MAYO, MES PARA DICTAR SENTENCIA A GENERALES RELACIONADOS CON EL NARCO

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    Una vez que se decretó el cierre de la instrucción y de que comenzó a correr el plazo para que tanto el Ministerio Público federal como la defensa presenten sus respectivas conclusiones en el juicio, el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Toluca, estado de México, contará con un plazo de treinta días para emitir el pronunciamiento judicial dentro de la causa penal que decretó el formal procesamiento de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez al considerarlos presuntos responsables de delincuencia organizada y delitos contra la salud en agosto del año pasado.

    Aun cuando el plazo judicial vence durante los primeros días del mes de mayo de este año, el juzgado federal no está obligado a agotar el plazo de ley con que cuenta.

    De ahí que existe la posibilidad de que de que la sentencia pudiera notificarse a mediados del próximo mes de abril.

    De acuerdo con la PGR, los cuatro generales colaboraron al menos en 2007 con la organización criminal liderada por Los Beltrán Leyva al proporcionarles información que benefició su quehacer delictivo.

    Por ejemplo, según estableció la acusación, permitirles aterrizar aeronaves en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, cargadas de cocaína con rumbo a Sudamérica.

    No obstante, durante el desahogo del juicio, la PGR admitió que no realizó las diligencias correspondientes en el caso para acreditar que eran ciertos los señalamientos vertidos por los dos testigos protegidos en los que basó su imputación, Jennifer y Mateo.

    Ambos testigos protegidos aseguraron que los generales vendieron protección al crimen organizado, pero durante el desarrollo del proceso el representante social no aportó pruebas adicionales al respecto que fortalecieran las acusaciones iniciales, destacó la defensa de los militares durante el proceso a pesar de que previamente fueron arraigados y la investigación en su contra se originó desde 2011.

    Fuente: EXCÉLSIOR

     

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