Por: Ángel Durán
La Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH enfrenta retos y desafíos sobre cómo investigará la grave violación a los derechos de la población, al ser reprimidos con gas lacrimógeno en el Jardín de Libertad este pasado 8 de marzo.
En el momento del agravio se encontraba presente el mismo presidente del organismo protector de los Derechos Humanos, quien, inesperadamente, también resultó afectado por las acciones de las fuerzas del orden público. Estas, sin justificación alguna, afectaron a muchas personas que se encontraban en el lugar.
Una marcha pacífica se tornó en un ambiente álgido, ante lo cual la policía actuó de manera incorrecta, agrediendo a niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Este incidente fue presenciado directamente por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que, en respuesta al agravio y aún bajo los efectos de la agresión con gas lacrimógeno, su presidente Mtro. Roberto Ramírez anunció la apertura de una investigación y condenó enérgicamente las acciones del Estado.
El reclamo por parte de la población no se hizo esperar en redes sociales. No obstante, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigió la renuncia de los responsables.
La CEDH tiene la obligación de hacer una investigación exhaustiva para determinar los motivos y razones detrás de la conducta de los agresores y su impacto en quienes ejercían su libertad de expresión y derecho a protestar.
Sin embargo, la efectividad de estas declaraciones del servidor público queda por verse, ya que existen otras investigaciones de gran importancia para la población que no han sido abordadas con la misma diligencia e inmediatez de parte de la comisión.
Quizás la rápida acción en este caso se debió a que el mismo presidente fue víctima, al igual que otros miembros del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La actuación del presidente del organismo defensor de derecho humanos se evaluará una vez emita su recomendación, que esperamos sea pronta, dada la grave violación ocurrida en el jardín libertad.
No se trata solo de una persona o autoridad responsable la que actuó; el Estado mismo es responsable. Por eo es crucial que la Comisión asuma su papel conforme a la Ley Orgánica de la institución y su reglamento y no quede en la impunidad dicha ofensa como ya ha ocurrido con otras denuncias que en esa comisión están y que finalmeante el burocratismo las entierra y la misma comisión oficiosamente las archiva, dejando a las víctimas con el agravio a sus derechos.
No se ha observado por parte del estado una atención oficial adecuada a las personas afectadas, ni se han dado disculpas públicas, lo cual es importante la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos, identificar a los responsables de lanzar gas lacrimógeno a la manifestación y emitir medidas para evitar la no repetición de estos actos, la comisión tampoco lo ha seguido exhigiendo.
El desafío de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es crucial para enviar un mensaje a la población sobre la confiabilidad de la institución, especialmente dado el historial de casos no atendidos adecuadamente y las quejas sobre burocratismo que en esta institución hay.
Lo sucedido en el Jardín Libertad, constituye una grave violación de los derechos humanos que no debe repetirse, dependiendo de la efectividad y argumentación de la recomendación de la comisión, sabremos si su llamado enérgico era real.
La Comisión debe actuar de manera inmediata para atender a las víctimas afectadas y ser un aliado en el cumplimiento de los objetivos de la marcha.
Si la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no cumple adecuadamente con su labor, optando por el silencio o emitiendo una recomendación débil que solo castigue a funcionarios de bajo nivel, se desperdiciaría una oportunidad crucial.
En lugar de tomar esta ruta, la Comisión debe aprovechar la situación para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los excesos cometidos durante la represión de la marcha.
Esto implica utilizar plenamente el sistema de atención a víctimas disponible, identificando a los responsables, emitiendo medidas de no repetición, ofreciendo disculpas públicas, compensando los daños y perjuicios causados y, aún más importante, estableciendo que este día sea recordado en la historia de nuestro estado.
La memoria de este evento debe servir para educar a futuras generaciones sobre su historia como derecho humano, asegurando que tales actos de represión, no se repitan.
Además, es fundamental implementar programas de capacitación para las fuerzas de seguridad pública, con el fin de evitar futuros incidentes lamentables.
Este momento representa un punto de inflexión potencial para la CEDH. La Comisión tiene la oportunidad de demostrar su valentía y compromiso social, actuando como la institución defensora de los derechos humanos que está destinada a ser.
Al hacerlo, no solo atendería las injusticias actuales, sino que también sentaría un precedente importante para la protección de los derechos humanos en el futuro, evitando la repetición de tales eventos trágicos.
Este es un llamado a la acción para que la CEDH se posicione firmemente en defensa de la justicia y la dignidad humana.
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