*Las sanciones pueden ser: suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; o sanción económica.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La deuda de los gobiernos estatales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el no pago de cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que realizan al salario de los servidores públicos pero que no enteran a la dependencia asciende a 64 mil millones, por lo que a partir de ahora “será sancionará esta práctica”, aseveró la Senadora por Colima y presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, Gricelda Valencia de la Mora
El Senado aprobó reformas a la Ley del ISSSTE y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar como falta administrativa grave la omisión de enterar al instituto las cuotas, aportaciones y descuentos retenidos a los funcionarios públicos locales, conducta que podrá castigarse con la separación del cargo, multas e inhabilitación del funcionario responsable.
Dichas reformas serán promulgadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma aprobada establece que los servidores públicos encargados de enterar los descuentos al salario de los burócratas, las cuotas y las aportaciones al ISSSTE que omitan este trámite incurrirán en una falta administrativa grave, la cual se puede sancionar con:
Suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
“El total general que presentan las entidades federativas refleja la magnitud y la cantidad de recursos que son omitidos por parte de las entidades federativas al ISSSTE en detrimento de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado”, expresó la colimense Gricelda Valencia de la Mora.
La Cámara Alta consideró que las modificaciones son viables y acertadas porque la omisión de aportaciones al ISSSTE no sólo afecta en las finanzas del propio instituto, también implica un severo perjuicio para las personas trabajadoras porque se traduce en restricciones para acceder a préstamos o créditos, aunado a que también presentan problemas y obstáculos en la realización de trámites administrativos.