Gabriel Martínez Campos, presidente de Bios Iguana, denunció que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (Apiman) ha incumplido varias de las condicionantes que presentó la Semarnat con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
En entrevista, Martínez Campos dijo que el incumplimiento de las condicionantes debería ser motivo para no autorizar las obras, pero lamentó que la Semarnat esté mostrando “una actitud de indiferencia” para la aplicación de la ley.
Recordó que una de las condicionantes establece que la API deberá de compensar al 3 por 1 la destrucción de cerca de 30 hectáreas de manglares, con la siembra de casi 90 hectáreas en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán.
Sin embargo, dijo que aun cuando la API ya derribó casi 30 hectáreas de manglares, la zona que debería de reforestar permanece intacta. Ninguna obra se ha llevado a cabo.
Así mismo, afirmó que después de dos años la Semarnat no ha resuelto el recurso de revisión promovido por Bios Iguana respecto al cambio de uso de suelo.
Explicó que el proyecto de cambio de uso de suelo se hizo ilegalmente, porque quien administraba el manglar era Ley de Vida Silvestre y no la Ley Forestal, como originalmente se asumió y se autorizó desde 2004. “Y posteriormente no quedó claro el pago por servicios ambientales de pérdida de servicios de manglar, que se tradujeron en 30 millones de pesos que fueron a dar al fondo forestal”, agregó.
El dirigente ecologista puntualizó que todavía quedan muchas dudas sobre el procedimiento de cambio de uso de suelo y la aprobación de la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo el proyecto ya fue anunciado oficialmente.
El viernes anterior, el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Luis Téllez, encabezó la presentación formal del proyecto, que tiene prevista una inversión global de 10 mil millones de pesos y el crecimiento del movimiento de contenedores de 1 millón 200 mil a 2 millones anuales.
Martínez Campos dijo que aun cuando se compensen los daños, esto no representa ni el 0.1% de lo que correspondería por el pago de los servicios ambientales de una unidad biológica de manglar por los cien años que concesión para la ampliación portuaria.
“No tiene nada que ver con la captura de bióxido de carbono y producción de oxígeno que genera la población de manglar por año, ni tampoco los servicios ambientales que se van a dejar de generar de manera general”, advirtió.
Martínez Campo manifestó que el proyecto traerá consigo una serie de riesgos para la salud y la calidad de vida de los habitantes de esta región.
“Esperamos “señaló” que haya las mediciones necesarias y las evaluaciones de impacto ambiental para evitar altos niveles de polución, pues hay puertos como el de Long Beach que ya experimentan niveles altísimos de emisión de agentes contaminantes atmosféricos y hay gran cantidad de protestas de organizaciones ciudadanas que exigen una serie de medidas de mitigación y control de muchas emisiones que van desde polvos, ruidos, olores, humo, y potencialmente de las diferentes sustancias químicas que se estén manejando.”
Sostuvo que en el caso del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, Semarnat se vio rebasado por las movilizaciones de los organismos de la sociedad civil.
Pese a que desde 2004 la dependencia oficial había aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de ampliación portuaria, sin tomar en cuenta los planteamientos de las organizaciones sociales, este domingo 11 la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (Apiman) aceptó algunas de las demandas ciudadanas que no estaban consideradas en la resolución de la Semarnat.
Entre ellas, se encuentra la rehabilitación total de las lagunas de Tapeixtles y del Valle, así como el análisis de la conservación de una franja de 100 metros de ancho de manglares, atrás de las colonias Las Brisas, Morelos y Pacífico.
Al respecto, Martínez Campos mencionó que si se dejan los cien metros de cinturón de manglar como zona de amortiguamiento, a partir de las áreas donde están las zonas habitacionales, es un acuerdo acertado, desde el punto de vista que disminuirán los impactos ambientales en los asentamientos cercanos.
“Era una propuesta que había presentado Bios Iguana, que motivó la confrontación y que durante cinco años llevó a la sociedad civil, al sector productivo y de gobierno a un desgaste donde se trató de imponer solamente la opinión oficial, pero ahora gracias a las organizaciones civiles se está llegando a un acuerdo al margen de la resolución de la Semarnat”.