Por: Manuel Olvera Sánchez
La situación de inseguridad en nuestro país ha sido uno de los temas que se han convertido en primicia dentro de la agenda del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sin embargo no se debe olvidar que la tarea no es exclusiva del presidente, ya que dentro de las obligaciones constitucionales que le marca a cada gobernador también son participes los 32 mandatarios estatales a través de sus policías estatales y en su caso de las fiscalías generales de justicia, sin dejar de observar que los presidentes municipales también son participes a través de sus policías municipales.
Vale recordar que los delitos del fuero común y ya no se diga los de alto impacto su comportamiento se ha ido incrementando, lo cual evidencia que las políticas en materia de seguridad no han logrado detener las estadísticas mediante las cuales los resultados no son nada alentadores y con las consecuencias que para la sociedad conlleva.
El año 2019 fue el año que rebaso las estadísticas, tan solo en ese año las denuncias en todas sus modalidades sumaron la cantidad de un millón 353 mil 990 carpetas de investigación entre los cuales destacan los siguientes delitos: robo a casa habitación, feminicidios, secuestro, extorsión, narcomenudeo, trata de personas, abuso sexual y otros delitos del fuero común.
En el caso particular del Estado de Colima, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a través de los registros llevados a cabo mediante los cuales se evalúa el comportamiento de los delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, Colima ocupó el primer lugar seguido por Aguascalientes, Baja California, Querétaro, Ciudad de México y Morelos, resultados que posicionan a nuestro estado como uno de los que no están cumpliendo a cabalidad con su tarea de procurar la seguridad pública de sus habitantes.
No obstante que el recurso federal que se asigna a los estados y municipios con la finalidad de privilegiar la seguridad pública es mayor que incluso la destinada para la seguridad nacional, los resultados no son nada alentadores, se le debe sumar a esto que en el ejercicio fiscal 2020 la proyección destinada a través del Presupuesto de Egresos de la Federación será tan solo de un incremento de solo el 1.2%, situación nada alentadora a los ya de por si resultados negativos en este rubro.
Todo indica que las conductas antisociales han contribuido de manera considerable en el sentido de que los crímenes continúen acrecentándose en nuestro país, las estadísticas así lo revelan, la inseguridad en nuestro país posterior a la revolución no había sufrido un incremento como el vivido en las dos últimas administraciones federales convirtiendo a nuestro país en un panteón y una seguridad pública en ruinas.
Hoy en día los criminales han logrado minar a las instituciones e incluso al sector empresarial y sin faltar a la clase política, se han diversificado y expandido haciendo más compleja la impartición de la justicia al grado de que por parte del estado mexicano se deban destinar cada ejercicio fiscal vía presupuesto de egresos recursos económicos con costos directos hacia la sociedad que hoy en día se encuentra cansada de un sistema judicial ineficiente.
Sin embargo, si bien es cierto que lo relacionado con la seguridad recae específicamente sobre los tres ordenes de gobierno, el poder legislativo juega un papel fundamental en lo referente a legislar bajo una visión que permita por un lado sancionar con mayor energía a quienes cometan delitos y establecer leyes enfocadas a promover la prevención.
Indudablemente que el tema de los feminicidios en los últimos años ha sido un fenómeno social que ha propiciado por un lado que las mujeres manifiesten su inquietud al no sentirse protegidas por el estado mexicano y por otro lado los tres niveles de gobierno han observado como este tipo de delitos los ha rebasado sin hasta la fecha obtener resultados favorables.
En días pasados el Diputado Federal Jorge Luis Preciado Rodríguez al observar que tan solo en los últimos tres años los feminicidios se han incrementado hasta en un 104 por ciento, sumando la cantidad de 2 mil 560 casos de mujeres asesinadas, cifra reveladora que posiciona a nuestro país en una situación nada cómoda con relación a la violencia generada hacia la mujer.
Jorge Luis Preciado esta consciente de que “urge legislar en el sentido de generar leyes que castiguen con mayor severidad este tipo de delitos, se ha llegado al extremo de mutilar o generar lesiones que denigran la dignidad de la mujer con la finalidad de acreditar el desprecio y un sentido de superioridad sobre ellas”, así lo manifestó el legislador federal por Colima.
El diputado federal bajo una visión vanguardista y un alto sentido de responsabilidad ha señalado de manera categórica la necesidad urgente de elaborar reformas al artículo 325 del Código Penal Federal con la finalidad de inhibir esas practicas que han permitido que los delitos en contra de las mujeres hoy en día estén logrando estadísticas no deseadas en contra de ellas.
El delito de feminicidio a nivel mundial ha representado en los últimos años el 21% , es esa la razón por la cual nuestro país no puede ser ajeno a prestar especial atención a este fenómeno social que ha impactado de manera significativa a las autoridades; Jorge Luis Preciado ha manifestado que presentara un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión mediante el cual propondrá realizar algunas reformas al artículo 325 del código penal federal a fin de incrementar las penas y las respectivas multas para quienes cometan este tipo de delitos bajo una visión comprometida con el género femenino.
¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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