Turnada a comisiones para su análisis, la iniciativa prevé darle el carácter de organismo público descentralizado a la Unidad Estatal de Protección Civil y busca fortalecer las medidas de seguridad, difusión y sensibilización en esa materia.
Gran parte del contenido de la iniciativa deriva del “Foro de Consulta para la Nueva Ley de Protección Civil”, celebrado el pasado seis de junio, el cual se centró en cuatro grandes ejes: Participación Social; Prevención, Operatividad y Normatividad.
En el Foro en que participaron el senador Francisco Alcibiades García, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, el diputado federal Fernando Morales, presidente de la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados; Armando Barbosa, representante Laura Gurza, coordinadora General de Protección Civil de la Segob, y Melchor Urzúa, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, se concluyó en la necesidad de establecer normas claras que propicien una gestión integral de riesgos.
De aprobarse la iniciativa de Ley de Protección Civil en los términos como fue presentada, será obligatorio que al inicio de los eventos públicos y privados donde la concentración de personas sea igual o mayor a 50, se den a conocer las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física en caso de una contingencia, informando la ubicación dentro del inmueble de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, puntos de reunión, entre otros.
Otro tema abordado por la iniciativa, es que la Unidad Estatal de Protección Civil adquiere el carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, esto para generar y facilitar mayores condiciones de operatividad material y presupuestaria de la misma Unidad Estatal; mientras a las Unidades Municipales de Protección Civil dependientes de los ayuntamientos, la ley prevé se les dote de autonomía financiera y administrativa.
Asimismo, prevé que los inmuebles públicos, los establecimientos privados, centros laborales o cualquier sitio de concentración masiva, implementen programas y unidades internas de protección civil, así como estudios de riesgos de sus instalaciones y actividades.
Compuesta por 160 artículos, la iniciativa prevé sanciones por el incumplimiento de la ley y lo reglamentos que de ella deriven, entre las que destacan la clausura temporal o definitiva cuando se verifique que un edificio, casa, negocio, centro laboral, construcción u obra ponga en riesgo a la población; la demolición de construcciones que pongan en riesgo a la población; multas de hasta diez mil salarios mínimos, y decomiso de materiales, substancias, bienes muebles e inmuebles directamente relacionados con las infracciones generadas de riesgo, siniestro, desastre ó peligro.