TAREA PÚBLICA

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OCDE: CALIDAD EDUCATIVA

Por: Carlos Orozco Galeana

Las últimas semanas autoridades educativas del país promueven exámenes de oposición para otorgar plazas a nuevos maestros en concordancia a la nueva ley del servicio profesional docente que exige perfiles específicos  para el desempeño profesional frente a grupo. Esta es una política vital orientada a dotar de mayor calidad al servicio educativo en beneficio de la niñez y la juventud.

Esta acción gubernamental ha metido ruido al interior de las organizaciones sindicales y en los propios egresados, pues   a partir de aquella ley no hay garantías ahora de que quien ocupe una plaza la tendrá para siempre pase lo  que pase; ahora, los nuevos maestros tendrán un acompañamiento de tutores por dos años para que cuando compitan por la permanencia posean las competencias que les exige la Secretaría de Educación conforme al planteamiento constitucional, considerando que al egresar no todos son aptos de enseñar en un salón de clases.

En los países donde la educación está muy en alto, no todos los egresados de las instituciones equivalentes a las normales mexicanas terminan su ciclo de formación con las aptitudes para estar frente a grupo. Es como un 10 por ciento del total el que reúne esa condición y el resto se desempeña en otras actividades accesorias a la enseñanza. Y nadie se enoja por esos lugares. Se acepta esa política de estado  incluyente en favor de los maestros más aptos. Estado y sindicatos negocian y se ponen de acuerdo mirando al bien social.

Ahora mismo, el sistema educativo se estremece porque el régimen actual se decidió a mejorar las cosas de alguna manera. No ha sido  fácil avanzar con la reforma educativa en un ambiente que desde cuando se enrareció por la permisividad del Estado respecto a las prácticas escolares, y a su actitud  frente a los sindicatos. El vandalismo magisterial en algunas regiones sureñas demuestra las dificultades del proyecto reformista por el rechazo a exámenes de oposición. Persisten vicios  en contra de una educación de calidad. Esto es visible en todos los lugares, y por si fuera poco, los exámenes Pisa una y otra vez ubican a la educación nacional en los últimos lugares. Hace falta una revolución verdadera.

México está en una encrucijada fatal: o mejora la educación o se verá condenado a ocupar los últimos lugares en la competencia y el mundo global. La OCDE, que tiene puntería de apache en sus observaciones,  recomienda al gobierno mexicano poner atención “en los factores que no dejan pensar en un buen futuro”.  Expone que la calidad educativa depende de los maestros y que estos deben tener claro que la calidad de sus estudiantes debe ser su producto mejor.

Lo que ya sabemos todos, lo confirmó la OCDE:  los estudiantes mexicanos  deben conocer las matemáticas básicas y las capacidades que les permitan leer y comprender material técnico,  además  de ajustarse a las formas cambiadas, modificadas, en que trabajan hoy las empresas.

Esta es una exigencia de alto rango. Los maestros del nivel superior no saben qué hacer frente a las deficiencias de los alumnos que no se expresan bien oralmente o por escrito. NI ellos mismos se entienden a veces. Los académicos no pueden resolver en un semestre o dos las insuficiencias acumuladas ciclo tras ciclo en que un gran número de estudiantes pasó de “panzazo”.

El desafío de la calidad educativa es colectivo. No puede circunscribirse solo a la acción del maestro o del mismo gobierno, sino que involucra la responsabilidad social. Ha de trabajarse una forma integral de percibir y hacer que la educación sea una tarea con una visión compartida. Los sindicatos, que a veces reniegan de algunas políticas estatales, deben  sumarse con un sentido de cooperación social para cumplir  objetivos y metas. El gobierno federal no debe perder  de vista  que la parte principal, el maestro, debe ser apoyado siempre cuando su responsabilidad en el servicio esté comprobada.

Por otra parte, el gobierno debe ser más contundente y preciso para instaurar lo cambios, estos no pueden lograrse por decreto ni verticalmente como suele acostumbrarse sino mediante el consenso fruto del diálogo responsable. El problema nacional es que regularmente los funcionarios de mayor nivel piensan que los planes o programas prosperarán solo porque uno o varios de ellos  así lo disponen. Las cosas no son así, evidentemente. El reto de la calidad educativa implica a todos los sectores sociales, y los maestros son los actores principales.