EL ENGAÑO DEL JUICIO A MARIO
Por: Abel González Sánchez
Colima vivió hace pocos meses un gran escándalo por las campañas políticas en busca de la gubernatura, centrando los ataques por parte del PAN al ex gobernador priísta Mario Anguiano Moreno acusándolo de tener muchos caballos, residencias y dejar una histórica deuda estatal por más de cuatro mil millones de pesos y que le aplicarían un juicio político y a sus colaboradores, pero curiosamente uno de sus Secretarios cercanos y de campañas políticas anguianistas Oscar Zurroza, renunció a un importante cargo y se fue de coordinador de campaña de Jorge Luis Preciado aspirante panista a la gubernatura, lo que causó sorpresa al ver una posible alianza entre la administración estatal de Mario y Jorge Luis contra la postulación priísta de Ignacio Peralta.
Se observó también que la mayoría de los Secretarios y colaboradores del equipo cercano de Mario cruzaron los brazos y no movieron un solo dedo en la campaña a favor del candidato priísta, por lo que se confirmaba mas una alianza interna entre los panistas y anguianistas, pues Mario nunca salió a los medios a defenderse contra sus ataques lo que afectaba al PRI, salió hasta que perdió el PAN en la primera ronda electoral y de paso otro anguianista afirmó en pleno Congreso Estatal de promover el voto a favor de Nacho Peralta con una empleada, para justificar quizás la anulación de la elección ya ganada por el PRI, otro elemento de posible confabulación.
Por lo anterior, Ignacio Peralta como candidato se deslindó de la anterior administración estatal de Mario Anguiano y advirtió que de llegar a la gubernatura lo correcto y honesto es aplicar una auditoría profesional a la anterior administración estatal, y que en caso de encontrar irregularidades consignaría a los responsables y recuperaría los recursos que se hubieran sustraído.
Pero en base a los resultados de la elección, el Congreso del Estado fue ganado por la mayoría panista quienes tienen el mando del Osafig, Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quien es el verdadero responsable de la auditoría a la anterior administración estatal y curiosamente nunca acreditó ningún documento de irregularidad de la anterior administración inclusive ni en la campaña del segundo round electoral y mejor dicho, no ha querido hasta hoy darle un claro seguimiento al juicio político emprendido en forma simulada contra Mario Anguiano.
¿Pero porque un juicio político en forma simulada? Porque los diputados panistas, están engañando a la ciudadanía en el procedimiento legal, al entablar un juicio plagado de errores jurídicos lo que dificultará llegar al fondo del asunto y exculpar pronto al ex gobernador aún tuviera o no responsabilidad, por ejemplo, se le debe exhibir a la parte demandada las pruebas por el cual se le acusa, no lo hicieron, tampoco le dieron derecho de audiencia y hasta publicaron desde un principio que no lo encontraban para notificarlo, cuando existe un procedimiento especial. ¿Para qué tanto engaño? Inclusive declararon recientemente en rueda de prensa los diputados locales panistas que ellos no participarían en un linchamiento político, allí estuvieron más claros en su objetivo político.
Por otra parte la imagen del Osafig como independiente e imparcial se fue a los suelos, ya no se le puede considerar como equitativo, imparcial y objetivo al incorporar al ex dirigente panista Enrique Michel como auditor, no por su persona si no como ex dirigente panista, pues ya sabemos la ciudadanía que el control político del organismo es del Congreso Estatal y recibe claras consignas azules y para esto analicemos sus golpes para todos lados de sus resultados.
Según el Osafig la auditoría practica concluyó solicitando al Congreso del estado inhabilitar durante 14 años de cualquier cargo público al ex gobernador Mario Anguiano Moreno e imponerle una multa por 707 millones 66 mil 97 pesos por utilizar para otra partida de forma indebida los recursos de un crédito adquirido en agosto de 2015, dos meses antes de concluir su administración, esto fue en base según este organismo por la utilización del empréstito de 638 millones de pesos contratado con el Banco Interacciones, en donde señala que sólo 1.53% de los recursos se utilizaron en inversiones públicas productivas, como lo establece la ley. El documento también solicita sanciones contra la ex secretaria de Administración y Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, y contra el ex secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez, para quienes solicita 10 y seis años de inhabilitación, respectivamente, y una multa de 707 millones 66 mil 97 pesos a cada uno, así como para otros funcionarios menores también por el mismo motivo, la gente piensa que se robaron ese dinero y cada uno tiene que devolver esa cantidad, cuando no es cierto, el dictamen está diseñado políticamente.
Aquí hay que observar además que la denuncia penal que presentó la Osafig ante la Procuraduría de Justicia, fue por “peculado”, cuando en el informe presentado por ese organismo, en ningún momento habla de robo de dinero, sino de un proceso mal aplicado de los dineros de ese crédito que amerita otro tipo de sanciones, es decir no hubo sustracción de dinero. ¿Entonces qué es lo que pasa?, pues la Osafig, simplemente está entorpeciendo los procesos de investigación, porque en materia jurídica la denuncia está mal planteada y no tendrá procedencia jurídica y, por lo tanto, la pretendida denuncia penal quedará sin efecto, esto a sabiendas de que esto es lo que sucederá; sin embargo, los diputados integrantes de las comisiones de Hacienda y de Responsabilidades no han hecho nada para corregir este garrafal error.
Pero la jugada no es jurídica si no política y está bien clara, los diputados no quieren ser objeto del escarnio social y esperan que las cosas lleguen a este punto de quiebre, para que sea el Gobierno del Estado a través de la Procuraduría quien, como debe ser jurídicamente, declare improcedente la denuncia penal por estar mal planteada, para luego culpar públicamente al Gobierno del Estado que representa ahora Ignacio Peralta de no aplicar la Justicia contra Mario Anguiano, y ex culparlo, cuando en realidad están todavía a tiempo de corregir ese error y no lo quieren hacer para pretenden lavarse las manos simplemente como Poncio Pilatos.
Otra de las cosas mal llevadas por este organismo, es el no haber llamado al ex gobernador Mario Anguiano ni a nadie de su equipo para que presenten pruebas sobre las supuestas irregularidades que cometió, así como negarle el derecho de audiencia por el amparo que presento contra el Juicio Político. El papel de los panistas es muy claro, el objetivo que políticamente persiguen con esas sanciones, acciones y actitudes es dificultar el aspecto jurídico para fincarle una verdadera responsabilidad política al ex gobernador sobre el posible desvío de recursos públicos o incluso por peculado.
Cabe hacer mención lo que dice el acusado, Mario Anguiano, dijo públicamente en una entrevista, “hasta ahorita el Osafig y el Congreso no han demostrado nada de que me haya robado un solo peso” “porque simplemente no robé nada” me siento como perseguido político porque la demanda del juicio está plagada de errores jurídicos, lo mismo que señalamos líneas arriba, pero sí sabe Mario que le benefician esos errores durante el proceso legal, y agrega “Lo que vale la pena dejar claro, es que todas esas acusaciones han sido solamente calumnias en mi contra, hicieron una campaña de desprestigio, de palabras, porque hasta hoy no han demostrada nada que haya robado un solo peso.
En síntesis, y repetimos aquí lo que dicen los abogados y la ley, para acusar hay que demostrar, el propio acusado Mario Anguiano pide un documento de prueba como elemento en su contra, luego entonces el juicio político del Congreso es simulado, porque solamente pretenden dañar políticamente no propiamente la imagen del ex gobernador Mario Anguiano, porque ya está dañada, si no la del PRI y la del actual gobernador Ignacio Peralta, porque saben que no procede su juicio político, y la Procuraduría o Tribunal de Justicia pronto lo desecharán, además la mayoría de los ex gobernadores incluyendo a los panistas endeudaron a sus estados por falta de control y limitación del gasto público, y ninguno fue encarcelado o procesado, excepto a los que sí robaron dinero público, por ello se aprobó la nueva reforma federal para evitar endeudamientos sin control en los estados y municipios. No cabe duda que la grilla política de los partidos pretende engañar a la sociedad y muchos de nosotros ya sabemos cómo se las gastan.