Por: Ángel Durán Pérez.
Aunque no se quiera reconocer oficialmente, y aunque las organizaciones de abogados todavía siguen insistiendo y criticando el funcionamiento del poder judicial, la solución para contar con un mejor sistema de justicia local, es hacer una reestructura total; una nueva reingeniería, una nueva forma de trabajar y un nuevo pensamiento de los servidores públicos de ese poder; por supuesto que también se ocupa que la abogacía colimense ayude a transitar a este nuevo modelo de justicia que necesitamos.
Aunque le den más dinero, aunque incrementen el número de servidores públicos, aunque pongas más juzgados, esa ya no es la solución, hoy tenemos un sistema constitucional, que tienen que aplicar los servidores públicos de este poder judicial y que consiste en la protección de los derechos humanos y para ello es necesario que ocurra, tener servidores públicos en el sistema de justicia sensible para poder proteger esos derechos.
Se necesitan que los servidores públicos judiciales sean expertos en el conocimiento del derecho humano que se encuentra en la Constitución y tratados internacionales, con conocimiento de la doctrina humanista tanto nacional como internacional, así como con que, todos esos servidores públicos tengan vocación de servicio y que cumplan con los perfiles adecuados para trabajar ahí.
Sin estas condiciones, el poder judicial no funcionará, por más que se quiera, por más esfuerzo que hagan, actualmente el sistema de justicia está trabajando en contra del nuevo modelo de derecho que tenemos en México; por eso es que se tiene que replantear bajo un cambio estructural todo lo que se hace en el poder judicial; insisto, este cambio que se requiere, no lo resuelve exclusivamente el dinero, ni más juzgados, ni más personal; lo que le incrementen, si el cambio no va bajo estas nuevas directrices que marca el derecho nacional e internacional de los derechos humanos, no avanzaremos.
¿Quién tiene que entender esto? Por principio de cuentas la lógica nos diría que es el propio poder judicial, el pleno, el presidente, los jueces, o sea, el mismo poder judicial debiera estar inmiscuido en llevar a cabo esa transformación, esta nueva forma de hacer eficiente un sistema judicial; ellos lo saben, sin embargo, no se ve que se estén enfocando en esto; al contrario hay una crisis de salud judicial, pareciera ser que a este sistema le pasó lo que a la comunidad mundial, llegó la pandemia del coronavirus y no sabíamos que hacer, acá en el poder judicial, nos pasa lo mismo, no sabemos qué hacer, sólo sabemos que es muy dañino como se está llevando a cabo; al coronavirus no se le podía combatir conforme a los tratamientos tradicionales de la medicina actual porque era un virus moderno, diferente, y nos urgía replantear la búsqueda de la solución a través de una nueva vacuna para que nuestras vidas estuvieran fuera de riesgo; en la pandemia judicial tampoco se puede combatir con los métodos tradicionales de cuidar el acceso de justicia que usa el STJ, el nuevo sistema del derechos moderno, es humanista y para proteger la dignidad humana y la justicia es un esquema diferente que se tiene que adoptar, de ahí que no damos con bola, y que los juzgadores andan dando tumbos y la sociedad en permanente queja.
A diferencia de cualquier pandemia en la que normalmente no se sabe cómo curarla, pero los científicos trabajan a marchas forzadas para encontrar la vacuna y erradicar la enfermedad, en la pandemia judicial que vivimos, sí se sabe y tenemos todas las herramientas jurídicas y legales para implementar la cura a la pandemia judicial, pero hace falta voluntad política, falta autonomía e independencia del propio sistema judicial y además tenemos que aceptarlo la comunidad jurídica, necesitamos ser más empáticos con la lucha por la justicia, como debe ser y conforme al actual sistema de derecho que tenemos y no con el sistema legalista que veníamos trabajando desde el siglo pasado.
Es obvio que el propio poder judicial no puede solo con este problema, necesita de la ayuda de la comunidad jurídica y tenemos el deber social y ético de hacerlo; más que una crítica en este artículo, es una invitación a quienes sí tenemos la posibilidad de apoyar y de exigir el saneamiento de la pandemia judicial que hoy se vive en el estado.
Otra vez empiezan a darse las quejas de abogados y organizaciones de la abogacía colimense por la inoperancia del sistema judicial; oficinas cerradas, prácticas discrecionales y que no funcionan de los servidores públicos al hacer su trabajo, apatía de vocación de servicio de empleados, insensibilidad de servidores públicos y lo más que se ha observado es, que ante las quejas, el presidente del tribunal de inmediato cita a una plática con las organizaciones de abogados; peticiones de un lado, explicaciones del otro lado, halagos entres sí, otro defienden al presidente, siguen pidiendo paciencia, al final compromisos de mejora y fin, luego seguimos igual.
Antes había un pretexto de que por pandemia no se podía trabajar, ahora que estamos a la baja del virus, se sigue utilizando el mismo pretexto. No es necesario el colapso total del sistema de justicia si, ya estamos viendo los síntomas graves de ahogamiento y si tenemos las reglas para reinventar un sistema judicial eficiente, debemos hacer el esfuerzo, pero como debe ser.
Por otra parte, tanto el ejecutivo como el congreso, deben apoyar a evitar el colapso absoluto del poder judicial, que poco falta, a nadie conviene que esto ocurra; ahorita sigue trabajando el poder judicial, ¡ah! pero ojalá, si analiza su calidad para ver que no solo es medio tener un tribunal de justicia abierto, sino que, éste tiene que ser eficiente y para que lo sea, se necesita adaptarlo también de verdaderos mecanismos para que puedan hacer su función, actualmente no los tiene y aunque le dieran esos mecanismos elementales como dinero y capacitación Si no se hace con una nueva estructura integral, no funcionará; por ello es que, urge que el poder ejecutivo, el poder legislativo y la comunidad jurídica se unan para resolver este problema de justicia.