Por: Ángel Durán
Durante la última década, ha surgido una preocupación constante por regular las actividades de las empresas transnacionales, especialmente porque, en muchos casos, su operación resulta en violaciones a los derechos humanos.
Estas compañías, con su poder económico, no solo pagan salarios bajos y contaminan el medio ambiente, sino que también crean condiciones de desigualdad en el mercado, afectando a las empresas medianas y pequeñas.
A veces, su influencia es tan grande, que pueden generar conflictos entre gobiernos de diferentes países.
Este impacto negativo ha alertado a defensores de derechos humanos e instituciones públicas, tanto nacionales como internacionales.
La preocupación ha llegado a tal punto, que la ONU ha establecido comisiones especiales para crear tratados internacionales que aborden la responsabilidad de estas grandes corporaciones en la violación de derechos humanos.
Estas empresas han acumulado tanto poder, que pueden influir en la legislación para beneficiarse a sí mismas, e incluso, lograr que los países donde se encuentran sus matrices las defiendan, creando una desigualdad significativa a nivel global.
Las empresas transnacionales, que operan en diversos países, a menudo tienen más poder que las autoridades locales.
Esta situación genera una desigualdad profunda y les permite dictar la agenda política y económica de las regiones donde operan.
Hasta ahora, si una empresa contamina o genera condiciones laborales injustas, solo puede ser sancionada por las autoridades de los países donde se encuentra.
Sin embargo, el poder de estas corporaciones es tan grande, que las sanciones impuestas, generalmente económicas, no causan un impacto significativo, perpetuando la impunidad y no disuadiendo sus prácticas dañinas.
Lo que se busca con las nuevas iniciativas es, que tribunales internacionales u organismos internacionales puedan analizar estas violaciones graves a los derechos humanos de manera similar a como se tratan los gobiernos cuando son acusados de violentar la dignidad de las personas.
A pesar de las numerosas convenciones y reuniones internacionales que han celebrado principios para regular estas empresas y proteger los derechos humanos, aún no existe un sistema normativo efectivo que regule completamente las actividades de estas poderosas transnacionales.
La meta es, que las empresas sean responsables de los daños que causan, incluyendo la contaminación ambiental y la generación de desigualdad y pobreza a través de su feroz competencia comercial.
Se espera que estas empresas también impongan límites a sí mismas, manteniendo sus actividades comerciales dentro de un marco ético que respete la dignidad humana.
En caso de violaciones, deberían poder ser revisadas y sancionadas por organismos internacionales y, de ser halladas culpables, obligadas a reparar los daños causados.
Es crucial que la ONU refuerce estos principios y que los gobiernos dejen de proteger a las empresas que violan derechos humanos y contribuyen a la desigualdad global.
Las consideraciones económicas no deberían prevalecer sobre la dignidad humana.
Todas las empresas, incluidas las transnacionales, deben respetar la dignidad humana y ser reguladas efectivamente para asegurar un impacto positivo en la sociedad global.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.