AL DESNUDO
Por: Édgar Rodríguez H.
La ex zona militar es y seguirá siendo tema político, más que social, en tanto no se tome una decisión sobre su destino. Desde que se dio a conocer su reubicación a un inmueble de 63 hectáreas proporcionado por el gobierno del estado ubicado en la comunidad de Loma de Juárez, municipio de Colima, mucho es lo que se ha dicho y especulado.
Desde agosto pasado, aún y cuando no se había concretado el traslado, se comenzaron a escuchar una gran cantidad propuestas sobre el destino de la ex 20 zona militar, incluso, los que quisieron politizar el asunto, hablaron sobre la posibilidad de construir fraccionamientos, cotos privados e incluso de una zona comercial que le permitiría hacer negocios al gobierno que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez.
De nada sirvió, que en su momento, José Rivas Valencia, presidente de la Comisión Ciudadana para la Planeación y el Desarrollo de la Calzada Galván, diera a conocer en el pasado mes de enero, que comenzarían los talleres de consulta para definir las prioridades de los ciudadanos, sobre qué hacer con el terreno donde ubicaba la 20 Zona militar, se continuó insistiendo en que las intenciones del gobierno estatal era sacar el mejor provecho económico de las ex instalaciones militares.
Desde que se habló del cambio, se dijo que el Ejército Mexicano reubicará su vigésima zona militar, con sede en una de las principales avenidas de la capital, gracias a la donación, a título gratuito, de un inmueble de 63 hectáreas proporcionado por el gobierno del estado ubicado en la comunidad de Loma de Juárez, municipio de Colima.
Y fue precisamente la denominada “donación a título gratuito” lo que a la postre detonaría el que se dijera que el gobernador Peralta Sánchez habría desviado 200 millones de pesos de un crédito que solicitó en septiembre de 2018 para la adquisición de un predio de 15 hectáreas en la capital colimense.
La telaraña no se deshizo, aun cuando en un boletín oficial del 28 de septiembre de 2018, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez dijo que de los 410 millones de pesos que el Congreso había autorizado para contratar una deuda, 200 millones, “se destinarían para la compra de los terrenos donde actualmente se encuentra la 20 Zona Militar”, es decir, en la Calzada Galván.
El enredo fue tal, porque a la postre el mandatario estatal señaló que el destino de los 200 millones habían sido para construcción de la Zona Militar en Loma de Fátima y no para la compra de las ex instalaciones militares. En Mayo pasado, ante diputados de la 59 legislatura local, Peralta Sánchez tuvo que salir a reiterar sobre la legalidad en la transacción para la adquisición de las instalaciones de la 20 Zona Militar, dejando en claro que el destino de los recursos económicos aprobados por el Congreso del Estado fueron utilizados de manera correcta, pagándose 200 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto que esa dependencia aportó 240 millones de pesos para la edificación de las nuevas instalaciones y, con recursos propios, el ejecutivo estatal destinó 50 millones de pesos más para la adquisición de los terrenos.
Apenas el 11 de junio pasado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en reunión de trabajo con la Comisión Ciudadana para la Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván integrada por 21 asociaciones civiles que representan cinco sectores, que son el académico, empresarial, colegios de profesionistas, asociaciones civiles y transparencia, así como con 5 diputados locales, porque el resto de los 25 no asistió, insistió en tomar una decisión sobre el destino de los terrenos de la ex Zona Militar”, insistencia que debería tomarse muy en cuenta antes de que la telaraña se haga más grande en beneficio de quienes pretenden sacar raja política.
Se dice que…
*La representante del gobierno federal en Colima, Indira Vizcaíno Silva, se pronunció a favor de realizar una consulta pública con la finalidad de determinar qué proyecto se llevará a cabo en los terrenos de la ex Zona Militar, ubicados en la avenida Calzada Galván del municipio de Colima, lo que no dijo es si con su declaración desestima a la Comisión de Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván, con todo y sus cinco fases con las que pretende determinar el destino de los terrenos de las ex instalaciones militares.
*Como no fue chicle y pegó cuando la representante del gobierno federal en Colima Indira Vizcaíno Silva sugirió al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que en la ex zona militar podrían trasladarse las oficinas administrativas del ISSSTE con sede en la Ciudad de México, que decidió meterle ruido al asunto proponiendo una consulta ciudadana con la finalidad de determinar qué proyecto es el mejor para la tan codiciada ex Zona Militar.