Lo anterior, al responder a un “reto político” lanzado ayer por la tarde por el dirigente perredista, Jesús Zambrano Grijalva, quien exigió que ambos confronten la información “para que sea la opinión pública la que determine quién miente” sobre el presunto rebase de topes de campaña.
Aunque ninguno habló de horarios, lugar o fecha para tal encuentro, ambos aceptaron públicamente acudir a la cita.
El emplazamiento del dirigente perredista ocurrió un día después de que Pedro Joaquín Coldwell retomó la denuncia contra las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, a las que acusó de haber triangulado fondos públicos en favor del candidato de las izquierdas.
“Una vez más, ahora públicamente, lo invito (a Joaquín Coldwell), si se quiere llamar como reto político, para que ante la opinión pública presentemos lo que cada quién tiene, a ver quién miente”, expresó Zambrano en la sede nacional del PRD.
Más tarde, el priista aceptó el desafío tras haber acudido a la sede del IFE a solicitar transparencia y velocidad en las investigaciones que su partido solicitó contra el político tabasqueño.
“No he recibido ninguna comunicación oficial por parte de Zambrano; he compartido con él varios programas de televisión donde hemos contrastado nuestros argumentos, y no tengo inconveniente de seguirlos teniendo, claro que sí”, afirmó el priista a pregunta expresa.
Luego de reunirse con Leonardo Valdés, Pedro Joaquín Coldwell y su equipo reiteraron que gobiernos del PRD otorgaron contratos a la asociación Austeridad Republicana, misma que trianguló dinero a Honestidad Valiente, encargada de pagar los salarios de López Obrador, su equipo, viáticos y otros gastos.
En este marco, el vocero del PRI, Eduardo Sánchez, mencionó que sólo el Gobierno del Distrito Federal otorgó un contrato a Austeridad Republicana por 4.5 millones de pesos para digitalizar los datos de los contribuyentes de la capital.
“Se trata de una red que ha funcionado desde hace varios años, quizá desde 2006, que financió toda la campaña anticipada y actos preelectorales de López Obrador, se usó para financiar la campaña y presumimos que se seguirá usando para el financiamiento de actividades poselectorales y alimentar un conflicto poselectoral”, agregó Joaquín Coldwell.
Señalaron que el tabasqueño rebasó los topes de aportaciones de particulares permitidos por la ley, evadió al fisco federal, recibió dinero de gobiernos estatales y municipales, entre otros delitos.
Los priistas pidieron al IFE un informe de los avances de la Unidad de Fiscalización para la próxima sesión del jueves.
Fallido contraataque
Al contestar los señalamientos de Joaquín Coldwell, el dirigente nacional del PRD aseveró que las declaraciones de los priistas son un “fallido contraataque” contra las evidencias presentadas por la izquierda ante los órganos electorales, relativas a que el PRI “se dedicó a violar la ley” en la campaña presidencial, y ahora que tiene “la cabeza contra la puerta”, prefiere desviar la atención en torno del lavado de dinero que cometió al haber triangulado recursos con empresas fantasma y el sistema financiero para fondear los gastos de Peña Nieto.
“Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal han dado todos los elementos, abiertos a la opinión pública, para que se revisen, se auditen, hagan todas las investigaciones que correspondan; no van a encontrar nada, absolutamente nada ilegal ni, mucho menos, para el financiamiento de la campaña política de López Obrador.”
Zambrano consideró, en entrevista, que los priistas “ya no saben cómo salir del atolladero en el que se metieron”, al grado que ese partido admitió que usó dinero del gasto corriente para sufragar gastos de campaña de Peña Nieto, pero sin reportarlos como tales.
“Es una suerte de querer verle la cara de tonto al IFE; no será muy difícil, pero puede suceder exactamente acreditando en una partida lo que debe ir en otra.”
Investigan origen de recursos en 5 líneas
El IFE, mediante su Unidad de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos Políticos, ha realizado 341 diligencias en cinco líneas de investigación para aclarar el caso “Monex Recompensas”, reporta el informe que será discutido en la sesión del próximo jueves, a solicitud del PAN y del Movimiento Progresista.
El documento de cuatro cuartillas menciona cinco líneas de investigación.
La primera tiene que ver con determinar el origen de las tarjetas, lo que conlleva a identificar la fuente contractual de todas las tarjetas entregadas, el lote total, la identificación de las personas físicas y morales relacionadas con la contratación de Monex, el análisis de su actividad, la vinculación con terceros, partidos y/o candidatos, entre otras cosas.
La segunda línea es determinar el monto “dispersado”, es decir el fondeo de las tarjetas, los recursos que cada una, fechas, saldos.
La tercera es la identificación de los distribuidores y usuarios de las tarjetas, para determinar la mecánica de distribución y uso, así como averiguar nombres y domicilios de quienes las repartieron y las usaron.
La cuarta línea tiene que ver con el establecimiento del uso y vinculación con el proceso electoral, el partido y el candidato, y esto tiene que ver con ubicar las ciudades de disposición de los recursos, fechas de operación, montos, disposición de los recursos y la relación de las personas involucradas.
La quinta trata de la “colaboración con autoridades para el análisis de flujos depositados en efectivo, según su temporalidad, regionalización y montos.”
Según el informe, el IFE ha solicitado 341 diligencias a diversas autoridades de las cuales destaca que 316 han sido a consejos distritales y áreas internas del IFE; cuatro a los partidos involucrados; dos a autoridades federales; una a autoridades locales; dos al SAT y a Hacienda; 15 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y una a personas morales.
{Jathumbnail off}