por: Manuel Olvera Sánchez
Hoy en día la confianza en las instituciones gubernamentales ha ido a la baja por parte de la sociedad mexicana lo cual propicia un escenario de total incertidumbre tanto para los mexicanos como para las mismas instituciones.
Dentro de las múltiples empresas encargadas de medir los niveles de confianza de las instituciones el común denominador es el descontento generalizado (e incluso en aumento ) hacia los partidos políticos, sindicatos, diputados, policías , presidencia y senadores.
Para nadie es desconocido que derivado del actuar de la clase política hoy en día sea esta en quien menos confianza depositan los ciudadanos y no es para menos, ya que independientemente de que hemos experimentado alternancia en el gobierno federal, la calidad de vida de los mexicanos no ha mejorado, al contrario, los números de pobres ha ido en aumento, por lo tanto, la brecha entre la desigualdad social ha sufrido un incremento de manera significativa.
Lo que no se puede tolerar es cómo es posible que la clase política conociendo del hartazgo de la sociedad para con ella continúe siendo omisa y procure salvaguardar sus intereses personales, revelando que lo que menos les importa es la sociedad. Lo anterior se puede corroborar con las múltiples evidencias de corrupción llevadas a cabo por los tres niveles de gobierno.
En nuestro País existen leyes e instituciones que precisamente su función es procurar el orden en el actuar de los servidores públicos, así como de la sociedad misma, lo cual no debería de preocupar cuando nuestra conducta es apegada a derecho.
Vale recordar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima contemplan el fuero constitucional como un beneficio para Senadores de la Republica, Diputados Federales, Funcionarios Públicos, Diputados Locales y Munícipes, entendiéndose como una prerrogativa de la que gozaran en el desempeño de sus funciones por los puntos de vista vertidos de manera pública; sin embargo, ha sido mal interpretado y sabedores de que en raras excepciones serán llamados a cuentas se escudan en el fuero constitucional para en muchos casos cometer desvió de recursos e incluso lavado de dinero.
Lo anterior viene al caso por la trascendencia y ser tema de actualidad por la reciente iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo en el Estado José Ignacio Peralta, quien ha mencionado que la iniciativa nace para procurar que la impunidad sea inhibida y los actos de corrupción sean enfrentados sin el cobijo del fuero Constitucional y lo más importante que la sociedad este cierta de que en Colima se castigara a funcionarios que derivado de sus actos ameriten ser sancionados.
Claro está que la clase política consciente de los beneficios que representa el gozar del fuero constitucional no comulgara con la iniciativa turnada por el Gobernador Ignacio Peralta y precisamente se encuentra en manos del poder Legislativo tanto en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales encargada de analizar la propuesta como del pleno del Congreso las reformas que le harán a la iniciativa del Gobernador y en su caso aprobarla.
Resulta evidente que es una iniciativa mediante la cual revela que lo que menos le preocupa al Gobernador es contar con esa prerrogativa y más aún porque al renunciar a ella se presume que sus actos de gobierno han sido apegados al estado de derecho desvirtuando cualquier sospecha sobre mal uso de los recursos públicos.
Salvo declaraciones del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (por obvias razones) ningún otro dirigente de los partidos políticos estatales se han pronunciado sobre dicha iniciativa, lo cual deja entrever que será un tema por demás delicado al interior de los grupos parlamentarios, así como concretar acuerdos dentro del instituto político al que representan y más aun al momento de someterlo a su aprobación respectiva.
De sobra es conocido que las condiciones financieras del Gobierno del Estado al iniciar la Administración del Gobernador Ignacio Peralta Sánchez eran desastrosas, situación que ha ido superando gracias a estrategias financieras llevadas a cabo y a ser cuidadosos en el manejo de los recursos públicos y el actuar de forma contraria impediría que los planes y programas pretendidos por el Gobernador para beneficio de los colimenses no sean concretados .
Independientemente de ser una iniciativa del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez los legisladores están ante una magnífica oportunidad de enviar un mensaje a la sociedad de que hoy en día el actuar de los funcionarios deberá ser siempre apegado al estado derecho y bajo esta visión no se justifica el fuero Constitucional, ya que el actuar así garantiza que nadie deberá ser llamado a cuentas por actos de corrupción y lavado de dinero.
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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