Por: Ángel Durán
No cabe duda de que la corrupción es el enemigo más letal de la humanidad, pues se encuentra en toda la faz de la tierra, en todos los sistemas de gobierno, y es causa de frenar el desarrollo adecuado de países enteros y amenaza la sostenibilidad y sustentabilidad de las futuras generaciones.
Recientemente, la Secretaría de la Función Pública publicó un trabajo coordinado titulado “LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DESARROLLO EN MÉXICO: POLÍTICAS PÚBLICAS Y CAMPOS DE ESTUDIO.”
Aquí queda evidenciado que, a pesar de que sabemos cómo país cómo se tiene que combatir la corrupción, hay una gran cantidad de obstáculos para lograr vencerla, al menos a corto y mediano plazo. Sin embargo, se tiene que seguir trabajando para que en todos los niveles de gobierno y en asociación con la sociedad, se empiece a trabajar en sinergia para doblar el sesgo destructor por parte de la corrupción en contra de la democracia y, como consecuencia, empezar a generar confianza en la sociedad y de que las instituciones públicas no solo crezcan, sino que haya una reducción paulatina de corrupción en México, y que esto sea percibido por la sociedad.
Se van a cumplir dos décadas de que nuestro país forma parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
No obstante, a pesar de contar con todo un sistema jurídico nacional e internacional que nos dice cómo combatir la corrupción, seguimos aumentando en porcentaje, y la sociedad percibe que la corrupción no cede.
Y es que la corrupción es un elemento nocivo para el desarrollo y progreso de la nación, socava la confianza de la sociedad y lesiona gravemente nuestra democracia.
En este sentido, el gobierno y la sociedad deben trabajar unidos, alejados de todo encono político que pudiera haber, si es que se quiere erradicar poco a poco la corrupción.
Por supuesto, que el combate a la corrupción no tiene un camino único; se necesita atender todas las causas que la originan, incluyendo políticas públicas para erradicar la pobreza, educación de calidad, que no haya impunidad en los delitos que genera la corrupción, máxima transparencia en el actuar de todas las instituciones públicas del país, rendición de cuentas de todo servidor público, la integración de las instituciones públicas por personas que cumplan los requisitos y méritos que establece la ley, y una permanente revisión en las actividades de éstas, para que se analice la calidad en su funcionamiento. Tan sólo por mencionar algunos de los deberes que se tienen en este sentido.
Esta convención internacional y que es adoptada por el Estado mexicano tiene que ser retomada por nuestro país como un documento jurídico máximo al que hay que hacer efectivo por parte de todas las autoridades mexicanas, cada quien en el ámbito de sus atribuciones. Pero es necesario que se empiece a trabajar en un sistema nacional anticorrupción; el que tenemos actualmente no está funcionando, y menos en las entidades federativas. En Colima, está completamente infuncional; no hay integración de las autoridades para la investigación de los delitos de corrupción, no está integrado el comité de participación ciudadana del sistema estatal, y por eso, de continuar con este tipo de fallas sistémicas institucionales para echar a andar el sistema nacional anticorrupción, no conseguiremos ningún resultado efectivo para la población.
Como ya se ha dicho, la corrupción es el flagelo más letal frente a los avances de nuestra democracia, por sí solo, requeriría atención prioritaria con estrategias adecuadas para no solo frenar su avance, sino para empezar a detener y luego empezar a ganar lugares positivos en su combate.
Uno de los elementos importantes para combatir la corrupción es cambiar el modelo de integración y designación de servidores públicos en todos los niveles.
Estos deben ser designados a través de procedimientos de selección en donde se demuestre su capacidad y conocimiento del tema que van a desempeñar, y que reúnan los requisitos de ley y que quede demostrado los méritos y capacidades para desempeñar tal cargo.
Pues, como se dice en este trabajo editorial del combate a la corrupción en México y que suscribe la Secretaría de la función pública, cuando una institución pública es integrada por personas que no son las idóneas, que carecen de competencia o que no tienen los suficientes méritos y capacidades, también es una especie de corrupción. Esto, por supuesto, genera que al desempeñar el cargo, no lo hagas con calidad y como consecuencia, hay una falla sistémica en resultados positivos en el combate a la corrupción.
Estamos a punto de cumplir 20 años del nacimiento de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Es mucho tiempo para no haber vencido este flagelo en nuestro país.
Es tiempo de darle vida a su contenido, pero esto solamente se logrará con el interés y ahínco en conseguir buenos resultados por parte del Estado mexicano y con la exigencia de la sociedad.”
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.