* La reforma al sistema estatal de pensiones y jubilaciones no se concretará al menos en este año afirma Vázquez Cerda *Los recursos destinados a pensiones superan a los presupuestos de cualquier secretaría excepto Salud, Educación y Seguridad Pública
Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Construcción de banquetas, pavimentación de carreteras, equipamientos a edificios, mantenimiento de infraestructura son acciones de obra pública por montos millonarios que se pudieron haber hecho durante el sexenio del gobernador Mario Anguiano Moreno si se hubiera reformado el sistema de pensiones.
En lo que va del sexenio, el gobierno de Mario Anguiano ha destinado más de mil 500 millones de pesos de la cuenta corriente al pago de pensiones y jubilaciones, debido a que la entidad carece de un sistema financiero adecuado y pese a que como mandatario se comprometió al inicio de su gobierno a su reformulación, esto no ha sido concretado.
Lo anterior ha cancelado a los colimenses de obra pública necesaria, programas, acciones, subsidios o cancelación de pasivos de la deuda pública que superó los dos mil 500 millones de pesos durante la presente administración.
Las cifras
El dinero destinado para el 2014 en el pago de pensiones y jubilaciones de los extrabajadores del gobierno del estado será de 355 millones de pesos que supera el presupuesto de cualquier secretaría, excepto la de Salud, Educación y Seguridad Pública, aunque éstas reciben trasferencias del gobierno federal a través de diferentes fondos y ramos.
Incluso es superior al monto que se destinará este año a la construcción, modernización y mantenimiento de la infraestructura estatal que es de 321 millones de pesos, esto es la obra pública con recursos propios.
Las entidades paraestatales, promoción turística, subsidios a la producción, organizaciones sin fines de lucro, el poder legislativo o judicial tienen menos recursos individualmente que el gasto en pensiones.
Bomba de tiempo
La consultoría nacional Aregional ubicó a Colima dentro de los estados con mayores complicaciones financieras cuyas pensiones y jubilaciones “se convertirán en un pasivo contingente mayor, se trata de una gran bomba de tiempo”, advirtió en el 2013 para los medios de comunicación a nivel nacional.
El gobierno del estado tiene una plantilla laboral aproximada de 4 mil 500 trabajadores, en donde anualmente se aprueban cerca de un centenar de jubilaciones o pensiones por el congreso del estado pues afecta partidas presupuestales cuyo promedio son de alrededor de 8 mil pesos mensuales.
Una reforma al sistema de pensiones implicaría la creación de un fideicomiso o fondos independientes administrados por el estado con aportaciones de los trabajadores y el gobierno.
Entre las jubilaciones más onerosas aprobadas está la de Guillermo Ruelas Ocampo, ex magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien percibe cerca de 80 mil pesos al mes.
A Carlos Alberto Macías Becerril, ex juez de la primera sala penal, se le concedió una jubilación de 73 mil pesos mensuales en 2006, y al ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Felipe Chávez Carrillo, una de 60 mil pesos en 2008.
De acuerdo a datos del INEGI, la pensión promedio del IMSS en el 2013 fue de 3 mil 700 pesos.
En junio de 2013, en sesión ordinaria diputados locales aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y a la Ley de Educación del Estado de Colima, así como el artículo 87 de la Ley de Educación del Estado de Colima, con lo que se establece el tope máximo a las pensiones por jubilación de 16 salarios mínimos por día, es decir alrededor de 28 mil 800 pesos.
Los legisladores también aprobaron reformas al Artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que establece las jubilaciones a trabajadores varones que cumplan 30 años de servicio y 28 las mujeres con el cien por ciento de sus percepciones.
Recientemente, los diputados aprobaron una pensión a la esposa del gobernador, Alma Delia Arreola de Anguiano por 29 mil 955 pesos mensuales y a Juana Hernández Horta, directora de Procedimientos Legislativos del Congreso del estado por 42 mil pesos mensuales.
Sin embargo el diputado priista, Oscar Valdovinos, justificó que en el caso de la esposa del gobernador, tenía acreditada su antigüedad pues se desempeñaba en Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado y tenía licencia como presidenta del DIF estatal, mientras a Hernández Horta su solicitud de jubilación comenzó en el 2012, por lo que no aplica la retroactividad del tope de pensiones.
Municipios: en peor situación
El gobierno del estado, después de autorizar la jubilación, debe asignar la plaza laboral a la persona que haya escogido el jubilado para reemplazarlo como así lo establece Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
“Es un derecho del trabajador, generalmente se hereda la plaza a sus familiares” señaló el diputado perredista Francisco Rodríguez quien agregó que el gobierno del estado, por su presupuesto, puede absorber ese impacto financiero de incrementar su plantilla pero los ayuntamientos no.
Uno de los municipios más comprometidos es Tecomán, con una plantilla de trabajadores de más de 450, por lo que sólo ha concedido 28 jubilaciones desde el 2010.
Sin embargo, la reforma no será presentada ni analizada este año como sostiene el secretario general del sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Víctor Vázquez Cerda, quien fue diputado en la pasada legislatura y no presentó ninguna iniciativa al respecto.
“Aunque se requiere hacer una reforma al sistema de pensiones no existen condiciones para hacerlo en corto plazo, o resultaría una propuesta a ‘quemarropa’ si se fija como plazo concretarla antes de que finalice el 2014”.