Por: Ángel Durán
En el marco democrático de nuestro país, el derecho al voto es tanto un privilegio individual como un deber cívico consagrado en la Constitución. Cada proceso electoral se nos presenta una oportunidad para participar en la fiesta de la democracia, donde teóricamente debemos involucrarnos activamente para elegir a quienes, creemos, representarán adecuadamente nuestros intereses tanto en el ámbito personal como en el colectivo.
Históricamente, se nos ha inculcado la idea de que estamos obligados a contribuir al edificio de una nación democrática, en la que los individuos electos, considerados los mejores entre nosotros, desempeñarán sus funciones públicas en beneficio de todos.
Nos han vendido la noción de que estos representantes elegidos realizarán lo que más conviene a cada individuo y al colectivo. Sin embargo, esta idea se ha revelado como una quimera, una falacia distante de la realidad que vivimos tras cada elección.
A pesar de las promesas electorales, la desilusión invade a la mayoría de los votantes poco después de los comicios. Observamos cómo aquellos en quienes depositamos nuestra confianza y nuestro voto se distanciaron rápidamente de los intereses tanto particulares como colectivos, alineándose más con su partido político y buscando su autoprotección, olvidando los objetivos generales que les fueron confiados.
Este patrón de comportamiento, mal visto por la sociedad, está íntimamente ligado a cómo el sistema político actual ejecuta sus actividades. La realidad demuestra que se ha tolerado un nivel de competencia y trabajo que permite discursos demagógicos, destinados a conseguir adeptos que lleven a estos políticos al poder, solo para luego ser olvidados.
Frente a esta realidad, surge la necesidad de replantear nuestro enfoque hacia el voto. No basta con considerarlo meramente como un derecho individual; es imperativo empezar a verlo como un voto de interés colectivo. Esto significa educar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de votar no solo por intereses personales o por afinidad hacia un candidato en particular, sino por proyectos políticos que tengan el potencial de beneficiar a la sociedad en su conjunto.
La transición hacia este enfoque más colectivo requiere un cambio profundo en nuestra cultura política. Necesitamos promover una mayor responsabilidad tanto de los votantes como de los candidatos, donde los primeros exijan y los segundos se comprometan con propuestas que atiendan a las necesidades generales de la comunidad, más allá de las promesas vacías y los intereses partidistas.
Este cambio también implica una reforma en el sistema electoral y político que incentive la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva. Solo así podremos aspirar a que el voto individual se transforme en un verdadero voto de interés colectivo, donde los elegidos realmente representen y trabajen por el bienestar común.
Es momento de que, como sociedad, exijamos más de nuestros representantes y del sistema que los pone en el poder. La construcción de un país verdaderamente democrático depende de nuestra capacidad para hacer del voto no sólo un derecho, sino un ejercicio de responsabilidad colectiva. El poder del voto debe ser visto como una herramienta para lograr cambios sustanciales que reflejen las aspiraciones y necesidades de todos los ciudadanos.
La evolución del voto de lo individual a lo colectivo es una tarea pendiente para todos los actores de la sociedad. La democratización de nuestras decisiones electorales, orientadas hacia el bien común, es el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Es hora de dejar atrás las quimeras y trabajar unidos por un futuro donde el voto individual se convierta en un pilar para el fortalecimiento de nuestro tejido social.
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