Por: Ángel Durán
Según Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023, en México cito textualmente “Cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas.” Consultable en: https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/mexico
Un tema muy complejo cuando lo vemos desde el punto de vista de un país que enarbola la democracia, como el mejor sistema de gobierno, es dejar a su suerte a las víctimas, pues los países democráticos sustentan su base fundamental en el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, un derecho humano de la persona y de la colectividad en general, es vivir en paz y que se le respeten sus derechos.
Si las personas son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, ya sea por ser sujetas de delito o por la violación a un derecho humano, solamente se resuelve uno y queda impune la gran mayoría de los delitos, lo que indica que hay casi un 99% de impunidad en nuestro país. Esto es sumamente grave para un país democrático y nos obliga a replantear una estrategia a nivel gubernamental y también a nivel personal y como colectivo social para obtener mejores resultados. De lo contrario, estaremos hablando de que vivimos en un país de víctimas por violaciones a sus derechos.
No obstante, ante este problema en el que vivimos, ¿qué sucede cuando una persona es víctima de la violación de alguno de sus derechos? La constitución y las leyes establecen que toda persona que ha sido lesionada en sus derechos debe ser defendida por el Estado, el cual tiene la obligación de buscar a toda costa a la persona o entidad responsable de la violación para que enfrente al sistema de justicia. El Estado está obligado a tener instituciones que investiguen las causas de la violación de los derechos de otra persona y a sancionar a los responsables, además de apoyar a las víctimas para que accedan a sus derechos de manera integral.
Una de las formas integrales de reparar el daño a una víctima, cuando se han vulnerado sus derechos, es a través de la reparación económica. El propio victimario o el Estado están obligados a resarcir ese daño, especialmente cuando la causa proviene de la omisión o acción de las autoridades estatales o federales que ocasionaron la violación. En ese sentido, la víctima puede presentar quejas ante organismos administrativos y de justicia para exigir que el responsable o la institución pública o privada responsable paguen por los daños ocasionados.
Contamos con un sistema moderno que protege los derechos de las víctimas. En este caso, quien se encuentre en esta situación debe acudir a un defensor público especializado en víctimas. También existen asesores especializados en víctimas en el ámbito federal. Es importante demandar el pago de los daños ocasionados, ya sea por el propio Estado, la Federación o los municipios, y los jueces deberán cuantificar y pagar dichos daños al afectado.
Además, si los daños son consecuencia de la omisión por parte del Estado, incluso si el causante fue un particular, el gobierno también debe cubrir esas reparaciones.
Por eso es importante que las personas que sean víctimas de violaciones a sus derechos acudan con abogados públicos y privados para recibir asesoramiento sobre cómo obtener compensaciones económicas por las violaciones a sus derechos humanos. Esto ocurre cuando las propias autoridades no cumplen adecuadamente con su trabajo y permiten que se cause daño a la víctima. Como ya se mencionó, si tenemos casi un 99% de impunidad, los daños a los derechos de las víctimas son muy altos y gran parte del presupuesto público podría ser destinado a compensar a las víctimas por la falta de justicia. Necesitamos crear una nueva cultura del respeto a la ley y todos debemos evitar violar los derechos de terceras personas, a fin de evitar daños colaterales al presupuesto público.
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