Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, diputada por el Partido Acción Nacional, enfatizó que “como panista y humanista, estoy en contra de esa pena, y como partido también siempre estaremos en contra”.
Refirió que su postura “es naturalista y a favor de la vida, independientemente de los hechos que realizan algunas personas, y si bien queremos que paguen por lo que hicieron, quien comete un delito tendrá que ser sentenciado por un juez, pero nadie tiene derecho a quitar la vida”.
En ese contexto, recordó que “la constitución da una garantía al derecho a vivir”, por lo que es mejor tomar medidas preventivas para impedir que se incremente esa problemática social.
Por su parte, el diputado priísta Roberto Chapula de la Mora señaló que para resolver el problema de los secuestradores, “se deben atacar las causas y no sólo los efectos”.
Recordó que la pena de muerte está prohibida por la Constitución, salvo en algunas situaciones claramente establecidas, por lo que precisó que el Estado “debe asumir la responsabilidad política que le corresponde”.
Recordó que como integrante de la 52 Legislatura promovió sendas iniciativas de reforma al Código Penal del Estado, actualmente vigentes, para elevar a 45 años la penalidad a secuestradores.
Asimismo, “fue necesario incrementar la sanción a quienes cometen el homicidio calificado, para fijarla en una media de 35 a 50 años, cuando antes era de 20 a 40 años de prisión”.
Recordó el desenlace fatal que recientemente tuvo el caso del hijo de un empresario en la ciudad de México y el asesinato de una familia en Ciudad Guzmán, que han conmovido a la sociedad.
Dijo que lamentablemente en ambos casos las indagaciones señalan que en los hechos delictivos están involucrados elementos policiacos, que aprovecharon la disponibilidad de información privilegiada para cometer esos delitos.
Por separado, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Adolfo Núñez González, opinó que México no se encuentra preparado para la aplicación de la cadena perpetua o la pena de muerte, “porque lamentablemente estos ilícitos se practican de manera común en el país”.
Advirtió que lejos de ello, el gobierno federal debe implementar acciones preventivas para no llegar a esos extremos, “a partir de que se abran las oportunidades para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de emplearse y vivir dignamente, y no tengan que delinquir”.