*Por la promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El comité de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó “reservar por dos años” un fallo donde se ordenó sancionar a 14 superdelegados por la promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunos de estos funcionarios responsables de operar los Programas de Bienestar son aspirantes de Morena a algunas de las 15 gubernaturas en disputa en el 2021, entre ellos Indira Vizcaino Silva, actual candidata de Morena a la Gubernatura de Colima..
Sin discusión y por unanimidad, en una sesión extraordinaria pública que no duró ni cinco minutos, los tres integrantes del comité confirmaron la reserva del expediente sobre los superdelegados, a los que la sala regional especializada de Tribunal consideró en 2019 responsables de uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental y personalizada con los programas sociales.
Esa sentencia fue impugnada ante la sala superior del TEPJF y, a casi un año de la resolución, no se ha resuelto.
La denuncia del PRD presentada ante el Tribunal incluía a 43 funcionarios públicos dependientes de la Secretaría del Bienestar por supuestamente violar la ley y realizar acciones vinculadas a los programas sociales con material que mostraba la imagen del Presidente López Obrador.
LA DENUNCIA
Es de mencionar que el año pasado (27 de diciembre) el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que la entrega de programas sociales por personal de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, ya que pudo ser identificable el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la indumentaria que portaban, así como la mención sobre logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.
En la resolución, no se le atribuye responsabilidad alguna al presidente de México, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen, ni participó en los hechos denunciados. Tampoco se concretó esa responsabilidad al partido político Morena.
Se determinó que 36 servidores y servidoras públicas (en delegaciones, subdelegaciones regionales y “servidores de la Nación”) realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en diversas redes sociales de estas personas del servicio público y en notas periodísticas.
También se advirtió que la propaganda gubernamental denunciada pudo vulnerar el interés superior de la niñez, ya que en diversas publicaciones se observa su imagen, sin que se demostrara contar con el consentimiento y la opinión tanto de las niñas y los niños, como del padre, madre o tutor.