CATASTROFE JUVENIL
Por: Carlos Orozco Galeana
Es normal que los medios se interesen por asuntos que tienen un impacto fuerte en el ánimo de la opinión pública como son los crímenes ligados al narcotráfico y los comunes, los relacionados con las rapacerías de funcionarios, los fenómenos naturales que dejan muertos y heridos, los actos truculentos de personajes que hacen gala de prepotencia, las manifestaciones magisteriales y otros tantos más que nos muestran un perfil importante de nuestra realidad.
Gracias a los reportes de organismos nacionales e internacionales que estudian la problemática social y a la investigación en el ámbito académico, los medios insertan en sus páginas los temas juveniles porque en verdad, hablando claro, algunos representan un ángulo de crisis y encierran una catástrofe silenciosa, sigilosa porque sí existe y ofrece revelaciones que deben ocuparnos a todos. Digo, ¿cómo no hemos de estarlo si cientos de miles o millones de jóvenes no están trabajando ni estudiando en el mundo, y, peor aún, pensando en realizarse en otras actividades antisociales? ¿Cómo no preocuparnos cuando nuestros hijos salen por la noche, principalmente los fines de semana, y no tenemos certidumbre de que algo malo no les pasará por el ambiente de delincuencia que viven las ciudades?
Hay que ponerse a temblar en la familia cuando un joven se resiste a vivir en forma vertical, a estudiar o a trabajar honradamente, cuando comienza con malas compañías o a consumir en exceso bebidas o drogas que los llevan a transitar luego por el sendero de la criminalidad. Los gobiernos han de mostrar preocupación y ocuparse en actuar en forma eficiente y rápida cuando sus averiguaciones muestren que hay una tendencia peligrosa de ellos de apartarse de lo que es una vida normal y útil para la sociedad.
En este contexto de crisis es cuando surge una iniciativa que se asocia al artículo 21 de la ley para la protección de los derechos de niños y adolescentes, para que estos sean protegidos contra actos y omisiones dolosas que puedan afectar su salud física mental, emocional y sexual, su desarrollo normal o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo tercero constitucional. Esta ley los protegería también por conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamientos y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada.
Positivo será siempre que los gobiernos actúen cuando observen procesos de descomposición, pero más se valorará su intervención si se dedican a prevenir situaciones, sobre todo cuando todo mundo observa el desquiciamiento y no pocos actúan.
En estos momentos, hay millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan; un porcentaje de ellos no participa en ello porque no tienen padres que los apoyen y tienen que trabajar para comer; otros más, a pesar de estar preparados, no trabajan porque no encuentran espacios para hacerlo. En México, son millones los jóvenes que a pesar de tener preparación hasta del nivel postgrado no encuentran ocupación. Estos son candidatos a irse a algún país extranjero donde sí encontrarán un destino mejor que el que les ofrece México.
Realmente es indignante que nuestras incapacidades, o sea el fracaso, nos envuelvan. Me extraña que en nuestro país no se manifiesten con más vigor esos jóvenes que no encuentran opciones, tal como ocurre en Portugal, España, Grecia o Italia, donde los gobiernos están fracasando en la creación de empleos. En Egipto, esto es terrorífico, un 85 por ciento de los jóvenes no tiene empleo.
Vivimos pues, una catástrofe silenciosa de características extraordinarias en cuanto a las posibilidades que están teniendo frente a sí nuestros jóvenes. Algo eficaz debe hacer el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el sector educativo y en la economía para que ellos tengan elementos a su alcance y aspiren a una vida plena.