Por: Gustavo L. Solórzano
“Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través del procedimiento previsto en la legislación penal”. Artículo 91.
“la comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal”. Artículo 99, ambos de la reciente reforma que el estado de Jalisco realizó a sus leyes vigentes, con lo que los servidores públicos, incluyendo al gobernador y diputados, estarían quedando a sana merced de la ley aplicable en nuestro país. Sin duda, un hecho de madurez sin precedentes y digno de tomar como ejemplo por los demás estados de la república, pues ha sido un clamor social expuesto en diferentes foros y por diferentes medios. Con lo anterior, Jalisco (14 de julio) se convierte en la primera entidad con ciudadanos jurídicamente hablando, de un solo nivel y sin privilegios para la clase política.
Lo anterior obedece a una serie de propuestas (8) que presentaros representantes de varios partidos y que incluye o afecta a más de 1500 funcionarios. Aprobada por unanimidad, la propuesta tuvo como principal promotor a un joven diputado independiente de nombre Pedro Kunamoto. Siendo felicitada por el gobernador priista del vecino estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y señalada como “histórica y atenta a las demanda ciudadanas”. Con esta reforma se modifican los artículos 61, 108, 110, 111 y 112, y del 100 al 105 de la Constitución del estado, y las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Orgánica del Poder Legislativo, en lo relativo al juicio de procedencia, además de la derogación de otros artículos de la constitución local. Bien por los diputados de Jalisco que con este gran paso hacia la modernización en materia política y de derechos humanos, atiende “llamado histórico de la sociedad”, según ha mencionado el diputado Kumamoto.
Un digno ejemplo a seguir sin duda, el que han puesto los diputados de Jalisco, visto desde luego, al margen de partidismo o intereses personales. Ante los ojos de la ciudadanía, una necesidad real que puede llevarse a cabo como un verdadero beneficio colectivo. Veamos quien dice “seguimos nosotros”.
ABUELITAS:
El trabajo de los reporteros además de arriesgado es mal pagado, al menos en Colima, no sé en otros estados. Aunado a ello, en no pocas ocasiones tienen que lidiar con servidores públicos carentes de sensibilidad y que confunden el poder que da el traer un uniforme u ostentar un cargo público, pues estos son para servir y no para servirse, menos para amedrentar a ciudadanos o profesionistas en cumplimiento de su deber. Lo anterior viene a colación por un hecho preocupante que se suscitó en la ciudad de Tecomán, en donde un elemento de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, amenazó e intimidó a un reportero que cubría un lamentable deceso. Sin duda la Comisión Estatal de Derechos Humanos, será el camino que siga el compañero afectado. Es sumamente importante que en un estado de Derecho en donde el propio Gobernador ha mostrado su respeto a la labor periodística, quienes son responsables de velar por la seguridad ciudadana también lo hagan. Aclaro, no se trata de que existan canonjías o privilegios, solo expreso mi postura en el sentido de que un reportero como ciudadano que es y su labor, merece ser respetado. Expreso mi respetuosa inconformidad ante este hecho y mi solidaridad para el compañero afectado cuyo nombre omito por razones obvias. Es cuánto.