*Son dos denuncias, una penal y otra administrativa.
Redacción|CN COLIMANOTICIAS
Manzanillo, Col.- La regidora en el Cabildo de Manzanillo, Martha Sosa Govea, confirmó que presentó dos denuncias, una administrativa y otra penal, por la decisión tomada en la sesión extraordinaria del pasado 31 de agosto, donde se aprobó el nombramiento de Irene Rodríguez Cordero, como nueva Contralora Municipal.
“Antes de que se hiciera oficial su nombramiento advertí a los integrantes del Cabildo que la persona propuesta era inelegible de acuerdo con la Ley del Municipio Libre y aunque se pudo evitar esta situación, no se quiso hacer”, aseguró.
Mencionó que las denuncias presentadas, uno ante el Órgano de Control Interno del propio Ayuntamiento y la segunda ante la Fiscalía Anticorrupción, servirán para deslindarla de cualquier situación ilegal ya que se incurrió en una irresponsabilidad como servidores públicos.
Y advirtió: “se incurrió en una irresponsabilidad que la ley tipifica como grave porque los servidores públicos están obligados autorizar nombramientos que cumplan con todos los requisitos de ley, sin omitir ninguno; además de que la Presidente Municipal también incurrió en un delito al presentar la propuesta al cabildo”.
Bajo estas condiciones Marha Sosa afirmó que por el momento, el área de la Contraloría del Ayuntamiento de Manzanillo trabaja en condiciones de ilegalidad y los actos que realice podrían no ser reconocidos, además de incurrir en irresponsabilidades legales “unas sobre otras”, a partir de un nombramiento viciado de origen y todos sus alcances en la operación y el ejercicio de funciones del Ayuntamiento de Manzanillo.
Explicó que si bien el cargo estaba vacante tras la renuncia del Contralor Iván Ramírez, la sesión extraordinaria se convocó a “quemarropa” y de “mala fe” a las 6 de la mañana del 31 de agosto y se enteró de ella porque la Secretaria del Ayuntamiento le habló para ofrecerle un “aventón” hacia la sede de la Presidencia Municipal.
La regidora panista recalcó que con el tiempo encima y sin saber de qué se iba a tratar la sesión le pasaron unas hojas con la información, la cual, al igual que sus compañeros de Cabildo, no tuvo oportunidad de revisar a fondo y señaló que cuando se presentó la propuesta de nombrar a Irene Rodríguez, votó a favor, como el resto de sus compañeros dado que no veía impedimento legal para ello.
Sin embargo, dado que la sesión extraordinaria tuvo un receso, dado que la Presidente Municipal Griselda Martínez iba a recibir a unos ciudadanos afectados por las lluvias y detalló que cuando se reinició la sesión a las 14 horas, hizo la observación de que la reglamentación interna del Ayuntamiento especificaba que el cargo lo debía ocupar una persona residente o ciudadana del puerto, requisito que no cubría Irene Rodríguez.
“Al revisar la Ley del Municipio Libre me doy cuenta de no estábamos cumpliendo uno de los requisitos fundamentales que es que cualquiera de los aprobados por el Cabildo debía ser ciudadano colimense y la mujer propuesta para el cargo es originaría de la Ciudad de México, no era nacida en Colima ni tenía la residencia mínima de tres años a la fecha”, recalcó.
En este contexto Martha Sosa informó que hizo una moción de orden para hacer del conocimiento de sus compañeros del Cabildo esta situación, ya que en caso de proseguir con el nombramiento se iba a incurrir en una violación a la ley y le pidió a Griselda Martínez que corrigiera la situación.
Mencionó que a pesar de la situación no se tomó en cuenta su observación e incluso la alcaldesa y la Secretaría del Ayuntamiento afirmaron que la ley comentada “era discriminatoria” porque todos los mexicanos tenían derecho a un trabajo licito, a pesar de que les leyó lo que establecen los artículos 68 y 77 de la Ley de Municipio Libre.
Ante esta situación la regidora solicitó a la Secretaria que se anulara su voto, a lo cual se negó porque el asunto ya se había votado y se aprobó por unanimidad y entonces detalló que, para no incurrir en inconsistencias, presentó dos denuncias, una ante el ámbito administrativo, es decir, el órgano Interno de Control del Ayuntamiento, aunque será precisamente la Contralora Municipal quien lo tendrá que derivar al área correspondiente para su investigación y desahogo de pruebas.
“La segunda denuncia se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, para que proceda como corresponda, lo que implica una vía penal ya que puede configurársela asociación irregular d servidores públicos, es decir, quienes votaron en favor del nombramiento, lo que incluye a la Presidente Municipal y al Síndico y seis regidores”, detalló.