MEDICINA HUMANITARIA (El gobierno tiene que vigilar que se cumplan las normas, para beneficio de los consumidores)

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TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana.

No se ustedes pero yo he tenido experiencias muy positivas cuando he ido a establecimientos que expenden productos farmacéuticos a bajo precio ( los de patente, por las nubes) y con profesionales de la medicina que, humanitariamente, prestan sus servicios ahí con vocación altruista cobrando por consulta  una suma módica de 50 pesos. He conocido a varios médicos que son muy efectivos en sus diagnósticos y en los tratamientos que recomiendan a sus pacientes. Les reconozco su labor y les aplaudo a todos ellos.

Esos profesionales médicos aportan sus conocimientos sin afán de lucro. Son decenas de pacientes a los que tratan en largas y agotadoras jornadas incluyendo sábados y domingos, función que por cierto no realizan en general los especialistas esos dos días. No puede saberse cuántas vidas han salvado con su meritoria intervención, pero me consta que llevan alivio a centenares de familias a nivel regional y a cientos de miles o millones de personas a nivel de la república.

A esa práctica de la medicina solidaria, se agrega que las familias ahorrarán pronto entre un 70 y un 80 por ciento en la compra de medicinas con la disposición oficial reciente de que los doctores pongan el nombre del principio o sustancia activa en la prescripción médica que entreguen a los pacientes, según afirmó el director general de una importante asociación nacional de distribuidores y laboratorios de medicamentos en el país.   “La medida, que entró en vigor el fin de semana pasado – Diario El Noticiero, uno de abril, permitirá que “en México los consumidores se empoderen porque podrán sustituir un medicamento de patente por un genérico a un precio accesible en una elección segura”.

Se reveló que nueve de cada 10 productos consumidos en el país son de genéricos, cuya industria registró una tasa de crecimiento de 20 por ciento en 2021. Es obvio que este avance, esa penetración en el mercado a base de genéricos o similares, inspira confianza a los consumidores y protege su economía.

Los medicamentos genéricos son más baratos debido a que se encuentran liberados de la patente, cualquier laboratorio los puede producir o comercializar. A ello se suma que son comprados de forma masiva por el Estado, lo que permite reducir aún más los costos.

Medicamentos genéricos y medicamentos de marca son, pues, iguales en eficacia, seguridad y calidad y contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica (comprimido, jarabe, etc.). Por tanto, no existe ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y marcas.

Un paciente que acude a los consultorios adjuntos en los establecimientos de venta de productos genéricos o similares, gasta en promedio entre doscientos y trescientos pesos entre el pago de la atención y los productos prescritos, pero si acude a un especialista estará erogando en promedio, en el pago de consulta y en gastos en medicinas de patente, en promedio, unos mil quinientos pesos.

Es evidente la diferencia de precio existente en el mercado respecto a la calidad de medicamentos de patente y genéricos, cuando éstos contienen las mismas fórmulas que los primeros. Durante varios años, yo consumí medicinas de patente y cuando cambié a genéricos me ahorré mensualmente un 70%, sin que haya percibido mi organismo ninguna anormalidad por ese cambio.     Considérese que la autoridad federal, Cofepris, regula ese mercado y vigila que los laboratorios cumplan con lo ofrecido a sus consumidores.

Cambios a varios artículos de la Ley General de Salud, destacan que “los productos genéricos son eficaces y cuentan con las mismas características ( bioequivalencia) que los de referencia. La identificación genérica será obligatoria”. La nueva normatividad, implicará que la Secretaría de Salud promoverá la seguridad, la calidad y eficacia de los medicamentos genéricos y biocomparables, una acción que vendrá como anillo al dedo a sectores que quizás no tengan inclinación por comprar esos productos por desconfianza, pero que ya podrán en adelante, con base en la información que despliegue la SS, adquirirlos con más regularidad.

El Estado, antes que todo, tiene que proteger a los consumidores. Hay millones de familias con economía débil y sin acceso a la seguridad social que con dificultades acceden a una atención médica regular y efectiva, por lo cual toda acción que tienda a facilitar información y a generar confianza en las medicinas que no son de patente, tendrá una repercusión favorable en la salud de las familias, y esto es muy valioso.

Bien por la Secretaría de Salud que impone normas que favorecen a los más pobres y por el mismo gobierno federal que sigue surtiendo en el mercado los productos que no son de patente. Luego, toca cerciorarse si los profesionales de la medicina cumplirán con los parámetros en clínicas y hospitales privados y públicos pues no es infrecuente que los médicos de manera interesada deriven a pacientes a adquirir medicinas en ciertos establecimientos a cambio de consideraciones económicas ofrecidas por laboratorios.