Durante la IX Reunión de Regional de Procuradores de Justicia, que convocó a los ocho fiscales, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, destacó que la enorme responsabilidad de procuración de justicia “es una de las principales obligaciones del Estado Mexicano y de los estados de la República. Es de vital importancia la tarea diaria que en sus personas -señores procuradores– se deposita por los estados y la sociedad que ve con preocupación la dinámica social de la delincuencia y del crimen organizado”.
“Felipe Calderón ha señalado y reconocido la importancia de enfrentar este reto con toda la energía del Estado y la realización de estas reuniones de trabajo es la oportunidad de intercambio de experiencias de información, de análisis para dar los mejores resultados que nos está demandando la sociedad”.
Comentó a los fiscales de Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y el de Jalisco reunidos en el Municipio de Jocotepec, ayer viernes 8 de agosto.
Y reconoció que el delito más devastador es el del secuestro, en donde aclaró que en “Jalisco ante los efectos -por fortuna limitados- que hemos tenido, en donde se ha aprendido y consignado a los responsables, por la oportunidad de una investigación ágil y expedita que impida que este delito pueda crecer, pero que por sus consecuencias son devastadoras para la víctima, para la familia, para la seguridad y confianza de los inversionistas que son la base para el empleo y el desarrollo”.
PENAS SEVERAS
Ante la presente modificación del Código Penal en el Estado, Pérez-Peláez, destacó que sentenciar a cadena perpetua para estos casos pudiera ser un buen inhibidor de este delito.
“Es fundamental la severidad en la aplicación de las penas en un delito tan grave como es el secuestro, que en mi opinión es el delito de más alto impacto dejando de lado los actos terroristas. Este afecta a la persona a las familias a sus bienes, seguridad y confianza empresarial, es un delito devastador y debe de ser sancionado con toda severidad”.
Aclaró que de ahí la iniciativa de Felipe Calderón de llevar la penalidad a una condena perpetua.
“Hoy por hoy en Jalisco tenemos una legislación que desde hace diez años, por una serie de secuestros graves de aquel entonces, se modificó la ley y podemos decir que la misma sin llegar a la cadena perpetua es severa, tenemos 35 años y habiendo participado algún agente de seguridad o funcionario será adicional -llegando a 50 años- y no gozan de las prerrogativas para la preliberación”.
PENA DE MUERTE
En la opinión pública y por los últimos casos de secuestro y homicidio en donde participan elementos de seguridad y procuración de justicia, en donde se habla de la pena de muerte contra estos grupos criminales, el ex diputado federal es claro en su postura.
“Es un tema de debate que en mi opinión ante un delito tan devastador, las penas altas son suficientes, ellos tienen que llegar a esta pena (35 ó 50 años de prisión)”. Volvió hacer hincapié en que la impunidad es sin duda, más allá de las penas mismas, el objetivo a atacar en estos y otros delitos, en donde habiendo la consignación de los responsables las penas severas es lo que pudiera inhibir estos actos delictivos.
Pero llegar a la pena capital, sostuvo es de entrada inconstitucional, “creo que México ha asumido una posición en contra de la pena de muerte, hay la posibilidad de un error humano por lo que la reparación sería imposible, los aparatos judiciales pueden equivocarse”.