*Hace un llamado para que se resuelva el caso de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado para que se resuelva el caso de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, ambos defensores de derechos humanos que desaparecieron el pasado 15 de enero en los límites entre Colima y Michoacán.
A través de un comunicado de prensa de la ONU (https://news.un.org/es/story/2023/02/1518712) se da a conocer que un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió respuestas este lunes sobre el destino de dos defensores de las garantías fundamentales desaparecidos en México e instó al gobierno de ese país a investigar los hechos que las rodearon y a procesar a los responsables.
Los expertos que analizan el caso de la situación de los Derechos Humanos en México, principalmente de los dos desaparecidos, son: Pichamon Yeophantong, presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Se hace mención que Ricardo Lagunes, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz, líder indígena, desaparecieron en el estado de Colima el 15 de enero pasado.
La desaparición se produjo en el contexto de un conflicto entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán, y la empresa minera Ternium, parte del grupo argentino-italiano Techint, con sede en Luxemburgo.
Lagunes y Díaz desaparecieron después de asistir a una reunión comunitaria para discutir la acción colectiva relacionada con el impacto de las operaciones de la empresa en los derechos humanos.
Díaz es miembro de la comunidad afectada negativamente por la empresa minera y Lagunes le ha dado asistencia legal a esa comunidad.
Los expertos destacaron que la prohibición de la desaparición forzada, y la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, son un principio supremo del derecho internacional y urgieron al gobierno mexicano a ajustarse a él.
“Las desapariciones forzadas tienen un efecto paralizante en los defensores de los derechos humanos y silencian las voces críticas”, apuntaron, instando a las autoridades a garantizar que esos activistas puedan llevar a cabo su trabajo crítico en un entorno seguro, y conminando a las empresas a comprometerse con ellos y con las comunidades afectadas por sus actividades, respetando siempre los derechos humanos”.