Por: Ángel Durán.
Dentro de los propósitos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está reformar el sistema electoral, dentro de los cuales entre otros objetivos, se está proponiendo que no haya tribunales electorales, ni tampoco institutos electorales locales; sus argumentos en estas iniciativas es: porque son muy caros e ineficientes.
La intención del presidente según las iniciativas y sus discursos, es, que tiene que haber una reforma profunda a todo el sistema electoral mexicano para eficientar la democracia; hasta aquí, está bien, sin embargo, la democracia mexicana relacionada con la celebración de procesos electorales federales y estatales y la justicia electoral, tiene características propias para que al final del día, si se trabaja de manera coordinada; el sistema electoral en México y si se hace correctamente tendremos una democracia eficiente.
Hasta ahora, la sociedad no confía en nuestro sistema democrático y por supuesto tampoco en sus instituciones, dentro de los cuales están, los Tribunales Electorales e Institutos Electorales Estatales. Las razones son varias, pero principalmente es, porque la ciudadanía no se ha dado la oportunidad de analizar, si la justicia electoral local de verdad es, costosa e ineficiente, como lo dice la reforma electoral que está pendiente de aprobarse.
Todas las personas, ante la denuncia de ineficiencia de un sistema o institución pública, tenemos que investigar, si es cierto o no; incluso, con el ánimo de construir un mejor sistema, tenemos el deber de atender la crítica y de ser necesario podríamos recomendar de qué manera lo pudiéramos hacer más eficiente, pero tenemos el deber cívico de investigar; si no lo hacemos, nos quedamos con la pura información que se transmite por nuestros o nuestras políticos o lo que circula en redes sociales y eso no es un deber cívico del que establece la Constitución de un ciudadano responsable.
El costo y la eficiencia de la democracia, se debe medir por sus resultados y la confianza social, pero esta confianza del pueblo, debe de provenir de una sociedad bien informada y que cumpla con el deber de investigar y decir si detecta la eficiencia o ineficiencia de las instituciones públicas.
Cada quien, podría investigar los argumentos por el los cuales se quiere desaparecer a la justicia electoral local y podrá estar de acuerdo o no, sin embargo, lo que tenemos que hacer como deber, es investigar por nuestros propios ojos y llegar a una conclusión.
Ya si después de haber investigado el sistema de justicia electoral local y de cómo operan los institutos electorales y tribunales electorales en todo el país, podríamos avalar o no la propuesta de reforma del presidente.
En México, tenemos un sistema federal y como tal, los estados de la república mexicana, son autónomos e independientes, y; cada uno de ellos, tiene su obligación de crear las instituciones públicas necesarias para garantizar a la población un Estado de derecho eficaz y, por otra parte, la federación, también tiene esa misma obligación de crear instituciones que protegen los derechos de las y los mexicanos de manera eficiente en su ámbito de competencia, además de apoyar a los estados en el fortalecimiento de sus instituciones.
Ante esto, la justicia electoral local es propia de las entidades federativas que sólo la deberían de poner o quitar, es decir, solamente los estados tienen la facultad de crear cuantas instituciones sean necesarios para proteger los derechos de sus habitantes, pues en un sistema federal, –la Federación– solamente tiene que ayudar a los estados a que se fortalezcan.
Y, tomando en cuenta las intenciones de la reforma electoral, tienen más bien un tinte de interés político que quizás pudiera tener buenas intenciones de hacerlos eficientes, pero son los estados los que debieran defender a estos sistemas y fortalecerlos; porque, ninguna institución pública debe de crearse o desaparecer se por intereses políticos, sino más bien, debe ser por cuestión de interés público y de orden social, si una institución después de haber sido creada, no sirve, se tiene que quitar, pero para eso se necesita que haya estudios que avalen esa ineficiencia y si el problemas es corregible se debe corregir.
En los hechos, según las estadísticas que se pueden encontrar en diferentes instituciones públicas, tanto los institutos como los tribunales judiciales electorales locales han sido eficientes, sin embargo, sí tienen una enorme cantidad de problemas que no los han dejado fortalecerse, tal y como la democracia lo exige; entre ellos y lo que más urge, es que, se les tiene que garantizar autonomía e independencia; más que eliminarlos, que la Federación ayude a los estados a fortalecer su sistema de justicia electoral y, eso sí, les exija demuestren eficiencia; quitarlos, no garantiza mejor democracia judicial.