TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Hace escasos dos meses, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) advirtió que se acentuarán las demandas laborales de entes públicos los últimos meses del sexenio y su magistrado presidente, Germán Iglesias Ortiz, explicó que al momento “se tienen 300 laudos emitidos aprobados por el pleno que ya tienen que notificarse a las partes, pero no se ha hecho derivado del Covid 19.
“Tenemos ese número porque, si los notificamos, habrían juicios de amparo en cada uno de ellos y tendremos que emplazar a las partes y eso nos puede pegar, como autoridades, porque no remitiríamos los amparos en tiempo y forma a las autoridades federales.”
Iglesias Ortiz solicitó a las administraciones municipales se preocupen por los laudos y juicios labores que tiene el TAE. Puedo informar a las administraciones que hayan ganado las elecciones sobre las resoluciones y juicios que se están ventilando en el tribunal, para que cuando menos vayan viendo que es lo que van a hacer para resolverlos”.(Colima Noticias)
Esta, que parece una información de rutina, entraña grandes impactos no solo para la justicia, por tardía, sino para un gobierno que vive una crisis sin precedente en todos los niveles: en credibilidad, en falta de confianza, en materia de endeudamiento, en ausencia de resultados, etc. No hacer las comunicaciones pertinentes a las partes en un juicio implica un incumplimiento grave porque las sentencias duran años para producirse y a veces los afectados hasta mueren esperando justicia. No se vale. No se vale, magistrado, jugar con los tiempos, las notificaciones tienen que ser al instante, no permitir que se hagan más viejos los asuntos en detrimento de las haciendas estatales o municipales y de los intereses de los trabajadores.
Los juicios laborales tienen impacto serio en la economía y las finanzas estatales. Pero, ¿ a alguien le importa ? Para empezar, que yo sepa, no hay un fondo específico, finanzas disponibles en un capítulo administrativo para liquidar a quienes ganan juicios a los gobiernos estatal y municipales. Generalmente, los despidos los hacen sin tomar en cuenta antigüedad, méritos o resultados, capacidades, valores ejercidos, la buena fama, etc, los que llegan a las administraciones lo hacen con determinación aunque a veces en forma errada. Las consecuencias no se miden y, al paso del tiempo, los malos resultados los paga el contribuyente porque los despidos no son justificados en la legalidad y los gobiernos a la larga tienen que cubrir indemnizaciones altas
Ahora mismo, el gobierno estatal está despidiendo a trabajadores de contrato y de confianza aunque los de esta condición última tengan más de 15, 20 o 25 años. Qué les pasa? No les toca el corazón dejar en la inopia a cientos de familias, a trabajadores a los que no se les avisa con tiempo que sus servicios no son ya necesarios? ¿ Por qué se violan las leyes laborales tan impunemente y se vulnera el derecho al trabajo, sabiendo que vendrán demandas y que el gobierno las perderá ?
Recuerdo, respecto al tema de los despidos injustificados, cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un juicio que se alargó 15 años por la intervención interesada de varias administraciones municipales por el despido de 17 trabajadores del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, condenó al pago de alrededor de 90 millones de pesos, y no solo eso, ordenó la destitución del cuerpo de regidores vigente y acciones diversas contra los cuerpos edilicios anteriores a ese y que le escamotearon la justicia sucesivamente durante esos años a esos 17 trabajadores que terminaron siendo millonarios.
Ignoro cuantos casos de trabajadores despedidos injustamente por el gobierno de IPS habrá en el TAE y las Juntas laborales, pero no son pocos seguramente. Ya pasaron casi seis años desde que entró al poder y hay muchos casos que lejos están de resolverse por su alto número, por falta de atención de abogados, por falta de personal o por decisiones políticas interesadas.
Tiene que acabarse esa vieja práctica que resulta contra los intereses del Estado, de los trabajadores y de los contribuyentes por el alargue deliberado de los juicios; los nuevos gobernantes, si son sagaces, tienen que valorar capacidades, trayectorias o resultados, revisar caso por caso aunque se dilaten un poco y no cometer injusticias con los buenos trabajadores, desechando sin embargo a los que no cumplan satisfactoriamente con su trabajo.
Tiene que darse un esfuerzo formal en favor de estructuras de gobierno funcionales, no incurrir en el error de darle chamba a los de la campaña, a los cuates y compadres. A los gobiernos deben ir los más capaces, los más honorables, sin importar que no sean del “partido” y garantizar así decisiones correctas y a tiempo sobre la diversidad de asuntos que deban atenderse en los gobiernos. Las lealtades, como requisito principal, a veces no bastan.
Debe impedirse a futuro las malas acciones contra los trabajadores, especialmente los que laboran con modalidades que les escatiman derechos de antemano, que no tienen acceso a seguridad social, aguinaldos, préstamos y otras prestaciones que sí tienen sindicalizados e empleados de confianza. Debe detenerse esa injusticia.