En reunión que sostuvieron organizaciones no gubernamentales con el titular de la dependencia de Salud, se analizaron aspectos que incluyen la interrupción legal del embarazo en el marco de la nueva Ley de Salud y del nuevo Código de Procedimientos Penales, mismas que amplían las causales y establecen la obligación de las instituciones de salud de atender a las mujeres violentadas.
Acordaron seguir trabajando concretamente en la definición de lineamientos y protocolos de atención a las mujeres, que garanticen el cierre de este círculo virtuoso a favor de la salud de las víctimas de la violencia doméstica.
Asimismo, coincidieron en garantizar la opción del derecho de la mujer en otras causales previstas por la ley y una serie de colaboraciones que permitan mejorar el registro, la transparencia de la información y el monitoreo de estos indicadores por parte de las organizaciones civiles.
La directora general de la organización IPAS México, Rafaela Azquiabon, calificó de muy fructífero este encuentro y destacó la disponibilidad recíproca de colaboración por parte del gobierno del estado y de las organizaciones de la sociedad civil para atender a las mujeres colimenses con esta problemática.
En esta reunión participaron dirigentes y representantes de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, misma que convoca a las organizaciones Equidad, GIRE, Ipas México y Católicas por el Derecho a Decidir, así como de organizaciones y redes locales, como el Comité Estatal de Derechos Humanos no Gubernamental y del Observatorio Nacional para el Feminicidio.