Por: Ángel Durán.
No cabe duda de que el Poder Judicial debe mejorar. La crisis en el sistema de justicia en México y Colima no es la excepción. Esta problemática es visible y percibida por la sociedad en general, lo cual, siendo realistas, tampoco nos deja duda de que este problema se tiene que resolver.
Para que esto ocurra, necesitamos tomar conciencia de las causas que nos han llevado a esta situación y también asumir una alta responsabilidad de orden público y de interés social, para mejorar el rendimiento judicial.
Los principales problemas que enfrenta el sistema de justicia local son variados, pero podemos destacar que lo que mantiene en el sótano la calidad de la justicia tiene que ver con: 1. la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial, autonomía que no la garantiza el poder ejecutivo y el legislativo; 2. la falta de un presupuesto adecuado; 3. la intromisión y nombramiento de sus servidores públicos sin los méritos y capacidades necesarios: principalmente a nivel de magistraturas; 4. la falta de respeto al servicio civil de carrera; 5. la ausencia de un Consejo de la Judicatura: o cuando menos, su administración por un departamento interno del Poder Judicial con autonomía interna; 6. y quizá lo más importante, “la renuencia del mismo Poder Judicial a aplicar cotidianamente el actual sistema de derecho constitucional humanista que tenemos en México”.
Que no es otra cosa más, que garantizar los derechos humanos en toda actuación, en cada uno de los puestos que conforman la Ley Orgánica del Poder Judicial para administrar justicia pronta, expedita y de alta calidad.
¿En qué consiste este nuevo sistema de derecho Constitucional que menciono y que el Poder Judicial no quiere aplicar? Desde la reforma del 10 de junio de 2011, que ya casi cumple 14 años, nuestra Constitución se humanizó, sometiéndonos a los más altos estándares para asegurar que nuestro sistema judicial en México, -me refiero a los sistemas judiciales-, respeten los derechos humanos.
Un derecho de interés colectivo en México que debe ser garantizado por el sistema de justicia federal y local es, que la justicia sea rápida, de alta calidad, sin intrigas internas, que se respete el servicio civil de carrera en su interior, sin recomendados, eligiendo a los mejores perfiles, modernizando la justicia, solicitando un presupuesto adecuado para que pueda funcionar, pagando salarios justos y no violando los derechos de los trabajadores.
En sí, una serie de condiciones generales que deben cumplirse para que un sistema de justicia funcione bien y sus servidores públicos sean autónomos e independientes, como lo dicta la Constitución y las leyes, defendiendo su independencia ante los otros dos poderes: ejecutivo y legislativo, pero principalmente asegurando que la justicia sea rápida, pronta, gratuita y de buena calidad.
Pero, ¿qué sucede en la realidad? Muy poco de lo mencionado se se cumple; aquí no hay forma de decir, incluso, “Es que vamos caminando lentos pero bien”. No, porque el sistema humanista introducido expresamente en 11 artículos de la Constitución, establece que todas las autoridades, en cada una de sus acciones, tienen que identificar y garantizar los derechos humanos.
Sin embargo, en nuestro estado, no se ha querido aplicar esta reforma tal cual, a diferencia de otros estados como la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, Querétaro, entre otros; donde los integrantes máximos del Poder Judicial, han sido más incisivos en exigir al poder ejecutivo y legislativo, que les doten de las garantías judiciales que son su obligación, incluyendo el presupuesto, y han exigido principalmente autonomía e independencia.
Estamos en vísperas de renovar varias magistraturas en el Poder Judicial local, y ya ha comenzado la confrontación.
Se ha filtrado la existencia de litigios para evitar la remoción de magistraturas, lo cual no es descabellado. Sin embargo, lo que menos se observa es el establecimiento de mecanismos de mejora para el Poder Judicial y tener una mejor calidad de justicia para la sociedad.
Ojalá esto se considerara como un elemento de responsabilidad institucional por parte de los servidores públicos encargados de la integración y designación de las magistraturas que pronto se darán y evitar los vicios que se han dado en el pasado. Esa sería una excelente iniciativa para mejorar el rendimiento judicial.
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