Al concluir anoche la ronda de posturas de los partidos respecto del quinto Informe de gobierno de Felipe Calderón, la diputada Yolanda de la Torre Valdez respondió a la exigencia que previamente había hecho el Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que “cada partido se haga cargo de sus delincuentes políticos”.
De la Torre Valdez exigió “la renuncia inmediata” de los funcionarios públicos que estén relacionados con “actos de corrupción o colusión” en casinos en Monterrey, Nuevo León, “aunque se trate de hermanos”, en referencia al alcalde panista de esa ciudad, Fernando Larrazábal, y la entrega de dinero a su hermano Jonás en casas de apuestas. Aun así, la legisladora pidió al resto de las bancadas parlamentarias “sumar en positivo, cuando el país requiere en este momento tanto de todos”.
Refirió que, como parte de los acuerdos de su bancada para el periodo legislativo que inició ayer, el tricolor tiene entre sus objetivos destrabar las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la ley de seguridad nacional, pero sin admitir las presiones desde el Ejecutivo y otros grupos parlamentarios. “No aprobaremos, por consigna o bajo presión, leyes que impacten de manera permanente la vida de los mexicanos, sin someterlas a escrutinio, porque eso sería irresponsable”, atajó.
El PRI, insistió, legislará con la responsabilidad que tiene “de representar al pueblo de México” y pugnará por los debates que no descalifiquen, sino privilegien el diálogo “pero con respeto a las posiciones ideológicas”. Expuso que los priistas buscarán que se apruebe la reforma a la ley de seguridad nacional, pero con pleno respeto al marco constitucional, las convenciones internacionales y a los derechos humanos, pero también “para dar certeza jurídica a la actuación del Ejecutivo, a los impartidores de justicia y a las fuerzas armadas”, a las que se debe preparar “su pronto retorno a sus actividades habituales”.
Dijo que también se impulsará la votación de las reformas penales para calificar como grave el robo de hidrocarburos y la enajenación ilícita de combustibles, así como aprobar el dictamen de la ley contra el lavado de dinero, que ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda, pero que aún está pendiente en la de Justicia. Asimismo, cuestionó la “ausencia de una política eficaz y el abandono a la juventud” y que su talento se pierda en las calles y en la drogadicción. “Su abandono es inaceptable y el desacierto más doloroso del gobierno”, expresó.
Por su parte, al presentar la postura del Partido Verde, Alberto Emiliano Cinta planteó que aun cuando su grupo parlamentario reconoce “la voluntad y el sacrificio del gobierno y fuerza armadas, es momento de reconocer que la estrategia está equivocada”.