Por: Ángel Durán Pérez
El juzgador que no defiende sus derechos, (su salario) no debe administrar justicia.
En la República Mexicana, la disparidad salarial entre jueces de diferentes estados es un tema que ha generado controversia y debate. En México, los jueces tienen un salario promedio de 59,869, en estados como Monterrey ganan 60,417.00, en Yucatán 62,882.97, Guanajuato el juez instructor gana 93,718, en este mismo Estado, el juez laboral gana 75,571.24 en Aguascalientes 58,240.00, en Colima menos de 50,000; solo por mencionar algunos. Esta diferencia se justifica a menudo supuestamente por la autonomía estatal, que se otorga a cada entidad.
Sin embargo, esta situación ha generado descontento entre los jueces, quienes, a pesar de desempeñar las mismas funciones y responsabilidades establecidas en la Constitución federal, perciben salarios distintos. El artículo 17 de la Carta Magna establece que todos los juzgadores del país deben administrar justicia de calidad, pronta y expedita. Además, el artículo 116 señala que los estados deben garantizar las percepciones de los juzgadores, sin especificar que estas deban ser diferentes. Textualmente dice “Art. 116 frac. III. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.” Como se puede ver los jueces deben ganar lo mismo, pues no importa en qué estado trabajen, la Constitución solo dice que: recibirán una remuneración adecuada. Lo que, bajo el principio de igualdad, los y las juzgadores deben ganar lo mismo, pues hacen la misma función.
Esta disparidad ha sido tolerada tanto por el poder judicial estatal como federal. Es ilógico que, basándose en la supuesta autonomía de cada estado, se pueda manipular el salario de un juzgador. Esta situación ha llevado a que, en varios estados, los jueces y secretarios de estudio y cuenta, reciban salarios insuficientes, lo que repercute en la calidad de la justicia impartida. Es común escuchar comentarios como “tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo”, reflejando la desmotivación y el descontento de los trabajadores judiciales.
El Estado, consciente de esta problemática, debe actuar en consecuencia. Es imperativo que se garantice una percepción salarial igualitaria para todos los jueces del país, independientemente del estado en el que ejerzan. Esta medida no solo es una cuestión de justicia y equidad, sino que también es esencial para garantizar una administración de justicia eficiente y de calidad.
Si logramos garantizar la igualdad salarial a los jueces, también les exigimos que la justicia que impartan sea de calidad. La sociedad actualmente muestra desconfianza hacia sus juzgadores, y esto debe cambiar. No tiene sentido mejorar las condiciones salariales si la calidad de la justicia impartida sigue siendo deficiente.
Ante esta situación, los jueces no pueden permanecer pasivos. Deben defender sus derechos y garantías constitucionales. Las asociaciones locales y nacionales de juzgadores, deben jugar un papel activo en esta lucha. Es esencial que presenten juicios de amparo ante los tribunales federales y exijan la homologación de los salarios, basándose en el principio de igualdad.
Históricamente, los jueces han buscado otras formas de protesta, como peticiones y marchas, pero estas no han sido suficientes. Es esencial que se echen andar los mecanismos legales disponibles para garantizar sus derechos. Si no actúan, corren el riesgo de ser atacados y marginados, lo que tendría un impacto negativo en la administración de justicia en el país.
La homologación salarial de los jueces en México es una cuestión de justicia y calidad. Es esencial que se garantice una percepción salarial igualitaria para todos los jueces del país y que se exija una justicia de calidad. La sociedad y el Estado deben trabajar juntos para garantizar un sistema judicial en el que la sociedad confíe y se sienta verdaderamente representada. Es hora de actuar y defender los derechos de quienes administran justicia en nuestro país, eso sí los juzgadores deben defender sus derechos y si es posible unirse y promover juicio de amparo colectivo para igualen sus salarios por igual.
Asesor Jurídico de Víctimas (ASVI)
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