EDITORIAL
A principios de la década de los años 30s. México venía saliendo de su enfrentamiento civil más grande en su historia, la revolución había dejado a una sociedad pujante con deseos de empezar a tejer sus derechos laborales, económicos y hasta culturales.
El Panorama de este país no era muy prometedor con compañías extranjeras saqueando los recursos naturales, particularmente el petróleo y abusando de los trabajadores mexicanos, que eran prácticamente esclavos.
Fue hasta 1938, aquel 18 de marzo histórico cuando el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la república mexicana tomó la decisión de expropiar y nacionalizar la industria petrolera.
Con esa decisión no sólo obtuvo la simpatía y solidaridad del pueblo mexicano, sino que en unidad todos en la medida de sus posibilidades cooperaron para que aquella decisión patriótica se llevara a cabo sin más problemas económicos y diplomáticos.
Desde entonces, el petróleo y las ganancias del mismo están en México, si bien los más conservadores han dicho que los mexicanos nunca hemos visto un solo centavo de esas operaciones, lo cierto es que el presupuesto nacional se diseña con base y se ejerce con gran parte de la venta de los hidrocarburos.
Según datos oficiales 4 pesos de cada 10 del presupuesto proviene de la renta petrolera y los fondos para desastres y emergencias se obtienen de PEMEX, es decir, el gobierno federal tiene en esta empresa paraestatal a su GALLINA DE HUEVOS DE ORO.
¿Por qué vender una industria que dejó por lo menos en este primer semestre un súperhábit de más de 10 mil millones de dólares? ¿Cuál es el interés de querer compartir las ganancias con compañías nacionales o extranjeras? ¿Por qué no se invierten las ganancias en modernizar esta industria?
Las respuestas la tiene el gobierno federal que siempre se ha “quejado” de Pemex, pero siempre acude a ella cuando necesita recursos económicos, sobre todo para pagar en su mayoría la nómina de su burocracia.
En la reforma energética que se acaba de presentar el presidente Enrique Peña Nieto propone reformar el artículo 27 de la Constitución Mexicana. ”Esto permitirá al Gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado cuando así convenga al interés nacional y con ella generar energía más barata”.
Por primera vez, los inversionistas nacionales o extranjeros participarán en exploración, petroquímica, refinación y almacenamiento del petróleo y en lo que respecta a CFE, permitirá también a particulares invertir en la producción y venta de energía, con lo cual el gobierno dice que habrá competitividad y eso hará que bajen las tarifas.
¿Cómo los particulares subsidiarán más que el gobierno federal las tarifas eléctricas? ¿Cómo las utilidades de Pemex que ahora serán compartidas con inversionistas impactarán positivamente en el presupuesto nacional?
Lo cierto es que después del anuncio del presidente, la Bolsa Mexicana de Valores cayó en más de 1 por ciento y el Wall Street Journal criticó al mandatario mexicano y escribió que la reforma energética se quedó “corta”.
Al parecer los inversionistas extranjeros no recibieron con agrado la noticia, porque esperaban otro tipo de reforma y de todos modos a los mexicanos no nos queda claro, los beneficios de la misma, sin que ello traiga más impuestos a la población y tampoco se ha explicado cómo las tarifas de luz y las gasolinas serán más baratas.