Durante la sustentación, autoridades del Estado mexicano, incluyendo a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a autoridades de Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y Puebla proporcionarán al Comité contra la Tortura de la ONU amplia información sobre las medidas adoptadas en el país en los últimos años para hacer efectivas las disposiciones de dicho instrumento internacional.
La delegación mexicana, encabezada por la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Doctora Ruth Villanueva Castilleja, y por el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Alejandro Negrín, explicarán al Comité los avances registrados en materia legislativa, institucional y de políticas públicas en materia de prevención y sanción de la tortura en nuestro país, entre otros aspectos.
En materia de avances legislativos, se dará particular énfasis a los efectos de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo en la lucha contra la tortura. Igualmente, se explicará al Comité que, además de las disposiciones constitucionales en la materia y de las propuestas de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, diversas entidades federativas han aprobado también disposiciones legales para enfrentar ese flagelo. Tal es el caso de las realizadas recientemente por Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México y Nayarit. Asimismo, se explicarán los acuerdos para la homologación del tipo penal a nivel nacional, alcanzados en el marco de los trabajos del XII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia.
Por lo que hace a avances jurisdiccionales, se expondrá al Comité la forma en que el Poder Judicial, a través de resoluciones y sentencias, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha protegido las garantías del debido proceso, particularmente al desacreditar las confesiones que se hayan obtenido a través de la práctica de la tortura. Igualmente, se explicará el amplio despliegue realizado por el Poder Judicial en materia de implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. También se describirá la evolución reciente de la jurisdicción militar, destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido importantes resoluciones para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar sean juzgadas en el fuero civil, además de que la propia jurisdicción militar ha declinado en múltiples asuntos la competencia a favor de las autoridades del fuero civil en la investigación de delitos asociados con violaciones de derechos humanos.
En materia de perfeccionamiento de la normativa institucional, se destacarán los Protocolos para el uso de la fuerza, la preservación de la evidencia y la puesta a disposición de personas detenidas ante las autoridades competentes, que entraron en vigor el 24 de abril de 2012 y derivan del convenio firmado por las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como por la Procuraduría General de la República. Además, estas instituciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicarán a detalle las políticas públicas que han puesto en práctica en materia de prevención de la tortura.
En materia de capacitación de funcionarios públicos, se destacará el significativo incremento de programas para prevenir la tortura, así como la aplicación nacional del Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul).
Esta sustentación ante un órgano creado por virtud de un tratado internacional de derechos humanos, será la tercera que realiza el Estado mexicano después de la promulgación, en junio de 2011, de la importante reforma constitucional de derechos humanos, que otorga rango constitucional a tales tratados.
Además de las instituciones señaladas, la delegación mexicana está integrada por representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como por representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
México es parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desde 1986. Ha presentado hasta ahora seis informes al Comité que vigila esa Convención, el que se espera emitirá recomendaciones al Gobierno de México para seguir avanzando en la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país y, particularmente, en el combate a la tortura.