OSAFIG
Por: Florencio Llamas Acosta
Sin lugar a dudas la rendición de cuentas y la fiscalización del gasto son acciones necesarias para una buena gestión gubernamental, ya que los escasos recursos y el incremento de las demandas de la sociedad, exigen a las administraciones el uso eficiente y honesto del erario público.
Pero la corrupción es un virus que afecta al sistema político mexicano, pues existe entre la población la evidente presunción de enriquecimiento ilícito de quienes ejercen cargos públicos. Es tan arraigada la idea de la corrupción que lo que se reprocha no es que roben, sino que roben y no hagan nada por su pueblo, de tal forma que para los ciudadanos todos los políticos roban y ser político es ser sinónimo de corrupto.
Para inhibir estas prácticas nocivas y legitimar el gasto público se han creado aparatos burocráticos por parte de las entidades gubernamentales; en el caso del Gobierno del Estado, existe la Contraloría del Estado, un órgano auditor que tiene legalmente la responsabilidad de cuidar la correcta aplicación del gasto, en el mismo tenor están en los Ayuntamientos la figura del sindico municipal, el contralor municipal y la comisión de hacienda en el cabildo. Sin embargo a pesar de estos controles internos siguen persistiendo malas prácticas, mismas que son del dominio publico.
En nuestra entidad, la Constitución Política del Estado de Colima en su artículo 33 le confiere al Poder Legislativo como represéntate de los ciudadanos la facultad de combatir los actos de corrupción, misma que se plasma en la fracción “ XI.- Revisar y fiscalizar la cuenta pública del ejercicio fiscal que le presenten los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, organismos e instituciones descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos, fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y Ayuntamientos; y demás entidades, personas físicas y morales que administren, custodien y ejerzan recursos públicos.”
Para el cumplimiento de esta responsabilidad legal asignada al Congreso del Estado, los diputados y diputadas se apoyan en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en los términos y facultades establecidas en la ley. Pero la creación OSAFIG y de la expedición de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, no han sido suficientes para combatir la desconfianza y la falta de certeza en la rendición de cuentas en la opinión pública colimense, pues se considera que la existencia de este órgano técnico de control y vigilancia del gasto carece de credibilidad al atribuírsele supeditado a arreglos políticos por encima de la ley, cuestionando su desempeño profesional sin autonomía e independencia del poder estatal.
De ahí la importancia del proceso de asignación del nuevo titular del OSAFIG que se está llevando a cabo en el Congreso del Estado, en la que ha sido posible la representación de la sociedad civil para vigilar que llegue a este órgano el aspirante con el mejor perfil, el que menos conflicto de interés tenga para con el poder y pero sobre todo este más comprometido con los ciudadanos.
En este sentido ante el reclamo popular, para dignificar la política y legitimar el ejercicio del poder público ante los ciudadanos es pertinente no simular, sino realizar reformas profundas que permitan contar con instituciones sólidas que combatan frontalmente la corrupción sin importar colores partidistas, capaces de generar confianza, credibilidad y certeza legal y hacer de la fiscalización y rendición de cuentas una verdadera estrategia de eficiencia de la gestión gubernamental, ¿O usted como lo piensa?
*Maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.
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