TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Fíjense ustedes que, en el espectro de la opinión pública, hay dominio de algunos temas que impactan nuestra realidad y son abordados por políticos, analistas, centros de estudio de nivel superior, o especialistas en disciplinas diversas. Frente a ese conjunto temático, hay la moralidad de querer encontrar soluciones a problemas que viven las sociedades, pero intereses creados que suelen no ver por las comunidades, se entrelazan, actúan y echan por tierra propósitos de gobiernos y sociedades.
En días pasados la regidora Gisela Méndez, muy activa en términos profesionales y en redes sociales donde comunica y hace aportaciones críticas sobre políticas de trabajo del Ayuntamiento capitalino, se refirió al tema urbano y dijo que “los urbanistas solemos escuchar: ”la ciudad es un caos, no hay planeación, algo que es incorrecto; lo que hacemos es no respetar y cambiar a diestra y siniestra esa planeación.
Ejemplificó advirtiendo que en días pasados el Cabildo abordó 10 puntos en temas de desarrollo urbano, como el de Incorporaciones anticipadas de fraccionamientos aislados o desconectados de la mancha urbana “que ni los miembros de la Comisión respectiva supieron dónde estaban: “al norte” decían, “por la Ignacio Sandoval pa’rriba”. Hubo cambios, también, en planos respecto a plazos autorizados de urbanización que van del largo al corto plazo sin una razón justificada más que “así lo pide el desarrollador”. O sea, según la opinión de Gisela, al desarrollador se le otorgan facilidades que están al límite de la legalidad o quizás fuera de ella, yendo por delante de los intereses sociales.
Un asunto más, dice Gisela, es el de la propuesta de cambios en el Programa de desarrollo urbano que paga un agente privado para que el instrumento rector cambie de acuerdo a sus necesidades, algo que se aprueba sin ninguna (casi ninguna) objeción. “De nada sirve un instrumento de planeación urbana si los cambios se hacen indiscriminadamente a petición de individuos que buscan un beneficio privado y las normas se adecuan a las necesidades de los fraccionadores y no de la ciudad,” consideró.
Gisela toca un punto vital: el de las donaciones, las cuales deben ser otorgadas y utilizadas para cubrir necesidades de servicios públicos para el barrio, y al Ayuntamiento toca ser vigilante de que esos servicios lleguen, se coordinen con instituciones de salud, seguridad, asistencia, desarrollo social, justicia, etc. Pero para los Ayuntamientos, dice Gisela, se consideran monedas de cambio para cuando se tenga que vender suelo y pagar deudas. “Con justificaciones sin rigurosidad técnica, el municipio pierde cada año metros y metros cuadrados de suelo urbanizado valioso, malbaratado, que en lugar de privilegiar la función social del suelo, justifica su venta para la ganancia privada. Tanto peor, “el Ayuntamiento sigue autorizando (porque la ley lo permite) que éste no reciba áreas de donación, sino que se sustituyan por pago en dinero, que después no se cobran y quedan en el olvido, o los ayuntamientos hacen como que no se acuerdan de cobrar”. Esto de plano, si ocurre así, es un delito patrimonial porque afecta las finanzas públicas y los servicios al dejar de recibirse recursos que deben utilizarse para el bien común.
Gisela: Decía hoy un miembro del Cabildo: “hay que dejar que los desarrolladores tengan imaginación aunque lo que propongan no esté en el reglamento”. En ese momento sentí cómo el corazón de decenas de técnicos municipales que trabajamos todos los días para fortalecer los reglamentos y así evitar “ocurrencias”, se rompían en mil pedazos.
Según la regidora, a los y las munícipes se les debe exigir más preparación, deben tener humildad en reconocer cuando algo se ignora, ser menos arrogantes, no proponer cambios a los instrumentos legales solo porque “yo creo, yo siento que debe ser así”; ha de exigírseles más responsabilidad al votar los dictámenes, qué entendemos y comprendemos sobre lo que está votando.
Claramente las razones de Gisela se encuadran en favor del interés público. Representa a un partido, Morena, que en los cabildos quiere mostrar un perfil de cambio, de honradez, pero sus regidores tienen que adentrarse en el conocimiento de la realidad municipal, estudiar los asuntos, proponer iniciativas de trabajo, dejar de ser meramente cobradores de quincenas que entre paréntesis son cuantiosas. Deben saber que en cada actuación, en cada día, y no solo los de Morena sino también los de otros partidos, están poniendo el alto el nombre de su formación política o en una parte muy baja si declinan en sus obligaciones.
Por cierto, Gisela es una profesional experimentada, con formación académica sobresaliente y perfil ético que destaca en el ambiente morenista. Tiene conocimientos sobre lo que dice y propone, plantea los asuntos con la mira puesta en generar bien común y la guía, por lo que he leído de sus propuestas ocasionales, un afán de servir.
Está situada, claro, en tierra de lobos, en un ambiente donde se cocinan barbaridades en el terreno urbano, en donde hay desarrolladores que antes fueron políticos y están asociados con empresarios, ya saben cómo es el negocio de fraccionar terrenos; conocen el camino mejor que muchos, saben manejarse otorgando comisiones aquí y allá para lograr sus objetivos y poco les importa brincarse las leyes y reglamentos.
Como habitante de este municipio, deseo que en el Ayuntamiento de Colima haya cambios y que sus funcionarios trabajen con ética. Ya no deben tener cabida los negociantes disfrazados de funcionarios o representantes populares que por dinero favorecen a empresarios sin escrúpulos y a los que poco importan los ciudadanos.