PUNTO SOCIOLOGICO
Por: J. Daniel Miranda Medrano
Sorprendentes resultaron las cifras dadas a conocer por el INEGI con relación al tema de las consecuencias de violencia en nuestro país, enunciadas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Los datos que publica este instituto (cuyos funcionarios por cierto acaban de incrementarse el salario contraviniendo las políticas del futuro presidente de México) estiman que el año anterior existieron 25.4 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2017.
La ENVIPE publica estimaciones sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total o parcial de vehículos, en casa habitación, asalto en calle o transporte público. Asimismo, carterismo, abigeato, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a como secuestros y delitos sexuales. De este universo, se descartan los delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, porque no son susceptibles de medirse en esta encuesta de victimización.
Los datos de la investigación muestran que el 35.6% de los hogares del país tuvo al menos a un integrante como víctima de algún delito. Con respecto a estos datos, el documento señala que en 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación; esto habla por un lado de la percepción de los ciudadanos con respecto a las instituciones que supuestamente procuran justicia, pues en casi la totalidad de los delitos las víctimas no hacen la denuncia respectiva porque consideran que es una verdadera pérdida de tiempo; o bien, en los casos en los que si se denunciaron los hechos, de manera grave la autoridad no inició la averiguación o investigación requerida.
Así, se estima que en 2017 hubo 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 29,746 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2017, cifra muy superior a la estimada en 2016 que fue de 28,788. En otras palabras, a pesar de los dichos gubernamentales que dicen que se está ganando la lucha contra la delincuencia, el número de víctimas se incrementa en realidad, lo que contradice el discurso oficial.
La ENVIPE estima que 79.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia durante el período marzo-abril de 2018, cifra de nueva cuenta superior a las estimadas en ediciones anteriores de la encuesta. La sensación de inseguridad en el ámbito de la delegación o municipio, y colonia o localidad también se incrementó a 70.0% y 50.1% de la población de 18 años y más que se siente insegura tanto en su municipio o delegación o en su colonia o localidad, respectivamente.
Así, la realidad contradice las noticias alegres de los gobiernos y demuestran que nada se ha avanzado con respecto al tema de la inseguridad y violencia y que los recursos invertidos de nada han servido.
APARTE.- Comenzó una nueva etapa en la vida institucional del Congreso de Colima con la instalación de la LIX legislatura; entre gritos de “fuera fuera”, alusiones personales y otras linduras ya de todos conocidas. Todo ello señal de que los tiempos cambian y que la sociedad agraviada desde hace muchos años, empieza a cansarse. La forma en que se instaló la nueva legislatura resultó en una especie de termómetro político que hay que tener presente de hoy en adelante, y destaca que los actos de rebeldía no fueron de los nuevos legisladores, sino del público presente, que también advirtió a los diputados que estarán vigilándolos. Primera llamada, primera.
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