Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Socios de la cooperativa Colima Caja Popular exigieron al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael García Rincón, hacer cumplir la sentencia a favor de recuperar sus ahorros que se calculan en más de 200 millones de pesos.
Los defraudados señalan al presidente y el vicepresidente del consejo de administración de esta caja popular, Felipe Cárdenas y Rafael Ordorica respectivamente, como los causantes del fraude a más de 3 mil integrantes.
Los acusaron de disposiciones de bienes de la cooperativa, autopréstamos, alteración de cuentas o condiciones de contratos, reporte de gastos inexistentes o exageración de los reales, más lo que resulte.
María Elena Abaroa López, socia de esta cooperativa, acompañado de cerca de 30 integrantes, se manifestaron en el edificio del Poder Judicial con pancartas exigieron el cumplimiento de una sentencia a su favor para que se les devuelvan sus ahorros.
La primera denuncia contra Colima Caja Popular fue presentada en 2009 contra Cárdenas y Ordorica con el expediente 429/2009; sin embargo, a raíz de que la caja popular dejó de pagar intereses a sus socios, a mediados de 2012, se presentaron otras cuatro denuncias más.
En ellas, señalaron a Rafael Ordorica de haber beneficiado a Ramona Ordorica Verduzco por 4 millones 685 mil 860 pesos; Rosa María Ordorica Verduzco por 4 millones 740 mil 107 pesos y a su empresa, Radio Colima, por 4 millones 325 mil pesos.
La Cooperativa Colima Caja Popular tiene cinco sucursales, dos en la capital; Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, cuentan con una.
Por su parte, Rafael García Rincón, magistrado presidente del STJE, quien llegó minutos después de haber comenzado la manifestación, explicó que no era de su competencia el cumplimiento de la sentencia, sin embargo ofreció apoyo para gestionar los medios de compensación en caso de que no estén de acuerdo con el actuar del juez del caso.
Después de la audiencia con el magistrado del STJE, los inconformes acudieron al congreso, donde se realizaba una sesión ordinaria, a entrevistarse con diputados a quienes reclamaron, de manera airada, su presunta incapacidad para resolver el problema a pesar de comprometerse con su apoyo.