*Eugenia Pérez, de la Universidad Juárez de Estado de Durango, expuso que egresados de esa institución han constituido consultorías mediadoras entre las necesidades de la sociedad y el estado.
Redacción|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- María Eugenia Pérez Herrera, profesora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez de Estado de Durango, en entrevista, habló de las experiencias de diez años de trabajo en el Observatorio de Violencia Social y Género como dispositivo de intervención para la prevención y atención de la violencia.
La experta participó en las actividades de la Semana Cultural que realiza la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima, lo cual es posible gracias a la relación con el cuerpo académico de Grupos Vulnerables, con el que estableció vínculos de colaboración para desarrollar de manera conjunta el proyecto “Fortalezas familiares”.
En este sentido, señaló que el papel de la Facultad de Trabajo Social de la UdeC “ha sido un motor muy importante para este proyecto”, y que participan cuerpos académicos en formación y consolidación de las universidades de Guadalajara, Autónoma de Nuevo León, Veracruzana, Autónoma de Yucatán, Sinaloa, Coahuila y la Universidad de Virginia, en Canadá.
Como integrante del cuerpo académico “Violencia, Género e Intervención profesional”, mencionó que éste es un dispositivo de observación construido hace diez años, el cual permite vigilar la actuación del estado frente a ciertas problemáticas de esta índole.
Compartió que, como expertos en el tema, regresan al estado las observaciones de lo que realizan de acuerdo con las necesidades del entorno. A través del dispositivo, tienen la flexibilidad de responder de acuerdo con las necesidades del entorno a partir de la situación de violencia que prevalece, así como de analizar la actuación del estado y la modificación de su marco normativo.
Informó que, desde las acciones que desarrolla el observatorio, se han impulsado modificaciones al Código Civil y Penal así como la tipificación del feminicidio, que no era algo considerado en Durango, como una de sus principales tareas en el tema de la violencia.
Dijo que, a partir del trabajo desarrollado, han tenido la posibilidad de establecer alianzas de colaboración con asociaciones civiles, con cuerpos académicos y procesos de investigación, además de contar con datos que permiten revisar el fenómeno y realizar proyectos de intervención desde la mirada del trabajo social.
En lo académico, continuó, “el observatorio contribuye a la formación de recursos humanos de las dependencias públicas y a consolidar un sistema de indicadores que midan el impacto de la intervención del estado en la prevención, atención y sanción de la violencia como acciones básicas”.
En lo político, agregó la experta, tiene como finalidad incidir en el bienestar común mediante propuestas de atención; de igual modo, mostrar que la atención del trabajo social no sólo se orienta en las áreas que le son tradicionales, como lo educativo, el sector salud y la rehabilitación social.
Comentó que a los estudiantes les ha hecho reconocer que existen otras formas de ejercer el trabajo social fuera de una dependencia pública, lo que permitió que algunos de los egresados establecieran consultorías como mediadoras entre una necesidad identificada y los recursos que el Estado pueda proveer a través de proyectos.