Por: Ángel Durán.
En México, la mujer tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
Este derecho, consagrado en el artículo 1ro. Constitucional y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en tratados internacionales, exige una acción decidida y consciente por parte de nuestras autoridades judiciales y de procuración de justicia.
Sin embargo, la realidad muestra un escenario desalentador, donde frecuentemente las voces de las víctimas se ahogan en un mar de procedimientos insensibles y prácticas obsoletas.
En el contexto laboral, el acoso y la discriminación contra las mujeres son realidades cotidianas.
Casos de mujeres que son menospreciadas, humilladas, y maltratadas por sus compañeros y superiores no son ajenos en nuestro entorno.
Pero, ¿qué sucede cuando estas mujeres valientemente dan el paso para denunciar?
Es una constante que cuando, se encuentran con un sistema que no les brinda la protección y el apoyo que la misma ley dice, y más en el sistema penal que los jueces son muy legalistas y no juzgan con perspectiva de género, y menos como lo establecen los tratados internacionales que contemplan los derechos para proteger a mujeres, a pesar de estar obligados para hacerlo, de acuerdo a lo que dice la Constitución mexicana.
Cuando una mujer acude a la fiscalía para denunciar el acoso laboral, espera encontrar un refugio seguro y un proceso justo que respete y haga valer sus derechos.
Sin embargo, la realidad frecuentemente es diferente.
Se enfrentan a un sistema que, por ignorancia o desdén, minimiza sus experiencias y perpetúa la violencia que buscan erradicar.
Si por alguna razón, el ministerio público se obtiene de investigar y la víctima acude ante el juez de control, en muchas ocasiones, estos se muestran en insensibles y por práctica cotidiana, no se esfuerzan por estudiar los derechos de las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia: en sus trabajos, con sus familias o en cualquier otro lugar, mucha complicidad que sufran los víctimas.
Esto no solo es inaceptable, sino que constituye una violación flagrante de sus derechos fundamentales.
Es momento de recordar a los fiscales y jueces de nuestro país, que cada denuncia merece ser investigada con rigurosidad y sensibilidad.
La perspectiva de género no es un añadido opcional, sino un mandato legal y moral.
Investigar con perspectiva de género significa entender el contexto particular en el que la violencia de género ocurre y reconocer las desigualdades estructurales que perpetúan esta violencia.
Implica no solo escuchar, sino también creer y actuar en consecuencia.
El caso de una mujer acosada laboralmente no es simplemente un conflicto entre empleados; es un reflejo de una sociedad que aún tiene que lidiar con el legado de la desigualdad y el patriarcado.
Cada comentario despectivo, cada gesto de menosprecio, y cada acción que busca menoscabar su dignidad, no solo afecta a la víctima sino que erosiona el tejido de nuestra sociedad.
Se hace un llamado urgente a los fiscales y jueces de Colima para que abracen plenamente la perspectiva de género.
No se trata de un mero ejercicio de cumplimiento legal, sino de un acto de justicia que reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas.
Las mujeres de nuestro estado y de México merecen un sistema de justicia, que esté a la altura de sus derechos y necesidades.
A la sociedad mexicana, es hora de ser más empáticos con las víctimas de violencia y discriminación de género.
Debemos educarnos, informarnos y actuar para cambiar las dinámicas que perpetúan la violencia contra las mujeres.
Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un México más justo e igualitario.
La violencia y discriminación contra las mujeres son flagelos que debemos erradicar juntos.
Es una lucha que requiere el compromiso de todos: autoridades, sociedad civil, y cada ciudadano.
Solo así podremos garantizar que cada mujer en México viva una vida libre de violencia y llena de respeto, dignidad y justicia.
También es muy importante que instituciones públicas, encargadas de proteger y los derechos humanos en nuestro Estado; como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones de mujeres deberán exigir al sistema judicial y pedir políticas públicas, enfocadas a conseguir este fin.
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